Joel Rodríguez Quevedo
Expediente 711/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Joel Rodríguez Quevedo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que las partes recurrieran el auto de sobreseimiento de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad y la parte quejosa, fueron notificados respectivamente el veintiuno y veintidós siguientes, quedando comprendido dicho plazo del veintidós de agosto al ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el entendido de que el lapso de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.
- Principal
Téngase recibido el oficio S.S.P.M./A.J.1548/2023, firmado autógrafamente por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación de dicha secretaría, mediante el cual pretende rendir su informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados; comunicado que únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como constancia, en virtud de que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte la razón actuarial firmada por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se desprende que el directo agraviado Joel Rodríguez Quevedo, ratificó la demanda promovida en su favor por Delia Carolina Osuna Ontiveros; en consecuencia, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, IV, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase recibido el oficio JCM-0664/2023, firmado autógrafamente por el Coordinador de Jueces y Juez, ambos del Juzgado Cívico de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden su respectivo informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan en el comunicado de cuenta. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En el caso que nos ocupa, el directo agraviado Joel Rodríguez Quevedo, reclamó la privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de que se dice fue objeto en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. Ahora bien, teniendo a la vista el informe de cuenta, el suscrito advierte de manera oficiosa que en la especie sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando, por una parte, se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por otra, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, del referido precepto se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. Expuesto lo anterior, en la especie Delia Carolina Osuna Ontiveros promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación de Joel Rodríguez Quevedo, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de los que adujo fue objeto el directo quejoso. Así, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que las autoridades responsables: (.) cesaran su detención (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que este último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, a las diecisiete horas con treinta y un minutos del dieciséis de agosto de esta anualidad, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional se constituyó en las instalaciones de los separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, e hizo constar que el directo agraviado ratificó la demanda, asimismo, asentó que el directo quejoso no presenta lesiones físicas, ni advierte que haya sido víctima de malos tratos o incomunicación, firmando el quejoso como constancia el acta respectiva, esto es, no se inconformó con lo que asentó la actuaria. Ahora, al informe rendido por el Coordinador de Jueces y Juez, ambos del Juzgado Cívico de Mazatlán, con sede en esta ciudad, respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, se anexaron las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido a las once horas con seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, respecto al quejoso por INFRACCIONES - CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES - ALTERAR EL ORDEN FAMILIAR. 2. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por "ALTERAR EL ORDEN FAMILIAR." 3. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Enrique Calderón Lizalde (cédula profesional 1625998), en el que se determinó: "IDX SANO / SIN LESIONES RECIENTES." 4. Boleta de libertad 504943 de las diecisiete horas con treinta y siete minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Joel Rodríguez Quevedo fue detenido a las once horas con seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, por ALTERAR EL ORDEN FAMILIAR., mientras que de la boleta de libertad folio 504943, se advierte que al quejoso no se le cobró multa con motivo de la detención y que fue puesto en libertad a las diecisiete horas con treinta y siete minutos del dieciséis de agosto del año en curso. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención e incomunicación reclamadas, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos -arresto-, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Por tanto, y al ser patente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se anexan evidencias criptográficas)
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Delia Carolina Osuna Ontiveros en favor del directo quejoso Joel Rodríguez Quevedo, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19; y, se da inicio a la era de la E. Justicia o Justicia Digital; también, se estableció que a partir del uno de diciembre de esta anualidad, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico, para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE TIENE PRESENTADA LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, en la inteligencia que una vez que el directo agraviado, en su caso, la ratifique, se proseguirá con el trámite del juicio conforme a lo establecido en el numeral 15 del propio ordenamiento legal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 711/2023. ESTUDIO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. No obstante, la solicitud de apertura del incidente de suspensión, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Del capítulo de antecedentes se advierte que reclama un ataque a la libertad personal del directo quejoso Joel Rodríguez Quevedo fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos. 3. Que el directo agraviado se encuentra detenido en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública o en el Juzgado Cívico. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento incomunicación y malos tratos de la que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, por lo que las autoridades responsables deberán suspender inmediatamente su ejecución. En esa tesitura, de encontrarse Joel Rodríguez Quevedo, en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndolos en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que este último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cesen la incomunicación, y malos tratos en caso de que existan. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en las Instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, le requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda presentada en su favor, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efectos las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Del mismo modo, el diligenciario judicial deberá dar fe del estado físico del directo agraviado y, de ser el caso, permitirle que exponga las manifestaciones que estime pertinentes en torno al posible ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tartos del que pudiera haber sido objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a Joel Rodríguez Quevedo, en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existen registros a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento en que se emite el presente proveído, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se les hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsables que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO" DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Culiacán, número 57, fraccionamiento Telleria de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a el licenciado Fernando Rojas López, cuya cédula 2059048 se encuentra inscrita en el sistema único de profesionales del derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Joel López López794/2017
- Joel López López1086/2014
- Joel López López256/2019
- Joel Martinez Cervantes163/2022
- Joel Ponce Morales977/2014
- Joel Rivera Rivera431/2014
- Joel Ruiz Ávalos367/2017
- Joel Ulivarria Gonzaáez731/2022
- Joel Ulivarria González220/2019
- Johan Oswaldo Abitia Collazo325/2023
- John Daiel Imler Y/O John Daniel Imler656/2014
- John Francis Sterling Huerta135/2016