Joel Ricardez Cruz

Expediente 1214/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1214/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Joel Ricardez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. SE INTERPONE QUEJA Visto el escrito firmado por el promovente del amparo JOEL RICARDEZ CRUZ, atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento de veintiocho de octubre del año en curso, de este índice. SE RINDE INFORME En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para su substanciación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, de conformidad con el artículo 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal de alzada tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el escrito de cuenta, signado por el quejoso Joel Ricardez Cruz, mediante el cual cumple con el requerimiento, formulado en auto inicial de veintiuno de octubre del año en curso, por lo que se provee: PARTE QUEJOSA JOEL RICARDEZ CRUZ, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Víctor Ramírez Cabrera, Titular de la Cédula 1-8 de la Delegación Oaxaca de la Fiscalía General de la República, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS - La orden de comparecencia o cita de 14 de octubre de 2022, mediante oficio ..., dentro de la carpeta de investigación .... - La omisión de acordar su escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado B de la Constitución Federal. IMPROCEDENCIA Con fundamento en los artículos 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público. Lo anterior es así, ya que del estudio que se realice al escrito inicial de la demanda, escrito aclaratorio y del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se podrá determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. En consecuencia, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, se advierte que, por el momento, el acto reclamado no afecta intereses jurídicos o legítimos del justiciable, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existan dos reglas para acudir al juicio de amparo, a saber: Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, bien sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo previene el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, como en seguida se precisa: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598. Tipo: Jurisprudencia, Décima Época. Materias(s): Común, con número de registro digital 2019456, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Con base en lo anterior, en la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado tiene relación con el interés jurídico, toda vez que de lo que se duele el quejoso es de una posible transgresión a su derecho de libertad personal, pues teme ser privado de ella. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura de interés jurídico para efectos del juicio de amparo y no a la de interés legítimo. Así, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En consecuencia, de la demanda de amparo, se reclama la orden de citación la que tiene como finalidad recabar el testimonio del quejoso respecto de los hechos que se averiguan en la carpeta de investigación ..., esto es, en la fase de investigación inicial del procedimiento penal de origen, como se advierte del contenido del citatorio de de catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio ..., que el propio quejoso anexó a su demanda de amparo. Conviene precisar que, a pesar de que el quejoso refiere que también reclamó como diverso acto la omisión de contestar su escrito mediante el cual señaló defensores privados para efectos de que acudieran a dicha diligencia ministerial y la expedición de copias cotejadas de la aludida carpeta de investigación; sin embargo, del estudio integral de la de demanda lleva a concluir que dichas circunstancias las hace derivar del citatorio girado por las autoridades a quienes les atribuye el carácter de responsables, Y NO DE MANERA AUTÓNOMA. De ahí que, la citación del imputado para el efecto indicado no conlleva, por sí misma, una afectación a su libertad personal, porque aquella solo consiste en la comunicación al citado de que se requiere su presencia ante la fiscalía a efecto de que, a través de su entrevista, la investigadora cuente con mayores elementos para poder determinar lo que en derecho corresponda en dicha indagatoria. En el entendido de que la consecuencia que podría derivar de la inasistencia del inconforme en relación con el apercibimiento contenido en la citación de que se trata, consistente en imponerle una medida de apremio (multa), en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, puesto que su aplicación está condicionada a que el citado no asista sin justificación y a que la representación social decida hacer efectiva dicha medida de apremio. Por tanto, la citación impugnada en el juicio de amparo, por sí misma, no afecta la libertad del quejoso; entonces, no es un acto susceptible de examinarse a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, Décima Época. Materias(s): Común, con número de registro digital 2018828, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se estima así, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, de la que derivó el criterio del que se dio noticia, en esencia, resolvió en el sentido de que ni aún en el caso de que la citación del investigado para que comparezca a la audiencia inicial, se realice bajo apercibimiento de dictarse orden de aprehensión en su contra, resulta procedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, con número registro digital 2015368, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". Por otra parte, debe añadirse, que del contenido de los artículos 21 de la Constitución Federal, 127, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que es deber del representante social dirigir la investigación penal orientada a explorar todas las líneas de investigación que permitan el esclarecimiento del hecho y la identificación de quien lo cometió, cuyo objeto es que el representante social reúna indicios y los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. En ese