JOEL SONQUI CORRAL y Otros.

Expediente 5424/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
5424/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • JOEL SONQUI CORRAL y Otros.
  • Joel Sonqui Corral
  • Maria Felix Navarrete Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 3294/2015..... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ......, respecto de los actos y autoridades a que se refiere el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia de la Unión a la parte quejosa .......,respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa ......, respecto de los actos reclamados de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria consistente la emisión del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2015. Asimismo, respecto de los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en términos del considerando octavo de esta sentencia. Al efecto, se deberá cumplir con los efectos precisados en el considerando noveno. CUARTO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos décimo y décimo primero. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Promoción. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al cual acompaña el expediente del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 1726/2020. Sin que sea necesario acusar recibo, al haberlo así solicitado la autoridad oficiante. Ahora bien, del testimonio que se remite se desprende que el referido Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por *******, en términos del considerando tercero de esta sentencia. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo por cuanto hace a los quejosos *****; y respecto del artículo 3, párrafo segundo y tercero, fracción VI, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en los términos de los considerandos cuarto y octavo de esta ejecutoria. CUARTO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, en términos de esta ejecutoria. QUINTO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." Háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento. En atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que, se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda De conformidad con el artículo 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguense las constancias antes relacionadas, asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en mención. Visto lo anterior, y de conformidad a lo resuelto por la superioridad en el considerando Décimo, punto 143., en el que determinó modificar los efectos de la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal precisados por el juez de distrito, para quedar en los siguientes términos: " Se deje insubsistente el acto de aplicación consistente en la disminución de las prestaciones de la parte quejosa, consecuentemente, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, deberá restituirles las cantidades que les fueron disminuidas respecto de las remuneraciones refrigerios o vales; ayuda dental; impresión de tesis; comidas; canastilla por nacimiento de hijos; ayuda para guardería; beca para estudios; uniformes; gratificación bimestral; compensación por adscripción; compensación por capacitación y desarrollo (solo para los de nivel 12); premio de puntualidad; ayuda económica por fallecimiento de familiar; licencia matrimonial; días económicos; licencia por examen profesional: licencias por fallecimiento de familiar; y ayuda deportivos, para el personal operativo de confianza, que percibían con motivo del ejercicio de sus funciones, por todo el tiempo que duró tal aplicación. Para dar cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables ejecutoras deben considerar los mismos parámetros salariales que se establecieron para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho." Requerimiento de cumplimiento. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Directora de Administración de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados y remita copia de las constancias que acrediten su actuación. Asimismo, se hace del conocimiento de dicha autoridad que en caso de no hacerlo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; se requiere al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste impedimento legal alguno, asimismo de no ser el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, informe a quien sí lo es. Apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de hasta cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia, tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización de ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, dada la voluminosidad de los autos se ordena el cierre del Tomo I constante de novecientas ochenta y nueve fojas (989) y el desglose a partir de la página novecientos noventa (990), para formar el Tomo II. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    C iudad de México; treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Atento a lo anterior y visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual adjuntó el expediente original y sus cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 2599/2018 de su índice, derivado de la demanda promovida por ******************, por su propio derecho. Acuse recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo y se reconoce la validez de lo actuado por el juez oficiante, provéase lo conducente respecto de la admisión de la demanda de amparo y sus ampliaciones. Fundamento: Artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Hágase del conocimiento de éste y solicítese atentamente al Juzgado Segundo en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que, de no existir inconveniente legal alguno, remita a este órgano jurisdiccional toda constancia y/o promoción relacionada con este asunto incluyendo las que con posterioridad reciba. Asimismo, se solicita remita las documentales que fueron adjuntadas al escrito de demanda, respecto de los cuales, en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, ordenó su resguardo en la caja de valores de dicho juzgado. Fundamento: Artículos 17, 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 3 de la Ley de Amparo y 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, párrafo segundo. Envío de promociones. También, infórmese al oficiante que este Juzgado de Distrito posee dos