Joel Sosa Cervantes

Expediente 415/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
415/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Joel Sosa Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 415/2022-V. Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 415/2022-V. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por los quejosos Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: .". Tales actos derivan de un proceso penal dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Asimismo, la parte quejosa señaló los siguientes antecedentes: ".Con fecha veintitrés de enero de los dos mil veintiunos, ." De lo anterior, se desprende que no se ha celebrado la audiencia de aprobación de acuerdo reparatorio debido alguna inasistencia de una de las partes; y la última porque el indiciado no cuenta con un representante. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control, respecto de solicitudes presentadas por alguna de las partes, como sigue: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó al juez responsable el nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual revocó el nombramiento de los defensores que lo asistían y designó a uno nuevo, para quien solicitó se señalara día y hora en la cual pudiera comparecer a aceptar ese cargo (el nuevo defensor), Petición que reiteró el quejoso, en un segundo escrito con similar contenido, el cual manifestó en sus antecedentes haber presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Sobre todo porque el mencionado recurso de queja, está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica los quejosos por tener el carácter de víctimas, y pueden hacerlo valer contra el juez responsable porque no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, los quejosos estaban en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante el juez de control que señaló como responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda las solicitudes de similar contenido, para que se celebrara la audiencia de aprobación del acuerdo reparatorio. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque los quejosos decidieron promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvieron la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la jueza de control responsable, para que esta celebre la audiencia de aprobación del acuerdo reparatorio. Dicho de otro modo, promovieron este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tienen a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ." Sólo resta decir que la desatención de los quejosos, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta a los mencionados escritos, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquellos deben agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la parte quejosa, porque el acto que pretende reclamar actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquél, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario + Así, queda descartado el inmueble señalado por la parte quejosa como domicilio procesal, dado que al haber optado por la notificación electrónica, sólo puede considerarse esta vía de notificación (la electrónica). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombre Oscar Sánchez Terrones y Gilberto Vladimir Montalvo González porque la parte quejosa les otorgó facultades amplias y tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las restantes personas nombradas por la parte quejosa, porque no les otorgó facultades amplias. Comunicación con el quejoso. Notifíquese electrónicamente.

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