sentido, es facultad del agente del Ministerio Público llevar a cabo todas las actuaciones que le permitan agotar las líneas de investigación; sin embargo, tal obligación no implica que tenga que agotar las líneas de investigación, para poder citar a las personas cuya entrevista o declaración sea trascedente para la propia investigación, dado que -precisamente- es su facultad obtener indicios y datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de conformidad con los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, entre otros medios, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto, documento que deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la cita; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena; y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio, en caso de incumplimiento. Si se trata del imputado, además de los anteriores requisitos, deberá: VII. Citar junto con su defensor; y, VIII. Precisar el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Asimismo, el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá disponer de los siguientes medios de apremio: "a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública o, d) Arresto hasta por treinta y seis horas". Lo anterior comprende las medidas de apremio que puede imponer el Ministerio Público, para el cumplimiento de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, el objeto de la investigación y la obligación de comparecer, en caso de ser citados para ser entrevistados. Debe decirse también que, tratándose de la citación del imputado, el Ministerio Público dentro del nuevo sistema penal acusatorio, al ejercer su facultad de investigar los hechos delictuosos, no puede actuar, como lo hacía en el sistema tradicional, con las consecuencias jurídicas de afectación a los derechos fundamentales, tales como apercibimientos de molestia a la libertad personal o de otra índole, en virtud de que ahora, se insiste, queda a voluntad del imputado atender o no dicho citatorio, salvo el caso de que el Ministerio Público justifique de sobremanera por qué ante ese tipo de actos pudiera afectar algún derecho fundamental. En esa medida, se tiene que en el caso, el citatorio dirigido al quejoso dentro de la carpeta de investigación con número FED/OAX/OAX/0001589/2022, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en tanto que de su contenido se advierte que corresponde a la etapa de investigación inicial dentro del nuevo sistema de justicia penal. En ese orden de ideas, la orden de citación emitida en la carpeta de investigación de mérito, no afecta el interés jurídico del quejoso, puesto que la representación social está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que resulte obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, que el quejoso alegue que se el citatorio es ilegal porque no se le indica a qué tipo de diligencia ministerial se refiere, asimismo porque tampoco cumple con los requisitos del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta habida de que, al no existir disposición constitucional o legal alguna que establezca que necesariamente deba solicitarse su comparecencia para la integración de una carpeta de investigación, en la que se le imputen hechos o que se le cite para que se imponga de su contenido, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 154/20056, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 49, Novena Época. Materias(s): Penal, con número de Registro digital: 175142, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." DESECHAMIENTO En consecuencia, al resultar que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso, 5° y 6° de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1214/2022. PARTE QUEJOSA JOEL RICARDEZ CRUZ, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Víctor Ramírez Cabrera, Titular de la Cédula 1-8 de la Delegación Oaxaca de la Fiscalía General de la República, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. ACTO RECLAMADO - La orden de comparecencia o cita de 14 de octubre de 2022, mediante oficio OAX-EIL-E1C8-279/2022 y el diverso OAX-EIL-E1C8-279/2022, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0001589/2022. - La omisión de acordar su escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado B de la Constitución Federal. INTEGRACIÓN EXPEDIENTE Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. PREVENCIÓN Ahora, a fin de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación el presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Único.- Indique si compareció a las doce horas del veinte de octubre del año en curso, ante la autoridad responsable, para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0001589/2022, toda vez que la demanda de amparo de que se trata, se presentó en la oficina de correspondencia común y se turnó a este Juzgado, en la misma fecha en que se agendó esa citación judicial. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo el quejoso, o quien tenga las facultades para realizarlo a nombre de él, y no por conducto de autorizado, ya que, al realizarse bajo protesta de decir verdad, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Deberá presentar su aclaración por escrito y con las copias suficientes, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a las partes. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento a lo anterior; es decir, no desahogar la prevención se tendrá por no presentada su demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO y AUTORIZADOS Se tiene al promovente como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y atento a la certificación secretarial de cuenta, por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USUARIO PARA CONSULTA ELECTRÓNICA Atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se localizó al usuario ARMGLEZ, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. NOTIFICACION ELECTRONICA Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS. Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 21/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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