cuentas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), una como órgano exclusivamente de dictado de sentencia; y otra como juzgado ordinario de trámite; por lo anterior, se muestra el procedimiento para el envío de promociones electrónicas, que de forma muy atenta y respetuosa, se hace de su conocimiento: En la pestaña Expediente/ Envío de documentos a órganos: 1. Se encuentra la selección de filtros, en el aparecen tres opciones: - Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito - Poder Judicial de la Federación (Órganos Auxiliares) - Centros de Justicia Penal Federal Seleccionar el primero: Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, a fin de que sus promociones recaigan a la cuenta que este juzgado tiene como órgano de trámite. Si se utiliza la segunda opción [órganos auxiliares] su atenta promoción recaerá a la otra cuenta de sólo dictado de sentencia a la que se hizo mención, lo que ocasiona que ese filtro remita sus promociones a expedientes homonuméricos, pero que no corresponden con los que este juzgado lleva como de trámite. 2. Seleccionar entidad federativa: Ciudad de México. 3. Seleccionar tipo de órgano: Juzgado de Distrito. 4. Seleccionar materia: En la lista que se despliega, aparece la materia: Auxiliares, escoger esta opción. 5. Seleccionar órgano: Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. 6. Seleccionar tipo de asunto: Amparo indirecto. Lo anterior con la finalidad de que las promociones que envíen los remitentes recaigan en su caso al expediente electrónico que se referencia en la cuenta del S.I.S.E. que este juzgado tiene como Juzgado Ordinario y se les pueda dar el trámite expedito en beneficio de los justiciables. Desechamiento Previo al análisis de la admisión, se debe de analizar en primer término, debe señalarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe examinarse ante todo el escrito de demanda y si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano; motivos que se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en el numeral 61 del cuerpo normativo invocado; consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Lo anterior, se hace con la finalidad a proteger los principios rectores del juicio de amparo, y para que con se esté en posibilidad de hacer una efectiva tutela de los derechos humanos. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, los actos que a continuación se transcriben: Del Congreso de la Unión, integrado por sus dos Cámaras, la discusión, aprobación, expedición y órdenes de publicación (atribuido a la cámara de origen) del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, con el capítulo V Bis del título décimo "Delitos cometidos por servidores públicos", y con los artículos 217 Bis y 217 ter, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, en vigor a partir del día siguiente. -Artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos)- El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados en la demanda antes precisada, porque cesaron los efectos de las citadas disposiciones normativas. Al respecto, en primer término se precisa que el decreto impugnado inicialmente, fue modificado el doce de abril de dos mil diecinueve, data en la que se publicó el diverso Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no obstante mantuvo, la vigencia del decreto impugnado en primer término en este sumario. Sin embargo mediante nuevo Decreto: Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a partir de su entrada en vigor se destruyeron de forma total e incondicional los efectos que pudieran haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos y no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos del quejoso. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión del quejoso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." II. Normas autoaplicativas El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: a) Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. b) La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. c) No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada [o como ocurre en la especie abrogada] y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a que el reclamo se hizo con motivo de su sola entrada en vigor. En ese orden, es adecuado establecer que, el término abrogar que deriva del latín "abrogatio", implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley. En efecto, la abrogación puede ser expresa o tácita; es expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento; es tácita, cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior. En cambio la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen. En nuestro sistema mexicano normalmente el procedimiento que se sigue al abrogarse un ordenamiento jurídico es declarar la abrogación del mismo y además, derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento; tal y como se advierte del DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en sus transitorios tercero y cuarto que son del tenor siguiente: "(.) Tercero. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. Cuarto. Se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. (.)" En efecto, los artículos impugnados, no establecieron prohibiciones a la parte quejosa durante su vigencia, sino que, por su naturaleza, son normas declarativas que configuraron el sistema regulatorio de las remuneraciones de los servidores públicos federales y crearon las competencias de las autoridades correspondientes para el despliegue de sus funciones. En otras palabras, no dispusieron prohibiciones ni obligaciones que, ante una eventual concesión de amparo, pudieran quedar sin efectos, dado que el reclamo del decreto se hizo con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En esa línea argumentativa, los preceptos legales y sus porciones normativas referidas están comprendidas en el supuesto de cesación de efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dichos dispositivos no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica de la justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio de la gobernada por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Para dilucidar tal cuestión, es necesario imponerse de las constancias que obran en el expediente, de acuerdo con las reglas en materia probatoria contenidas en los