Joel Romero Lujan

Expediente 1301/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1301/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2016

Partes del expediente

  • Joel Romero Lujan

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se deduce que el quejoso no se presentó a ratificar la demanda de amparo que ********************promovió en su nombre; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el sistema correspondiente. En consecuencia, se deja sin efectos la suspensión de plano del acto reclamado concedida en proveído de dieciocho de agosto pasado, la cual se decretó para que el quejoso fuera puesto en libertad por la autoridad que materialmente ejecutó la orden de arresto. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable esta determinación, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este juzgado, toda vez que el inconforme señaló éste en la diligencia de notificación de dieciocho de agosto del año en curso, con apoyo en el arábigo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo presentada ... contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y otra autoridad, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1301/2016 y dese de alta en el sistema correspondiente. En atención a que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad con motivo del arresto decretado contra la parte quejosa Joel Romero Lujan y que la demanda de amparo fue presentada por María Guadalupe León González, en nombre y representación de aquél, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 y 109 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles comparezca de manera personal en el local de este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número mil novecientos cincuenta, colonia Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, con identificación oficial vigente, a efecto de que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no desahogar el requerimiento ordenado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 15 citado. Por otra parte, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, procede pronunciarse sobre la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del precepto legal transcrito se conoce que procede la suspensión de plano, en los casos siguientes: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Con esa base, se estima que el arresto reclamado del que es objeto la parte quejosa constituye un acto que de continuar ejecutándose haría físicamente imposible la restitución en el goce del derecho violado, en virtud de que se trata de la restricción a su libertad personal, por lo que de no suspenderse de plano el acto reclamado, no sería factible restituir a la quejosa en el derecho violado, pues la sentencia que se dicte sería ineficaz al llevarse a cabo dicho acto hasta su total conclusión. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en el arresto ejecutado en contra de Joel Romero Lujan, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad por la autoridad que se encuentre ejecutando la orden de arresto que en esta vía se reclama. Medida cautelar que se hace extensiva a cualquier autoridad que haya ordenado, ejecutado o pretenda ejecutar el acto privativo de libertad. En el entendido que la puesta en libertad de la parte quejosa será siempre y cuando haya sido privada de ella con motivo de una infracción en materia administrativa y se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y no sea consecuencia de un procedimiento penal, orden de presentación o aprehensión o haya sido aprehendida en flagrancia delictiva, notoria urgencia o cometiendo infracción administrativa distinta a la que es materia del citado arresto. Se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, para que se constituyan en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en la Ciudad de México, que se ubica en avenida Aquiles Serdán, esquina Lago Gascasónica, Colonia Huichapan, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad o en el lugar donde se encuentre recluido y notifique a su Titular o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto que se ponga en libertad inmediata a Joel Romero Lujan debiéndose notificar en forma personal a la parte quejosa este auto. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de continuar ejecutando el arresto reclamado, apercibidas que de no hacerlo, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; asimismo, se harán acreedores a la sanción que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Sin perjuicio de lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial que lleve a cabo las diligencias indicadas para que, además, requiera a la parte quejosa para que manifieste si ratifica como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda a efecto de comunicarle las subsecuentes actuaciones procesales, y en el supuesto de que no le sea posible en el acto de la diligencia de notificación, le deberá requerir para que dentro del plazo de tres días designe uno y lo haga del conocimiento de este Juzgado; apercibido que de no cumplir con lo anterior, las siguientes notificaciones aún las de carácter personal se le practicarán por lista. En cuanto a la solicitud de que se certifique la hora de presentación, ello queda establecido en el acuse de la demanda de amparo; respecto a la certificación de la hora de la admisión, hágase del conocimiento al promovente que en el supuesto de que el quejoso ratifique el escrito de cuenta de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, este juzgador acordará lo que en derecho corresponda, y respecto a la certificación de la liberación, infórmese al promovente que eso quedará asentado en la constancia de notificación del presente auto que realice el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, y surtirá los efectos legales correspondientes, dado que dicho funcionario judicial cuenta con fe pública. Por otra parte, respecto de la solicitud de que le sean expedidas copias certificadas por duplicado de este auto, dígase que no procede acordar de conformidad, pues si bien los secretarios y actuarios adscritos gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, aunado a la carga de trabajo de este juzgado, por lo que con fundamento en los artículos 278 y 279 del código procesal supletorio, se autoriza únicamente la expedición de copia certificada en un tanto, previo acuse que por su recibo obre en autos por personas autorizada para tal efecto y, si es su deseo, acuda ante un fedatario público cuya función principal es esa y obtenga el número de certificaciones que requiera. Siendo aplicable al caso la tesis I.10o.C.13 K de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, visible en el Tomo XXIV, página 1374, cuyo rubro es: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." Desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; pero, las partes podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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