Joel Stalin Gómez de Dios
Expediente 2343/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Joel Stalin Gómez de Dios
Actuaciones
- Principal
-MESA IV. SE TIENE AL QUEJOSO DESAHOGANDO LA PREVENCIÓN. SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
IV.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese en autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Joel Stalin Gómez de Dios, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de catorce de noviembre del año en curso, manifestando, bajo protesta de decir verdad, el acto que reclama en la presente vía es: la omisión de baja su registro como empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, téngase por desahogado el requerimiento de referencia. DESECHAMIENTO En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 1003758, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." ACTOS RECLAMADOS En este orden de ideas, de inicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: - La omisión de baja su registro como empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. POSTURA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en correlación con los diversos artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley en cita, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Juicio de amparo 2343/2023-IV. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De conformidad con los preceptos legales reproducidos se colige que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídica. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las consideraciones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Juicio de amparo 2343/2023-IV. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En este aspecto, se cita la tesis 2ª XXXVI/99, de la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." De las anteriores consideraciones, se itera, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de baja su registro como empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual no es propio de actos de autoridad sino, en dado caso, de un acto derivado precisamente de la relación laboral que tuvo como empleado de tal dependencia. Por lo tanto, no es acertado que dicho acto reclamado, involucre una relación de supra a subordinación con un particular; es decir, en el que esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, sino como su contenido lo denota, alude a un acto derivado de su relación laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es así, en razón de que conforme a las notas distintivas de un acto autoritario, expuestas líneas arriba, se tiene que los entes a quienes se señaló como autoridades responsables no tienen entablada con el quejoso una relación de supra a subordinación. Se dice lo anterior, pues la quejosa manifestó haber sido empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significa la existencia de una relación de coordinación, es decir, de una relación en la que se reunió el consenso de voluntades para configurar un vínculo jurídico de trabajo, en el que una de las partes figura como patronal, y la otra como trabajador. Así las cosas, que con motivo de esa relación laboral la dependencia patronal emita actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos, verbales o por escrito- a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, no significa necesariamente un acto de autoridad si la relación que subyace es de coordinación y no de supra a subordinación, pues de lo contrario todo acto unilateral emitido por un patrón derivado de la relación laboral existente con sus trabajadores, sería acto de autoridad, cuando no es así. Tampoco se trata que todo conflicto obrero patronal sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Juicio de amparo 2343/2023-IV. que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. Ello, derivado de que en tales conflictos patronales queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal. No pasa inadvertido para este Juzgado que la subordinación es una sujeción a la orden, mando o dominio de alguien, en efecto, en una relación laboral, el trabajador se encuentra subordinado al patrón -artículo 8, párrafo primero, y 20, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo- quien le puede exigir el cumplimiento de la actividad, servicio o prestación del trabajo sobre el cual pactaron el contrato laboral. Sin embargo, esa subordinación no tiene su nacimiento en una ley sino del acuerdo de voluntades de las partes -patrón y trabajador- además, tampoco surge para el beneficio del orden público y del interés social, de ahí que no sea una relación de supra a subordinación sino sólo una relación de coordinación con una subordinación del trabajador para con el patrón para realizar la actividad, servicio o prestación del trabajo sobre el cual pactaron el contrato laboral. De forma que cualquier controversia que surja en torno a ese vínculo de trabajo -a excepción de los procedimientos sancionadores administrativos- ha de ser sometido a la jurisdicción de los tribunales laborales competentes, quienes tendrán la facultad de analizarlas no sólo de su aspecto de legalidad sino además la constitucionalidad y convencionalidad. Apoya lo anterior, por su sentido y alcance, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro: 373563, de rubro: "ESTADO PATRONO, NO PROCEDE EN CALIDAD DE AUTORIDAD." Asimismo, la tesis XV.50.3 K (10ª.), instada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." De igual modo, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES." Además, sirve de sustento jurídico a la anterior conclusión, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTIAS." Sin que pase inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2001071, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; la cual, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del país declaró procedente, pero infundada dicha solicitud y aclaró el rubro de esta tesis de jurisprudencia para quedar en los términos precisados en la publicación de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 829, registro 2011888, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Juicio de amparo 2343/2023-IV. PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Criterio respecto del cual, con posterioridad, definió el tema, en los términos plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, página 532, registro 2016656, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA". Como es palmario, primeramente la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país precisó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; luego, especificó que ello se actualiza cuando se impugna el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica; para posteriormente definir que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía. Sin embargo, en los dos primeros criterios de referencia no vedó la posibilidad de realizar ese análisis respecto de diversas autoridades responsables pertenecientes al Estado; tan es así que, en la jurisprudencia temática 671, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 - Adjetivo, página 657, Novena Época, registro 1009466, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD", se definió que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al comparecer al juicio laboral como patrón, queda desprovisto del carácter de autoridad. Por tanto, toda vez que es un criterio reiterado que los órganos del Estado que acuden al juicio de amparo, en su carácter de patrón, lo hacen desde una relación de coordinación, mas no de supra a subordinación; entonces, válidamente se considera como insuperable la causal de improcedencia que se invoca, pues ya sea en este momento o al dictarse la sentencia, se actualizaría tal motivo de desechamiento o sobreseimiento, según sea el caso, sin que la parte quejosa esté en aptitud de ofrecer medios de prueba que demuestren lo contrario. Orienta esta consideración, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con registro digital 2021644, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO." CONCLUSIÓN En consecuencia, toda vez que el acto reclamado se le atribuye a entidades que no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en correlación con los diversos artículos 1o. y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.
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-MESA IV. PREVENCION.
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