artículos 129, 130, 200, 202, 203 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En términos de tales preceptos legales, se reconoce a las documentales glosadas en autos valor probatorio pleno. La evidencia probatoria permite concluir que no está acreditado que los preceptos legales cuestionados en el juicio de amparo, como normas autoaplicativas vigentes durante el periodo comprendido del seis de noviembre de dos mil dieciocho al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, hubiesen producido consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicados a la parte quejosa derivado del incumplimiento de las obligaciones y/o prohibiciones que establecieron durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos. El quejoso es servidor público del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupa el cargo de Oficial administrativo, lo cual se acreditó con las documentales que en obran agregadas en autos, y, por ende, susceptibles de ser valoradas como prueba plena. Sin embargo, con ninguna de las pruebas aportadas al juicio, demostró que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio. En tales condiciones, si durante la vigencia de la Ley reclamada, no se materializó en la esfera jurídica del quejoso la aplicación de alguna de sus fracciones normativas y dicha ley fue abrogada al partir del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no podrán ya aplicarse alguna de dichas porciones en su perjuicio, por lo que carecería de efectos prácticos emprender el análisis de constitucionalidad de normas que en su oportunidad no fueron aplicadas y en el futuro resultarán inaplicables. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa. La suspensión dictada por el Ministro Pérez Dayán, se otorgó en los términos y para los efectos siguientes: "[.] con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve [.]" Son aplicables las jurisprudencias P./J. 51/97 y 2ª./J. 72/2005, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917- 1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189)." "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO." Sobreseimiento que procede respecto de los artículos que señalan en su demanda del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no los reclamó de manera aislada sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, por lo que, dada su estrecha relación, su estudio, en vía de amparo, no puede desvincularse. En razón de ello, dada la forma en que fue planteada la demanda, la improcedencia del juicio por cesación de efectos también acarrea la improcedencia del juicio respecto de todos y cada uno de los artículos que impugnan del decreto reclamado, puesto que una eventual concesión de amparo carecería de efectos prácticos debido a que fue modificado sustancialmente el sistema normativo de remuneraciones para los servidores públicos federales, a través del nuevo proceso deliberativo que dio lugar a la reforma publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en el que se abrogó el decreto impugnado, mismo que como está acreditado no fue aplicado en alguna de sus porciones normativas al peticionario de amparo. Por todo lo anterior, el juicio es improcedente por la causa de cesación de efectos del decreto impugnado. 2. Artículo 61, fracción VIII, última parte, de la Ley de Amparo (en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) Aunado a la improcedencia del juicio por la cesación de los efectos de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, también se actualiza la diversa contenida en la última parte de la fracción VIII del artículo 61 de la ley de la materia, sobre dichos preceptos legales. Lo anterior es así, habida cuenta que la declaratoria de invalidez decretada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, en relación con los artículos señalados en el párrafo anterior, es vinculante para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no procede someterlos a un nuevo examen constitucional en vía de amparo. En tales circunstancias, ha lugar a decretar el sobreseimiento sobre el particular. 3. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia) Además de las razones apuntadas, es preciso señalar que, aun y cuando no se reclaman de manera aislada los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, se hará pronunciamiento específico en relación con la naturaleza jurídica de esos dispositivos, porque se considera que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, su naturaleza no es autoaplicativa, puesto que requieren de un acto concreto de aplicación para que su reclamo sea procedente en vía de amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo: a. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; b. Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y, c. Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso interesa el supuesto descrito en el inciso c), por lo que se procede a su estudio. Para explicar esta causal de improcedencia, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos constitucionales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." En esa tesitura, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Lo anterior se corrobora en las tesis jurisprudenciales y aisladas 2ª./J. 36/2008 (9ª), 2ª./J. 153/2007 (9ª), 2a./J. 128/2002 (9ª), 2ª. XCII/2002 (9ª) y s/n (7ª) (registro 232151), de rubros: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY." Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª) (registro 200276), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO." Cabe señalar que, el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Informa lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 77/97 (9ª) (registro 196954) y 2a./J. 76/97 (9ª) (registro 196955), de rubros: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Asimismo, la tesis aislada 2a. XVI/94 (9ª) (registro 206323) y la tesis s/n (registro 232029), cuyos rubros son: "ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE." Establecido lo anterior, se debe retomar que la parte quejosa reclamó los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que prescriben el tipo penal para el delito de remuneración ilícita y las penas correspondientes. Al respecto, es necesario destacar que las normas penales que tipifican conductas ilícitas, cuando contienen obligaciones de hacer o no hacer, están condicionadas a la realización de la conducta contemplada en la misma, la cual, una vez consumada, da base a la aplicación de la sanción respectiva. En ese sentido, si las normas reclamadas definen y sancionan el delito de remuneración ilícita de los servidores públicos, es posible concluir que su sola vigencia no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. Lo anterior se considera así, en tanto que dichas normas establecen presupuestos conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, y las obligaciones de éstos tampoco nacen o surgen desde su entrada en vigor, con independencia de que con posterioridad se realice un acto. En otras palabras, el legislador no creó en los citados numerales, ex profeso, infracciones administrativas o penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona, sino que se emitió el supuesto jurídico cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, sino en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético. Por tanto, si en el caso concreto, la parte quejosa combate los preceptos reclamados como 'autoaplicativos' y de sus propias manifestaciones se desprende que no existía un acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, ni durante su tramitación o bien, durante el tiempo en que estuvo vigente la norma reclamada, se estima que el juicio de amparo es improcedente respecto a dichos artículos. Lo anterior, debido a que las leyes penales únicamente sancionan conductas mediante actos concretos de aplicación, por lo cual, es innecesario realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dado que es notoria su naturaleza heteroaplicativa y no hubo aplicación. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 162/2015 (10a.) y P./J. 72/2009, de rubros: "CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL." "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA." En ese sentido, atento las diversas causales de improcedencia que se actualizan es por lo que, se desecha respecto de los actos reclamados de conformidad con el artículo 63 fracción V en relación con el diverso 61 fracción VIII, XII y XXI de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ************** mismo que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal; gírese atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC, EN TURNO, POR CONDUCTO DE SU OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN; a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, realice lo siguiente: a. Se sirva notificar el presente acuerdo a la parte quejosa; y, b. Con libertad de jurisdicción la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, en el momento de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la notificación del presente proveído; o en su caso, manifieste expresamente si desea que las notificaciones que se ordenen en este expediente sean practicadas vía electrónica, para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario correspondiente registrado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. c. Al momento de la diligencia de notificación, el Actuario adscrito al Juzgado exhortado, precise al interesado que podrá transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, hágasele saber que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: antonio.rodríguez.hernandez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 27, fracción I, de la ley de la materia, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, solicítese atentamente al Juez exhortado, que de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en autos, en el local que ocupa el Juzgado a su digno cargo, lo haga saber inmediatamente a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, desde luego, sin demérito de lo valioso de sus actuaciones que en auxilio de este Juzgado Federal lleve a cabo, pues también es verdad que sólo obedece a la finalidad de agilizar el trámite del presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 27, fracción II, y 21 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado mediante el similar 34/2020. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Hágase del conocimiento de las partes que queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas mediante cualquier medio electrónico dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante. Salvo documentos reservados o confidenciales. Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx Oposición de publicación de datos personales. Se tiene por manifiesta la oposición de la parte quejosa, en el sentido de que, en el presente asunto, sean publicados sus datos personales; lo anterior, en relación con los artículos 113, fracción II, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Invitación al trámite del juicio en línea. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que pueden transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: antonio.rodríguez.hernandez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Incidente de suspensión. Finalmente, del estado de autos se aprecia que el juzgado de origen tramitó los cuadernos relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con copia del presente auto provéase lo conducente en dichos cuadernos incidentales. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Ciudad de México; treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y en atención a que el expediente principal de donde emana esta incidencia ha sido radicado en este juzgado federal y aquí continuará su prosecución, se declara la validez de todo lo actuado en el presente cuaderno incidental. Ahora bien, del estado de autos se aprecia que en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, el juzgado de origen proveyó respecto de la suspensión provisional en el presente asunto; asimismo, solicito a las autoridades responsables rindieran su informe previo, dichos informes fueron recibidos y reservados mediante proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve. En ese sentido, se levanta la reserva decretada y se ordena agregar dichos informes para que obren como correspondan sin mayor proveído, en virtud de que en el cuaderno principal se determinó el desechamiento de la demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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