Joel Sandoval Morales

Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Joel Sandoval Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se hace constar que fueron declarados inhábiles los días del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, asimismo, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Instructor y el Secretario de Acuerdos adscritos a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio 10847/2023, rinde informe justificado y remite documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos el informe justificado solicitado a la citada autoridad responsable, y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. De igual manera, ténganse por recibidas en este acto las documentales allegadas por la autoridad responsable, conforme al artículo 119, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. Por otra parte, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del referido informe justificado, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se fijan las once horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por similitud jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por J*********************, contra actos del Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 604/2023-4A; sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, al correo electrónico, 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia, de que queda apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas del trece de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5º, fracciones III, incisos b) y IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, y como tercero interesado para los efectos de este asunto al Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa. En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese al citado tercero, debiendo anexarle copia de la demanda de amparo. Asimismo, acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Además, en cuanto a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se autorice al usuario que cita para la consulta del expediente electrónico; dígasele que con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ''*******************'', por tener su firma Fiel registrada en el sistema respectivo; además, como se solicita, proceda la actuaria de la adscripción a notificarle vía electrónica las notificaciones que les revista el carácter de personal, a través de dicho usuario. Por otra parte, se tiene como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Eliever Alí Moreno Sauceda; y únicamente para oírlas y recibirlas a Verónica Micaela Sauceda Chacón y a Jesús Eliud Moreno Sauceda, por así haberlo solicitado. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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