Joel Santiago Aparicio
Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Joel Santiago Aparicio
- Congreso de la Unión, integrada por la Cámara de Diputados
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida vía electrónica por ********************, contra actos del Congreso de la Unión, y otras autoridades. En consecuencia, regístrese bajo el número 396/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Precisión previa. En el caso concreto, la parte quejosa, reclama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, la aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés. Análisis de la demanda de amparo. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Ahora bien, bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, que establecen lo siguiente: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. (.)" "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. (.)" En el caso concreto, la parte quejosa, reclama del Congreso de la Unión y otras autoridades, la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sobre el tema, se destaca que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de lo anterior, en la actualidad, la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Ahora, para tener presente lo que ha de entenderse por resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, para efectos de la causa de improcedencia invocada, se trae a cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.LX/2008, interpretó el entonces artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada que establecía la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral de la forma siguiente: Que la improcedencia del juicio de amparo no surge solo porque la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, el acto o resolución provengan de una autoridad formalmente electoral, ni de lo argumentado en los conceptos de violación, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución Que para que se actualice el supuesto mencionado, es necesario que el contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos casos estarán sujetos a las acciones de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o a los medios de impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que la materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). Que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. Que con independencia del contenido material sobre el que versen, se sigue que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos. Que el juicio de amparo excepcionalmente procede contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión y, por tanto, no implique el análisis de los temas electorales, los involucre o pueda influir en ellos. Las consideraciones que preceden derivan de la tesis P. LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168997, publicada en la página cinco del tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil ocho, Novena Época de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Ahora, con relación a las causas de improcedencia que se analizan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, con registro 162431, localizable en la página trescientos veintitrés del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil once, Novena Época, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal". En tales criterios el máximo tribunal estableció que la causa que se invoca no se actualiza por el solo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De tal suerte que nuestro máximo tribunal estableció que para la actualización de la causa de improcedencia sujeta a estudio, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad (si se trata de normas generales), o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente (en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral). Por ello, concluyó que acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; por ello, estableció que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos. En esa tesitura, la Suprema Corte estableció que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o bien, que un acto o resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que resulta necesario que los actos controvertidos atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido se vincule con procesos electorales o con el ejercicio de los derechos político-electorales, ya que como se destacó con antelación, el juicio de amparo procederá excepcionalmente contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra actos o resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión. En la especie lo que se propone como objeto de la litis constitucional es la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés; porque, es posible, desde ahora, establecer que está vinculado con la materia electoral, esencialmente en lo que respecta a la integración de autoridades electorales. En las relatadas consideraciones es dable concluir que el sistema de control constitucional en materia electoral se integra por dos tipos o clases de acción: a) de carácter abstracto, conferido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene la facultad de declarar con efectos generales la invalidez de una norma contraria a la Constitución federal y b) un control concreto conferido a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual únicamente puede ejercerse por conducto de un acto o resolución de una autoridad electoral y podrá determinar la no aplicación de leyes que sean contrarias al marco fundamental, sin que sus efectos puedan extenderse más allá del caso particular o en el caso normas autoaplicativas mediante el control difuso. Lo anterior significa que las salas del Tribunal Electoral tienen conferido un "control por disposición constitucional específica", que significa que pueden válidamente ejercer, entre otros aspectos, un control concreto de las leyes que regulan los derechos políticos y electorales, mediante el cual puede decretar su inaplicabilidad al caso concreto, para promover, respetar, proteger y garantizar, entre otros, los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, así como los principios rectores en la materia electoral. La diferencia entre ambos sistemas radica en que, mientras en las acciones de inconstitucionalidad se analiza el contenido de la norma en abstracto, en los juicios y recursos electorales se requiere forzosamente la aplicación de la ley a una situación particular o de la existencia de una norma autoaplicativa que genere agravio a un derecho político-electoral. En ese sentido, se insiste, lo que ahora pretende reclamar el quejoso, se relaciona específicamente con la integración del órgano electoral que constitucionalmente tiene encomendada la función de organizar los procesos electorales, a nivel federal y, es esa medida, se enmarca en la materia electoral que tiene una jurisdicción especializada a la que corresponde conocer de tales actos. Y en todo caso, corresponde a esa jurisdicción determinar si el Decreto de reforma aquí impugnado causa, desde su sola publicación y entrada en vigor, algún perjuicio a la esfera de derechos del quejoso. Lo anterior, se ve robustecido, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto temas relacionados con los actos aquí reclamados, en los juicios electorales ********************y ********************acumulados. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 99 y 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta juzgadora determina DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA PRETENDIDA. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizado. Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el proemio de su demanda, por así solicitarlo expresamente. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario joel.santos; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. En consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éste para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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