Joel Salvador Suárez

Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Joel Salvador Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de quince de junio de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Joel Salvador Suárez, para los efectos siguientes: "Acuerde de inmediato el escrito de diez de julio de dos mil veinte por el cual el apoderado legal del actor -aquí quejoso- solicitó se señalase nueva fecha y hora para la celebración de la diligencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral 2130/2017 de su índice". El quince de junio de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia de mérito; sin que hubiese necesidad de requerir a la autoridad responsable, toda vez que en auto de siete del citado mes y año, se reservó acordar lo procedente. Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la responsable, se observa que acató tales efectos, pues realizó lo siguiente:  Mediante oficio 506/2021-IBG, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la controversia laboral de origen. Ahora, de tales constancias remitidas por la responsable, se advierte que por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la controversia laboral 2130/2017, acordó el escrito de quince de junio de dos mil veinte, suscrito por el Apoderado Legal de la parte quejosa, recepcionado por la Junta responsable el diez de julio siguiente, a través del cual solicitó regularizara el procedimiento y señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia confesional ofrecida por la demandada Comisión Federal de Electricidad, a cargo del actor; por lo que es evidente que, al momento del dictado de la sentencia inherente al presente juicio de amparo -veintiséis de mayo de dos mil veintiuno-, los efectos del acto reclamado no existían. De lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que su interés conviniese, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA SIN MATERIA la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA 8. VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Joel Salvador Suárez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que por auto de siete del presente mes y año, se reservó acordar el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual remitió copia certificada del auto de veinticuatro de mayo del presente año, en el que señala hora y fecha para la celebración de la diligencia de desahogo de la prueba confesional en el expediente laboral 2130/2017, de su índice, hasta que causara ejecutoria la sentencia emitida dentro del presente asunto; en consecuencia, dése vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, se resolverá lo que corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veinticuatro de mayo del presente año, dictado en el expediente laboral 2130/2017, de su índice. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el veintiséis de mayo del año en curso, fue dictada la sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Joel Salvador Suárez, por lo que se encuentra transcurriendo el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente. Por lo anterior, resérvese proveer al respecto, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA 8 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 391/2021-8, promovido por Joel Salvador Suárez. A continuación, el Secretario certifica: que en cumplimiento al proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 11472/2021 se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, quien recibió el tres de mayo siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos [Foja 18]; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindiera su informe respectivo. RLACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las rendidas por la parte quejosa consistentes en: 1. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. 2. Acuse de recibo original del escrito del apoderado del quejoso, presentado el diez de julio de dos mil veinte ante la Junta responsable.[Foja 9] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 391/2021-8, promovido por Joel Salvador Suárez contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Joel Salvador Suárez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO LA INACTIVIDAD PROCESAL DEBIDO A LA OMISION DE DICTAR ACUERDO CORRESPONDIENTE RESPECTO A SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA CONFESIONAL OFRECIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A CARGO DEL ACTOR (HOY QUEJOSO), ASI COMO LA OMISION DE ACORDAR EL ESCRITO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 RECEPCIONADO POR LA RESPONSABLE EN LA FECHA 10 DE JULIO DE 2020 DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 2130/2017 sic AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 391/2021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; dada la naturaleza omisiva del acto que se reclama, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; no se tramitó incidente de suspensión, dado que no se actualizó supuesto alguno previsto en el artículo 125 de la ley de la materia; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPAR. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco de proveer el escrito presentado por el apoderado del impetrante el diez de julio de dos mil veinte en el que se solicitó nueva fecha y hora para el desahogo de la diligencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral 2130/2017 de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le fue reclamado a la Junta responsable, dado que omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue requerida mediante oficio 11472/2021, el cual recibió el tres de mayo de dos mil veintiuno [Foja 18]. Al respecto es de tomar en cuenta las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.1o.P.35 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal. Presunción que se corrobora con el acuse de recibo del escrito presentado por el apoderado del impetrante ante la citada responsable el diez de julio de dos mil veinte, el cual presenta impresión del sello original y la firma autógrafa. Fojas 9 En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión Junta responsable de acordar el escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte por el cual el actor -aquí quejoso-, solicitó que se señalase nueva fecha y hora para la celebración de la diligencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral 2130/2017 de su índice. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Este juzgador considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; instituye que los principios del procedimiento del trabajo serán la inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez. Ahora bien, estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en el ordinal 838 del mismo ordenamiento, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como se puede advertir, es obligación de la autoridad laboral proveer dentro de las CUARENTA y OCHO horas siguientes a su recepción los escritos que reciba En el caso, se observa que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintitrés de abril de dos mil veintiuno-, la Junta responsable en cuestión no se ha pronunciado respecto al escrito presentado por el apoderado del aquí quejoso el diez de julio de dos mil veinte; incumpliendo con ello lo dispuesto en los numerales 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se ha incumplido por parte de la autoridad responsable, pues, además de omitir rendir informe justificado, tampoco remitió las constancias que integran el expediente laboral en cuestión, a efecto de desvirtuar lo aducido por el quejoso. Consecuentemente, de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito -diez de julio de dos mil veinte- ante la responsable solicitando fecha y hora para que tuviere verificativo la diligencia para el desahogo de la prueba confesional en mención a la que se presentó la demanda de amparo -veintitrés de abril de dos mil veintiuno-, ha transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas siguientes para que la autoridad responsable provea lo conducente a la petición formulada, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita. . Aunado a lo expuesto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el presente asunto, el legislador a través de los numerales antes citados, estableció los plazos para que la Junta responsable señale y desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del expediente laboral. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo anterior, se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. Por lo que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la responsable tuvo el tiempo suficiente para proveer lo conducente sobre la solicitud planteada mediante el escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte; esto es, más de diez meses; por tanto, el plazo transcurrido de ninguna forma puede considerarse razonable. De ahí que se concluya que la omisión y dilación aludida vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita, consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: Acuerde de inmediato el escrito de diez de julio de dos mil veinte por el cual el apoderado legal del actor -aquí quejoso- solicitó se señalase nueva fecha y hora para la celebración de la diligencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral 2130/2017 de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Joel Salvador Suárez, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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