Joel Reyes Reza
Expediente 743/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joel Reyes Reza
Actuaciones
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del treinta de octubre al seis de noviembre de dos mil veinte, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veinte de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Oficio Téngase recibido el oficio signado por el Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, por el cual, en lo que interesa, informa que fijó las...., a fin de que el Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado ponga en posesión material y jurídica al quejoso respecto del inmueble ubicado.... En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando que la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente, se encuentra en vías de cumplimiento, agregándose el oficio y anexo de que se trata a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de veinte de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Vista la demanda de amparo que promueve Joel Reyes Reza, contra actos del Encargado del Departamento de Pago del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otras autoridades; fórmese el expediente relativo y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el expediente 743/2020-6. El libelo que lo conforma, revela motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharlo de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como más adelante se verá. Precisión de actos La lectura de la demanda de amparo revela la intención del quejoso de señalar como acto reclamado: Al Encargado del Departamento de Pago del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino; Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y Secretario General, todos de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El no realizar el pago derivado del acuerdo al Reglamento del otorgamiento de beneficios del fondo de capitalización social del Magisterio Potosino de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como el pago retroactivo del cual ha sido privado desde el momento en que se jubiló siendo la fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello en razón de que la anotada autoridad responsable, no cuenta con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y en consecuencia, la constitucionalidad de los actos que les son reclamados no son dables de ser analizados en sede constitucional, por las razones que enseguida se precisarán...Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...De las precitadas disposiciones se desprende que el juicio de amparo es un medio jurídico que preserva los derechos humanos reconocidos y las garantías que para su protección otorga la Constitución, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que viola dichos derechos y garantías, así como por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal; en estos dos últimos supuestos, siempre que se violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgados por la constitución federal. De esta manera, el juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el gobernado contra actos de autoridad de hecho y de derecho, surgida en una relación de supra a subordinación, cuando la llamada autoridad responsable vulnera o restringe los derechos humanos reconocidos o las garantías otorgadas para su protección.Aunado a lo anterior, debe decirse que por autoridad responsable debe entenderse aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.Sin pasar por alto que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la porción normativa que se analiza, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general; empero, su reconocimiento dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el órgano de amparo, el acto lesivo de su esfera de derechos fundamentales. De tal modo que no es el tipo de organismo lo que determina si tiene o no el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, sino más bien, si el acto que realiza satisface los requisitos esenciales del acto autoritario en perjuicio de un particular. En este orden de ideas, el juicio de amparo solo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos precisados, y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Expuesto lo anterior, debe decirse que para definir el concepto de autoridad responsable se debe atender también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular...En esta vertiente, es posible afirmar que los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera del particular, y que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. A forma de síntesis, puede establecerse que a efecto de distinguir una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe considerarse a saber:.... Sentado lo anterior, es menester precisar que en el caso el quejoso señala como acto reclamado el no realizar el pago derivado del acuerdo al Reglamento del otorgamiento de beneficios del fondo de capitalización social del Magisterio Potosino de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como el pago retroactivo del cual ha sido privado desde el momento en que se jubiló siendo la fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, en el caso se sostiene que el citado acto reclamado no es dable de ser analizado a través del presente juicio constitucional, pues el Encargado del Departamento de Pago del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino; Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y Secretario General, todos de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no actúa como autoridad. Para una mejor comprensión de la conclusión a la que se arriba, resulta necesario traer a cuenta el contenido del artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional:.... De la interpretación de la disposición transcrita se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. De tal suerte que el acto que se reclama del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene sustento en los estatutos y contrato colectivo de trabajo, los cuales no tienen las características de ser una norma general (impersonal y abstracta), precisamente, por no haber sido emitidas por un órgano del estado mexicano encomendado para tal efecto, en esa medida es que sus actuaciones no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus funciones no están determinadas por una norma general por lo que no puede considerarse que los actos provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Domicilio y autorizados Con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción I, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Avenida del Roble número 226, residencial del Bosque en esta ciudad, y como sus autorizados para tal efecto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nadia Nayheli Sánchez Castillo y David Adrián Roque Rodríguez, toda vez que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del aludido artículo a Rosa Artemisa Mora García, por no contar con dicho requisito. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19...se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos...se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles...hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente....
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