Joel Reyes Lopez
Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2021
Partes del expediente
- Joel Reyes Lopez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por (1) Jesús Guadalupe Verduzco Imperial, y en atención a lo que solicita, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, ya que no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Firme auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por (2) Jorge Eduardo García Imperial, en representación de (1) Joel Reyes López; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la 19/03/21 11:26:51 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.c8 Rafael Antonio Quiñonez Olivares Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmenteNotifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veinte. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por el delegado de las autoridades Junta Directiva y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. No ha lugar a dar vista. En el caso, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, pues deviene innecesario dado que, de lo informado, se desprende que el fallo protector no se encuentra cumplido. Lo anterior es así, pues por sentencia de siete de enero de dos mil dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.] i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, Dirección General, Dirección de Pensiones y Jubilaciones, y Junta Directiva, estas últimas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), así como el propio Instituto, deberán dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante el formato oficial presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa; empero, en su caso deberá señalarle la papelería o requerimientos necesarios para el otorgamiento de la pensión que le solicitó la quejosa; asimismo, debe resaltarse que la autoridad responsable no deberá de condicionar el trámite u otorgamiento de lo peticionado a la carga excesiva de trabajo ni a lista de prelación alguna, y, ii) Deberá notificar personalmente a la quejosa la contestación, en el domicilio que se le proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. . [.]" Sin embargo, la respuesta emitida por las autoridades responsables no es definitiva y además, es incongruente con los términos de la sentencia de amparo, pues sustancialmente la autoridad precisó lo siguiente: "[.] Que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en este Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, en los registros existentes se encontró solicitud de pensión por Jubilación a nombre de la C. *****; con motivo de la misma se inició el trámite correspondiente a la pensión por Jubilación, solicitada por Usted, se formó el respectivo expediente, el cual se conformó con la documentación que anexó a la solicitud antes señalada, del mismo se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no cuenta con el comunicado por parte de la Patronal en el que indique la propuesta para que usted se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y cause baja como trabajadora activa es decir, no se encontraron trámites de pensión por Jubilación promovidos por su patrón, tal y como se establece en el apartado "Políticas de Operación", punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, lineamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de agosto de 2017; como parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, señalado dentro del listado de Procedimientos del ISSSTECALI, en el apartado correspondiente a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, fracción II, cito en la página 43, consultable en el Portal de internet del ISSSTECALI, www.issstecali.gob.mx., por lo que se hace de su conocimiento que dicho documento es indispensable para dar entrada a su trámite en términos del marco jurídico institucional, de tal forma que existe una imposibilidad jurídica y material para la verificación e integración estatuida en el artículo 3 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; esto es, NO CUMPLE con los requisitos formales de la tramitología respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relatados[.]". De lo anterior se desprende sin lugar a dudas que la responsable no se pronunció en forma definitiva respecto a la solicitud de pensión, y tampoco fue congruente dicha respuesta con la solicitud elevada por la impetrante el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. La incongruencia de dicha respuesta, estriba en que conforme al procedimiento establecido en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California, una vez agotado el trámite y emitido el dictamen que en definitiva resuelva respecto a la pensión solicitada, la autoridad del citado instituto lo comunicará por escrito a las partes y se remitirá a la Dependencia en donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. Lo anterior así lo establecen los numerales artículos 7, 8 y 9, del aludido reglamento, como se observa a continuación (énfasis añadido): "Artículo 7°.- El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, Fracción IV, de la Ley. Artículo 8o.- El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada. Artículo 9o.- El Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del Dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. [.]" Bajo ese contexto, resulta incongruente la respuesta otorgada por la responsable a la parte quejosa en el aludido oficio, pues tomando en cuenta que el procedimiento previsto en la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California para el trámite de la pensión, no resulta válido que se pretendan introducir requisitos extralegales, que no corresponden al trámite respectivo. Dicha incongruencia, desde luego implica un defecto en el acatamiento a los efectos para los cuáles se concedió el amparo, toda vez que como quedó evidenciado con antelación, en la sentencia se constriñó a las autoridades responsables, para que dieran respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la impetrante el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, lo cual no aconteció. En tales condiciones, todo lo expuesto deja en claro que los efectos del fallo constitucional, no se concretan a cabalidad, por lo que este órgano jurisdiccional considera que en el caso con dicho oficio no se da cumplimiento a la sentencia de amparo, razón por la cual no procede dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento al fallo protector, pues este no está cumplido. Nuevo requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última vez, a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan a cabalidad y sin defectos, con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. [.]Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente [.] Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables que debe dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Asimismo, de conformidad con los artículos 106, 107 y 110, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, los cuales, en lo que aquí interesa, disponen que es el Gobernador del Estado de Baja California quien nombrará y, podrá revocar a los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; apercibido el superior jerárquico en los propios lineamientos decretados para su subalternos. Escrito. por otro lado, glósese a los propios autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
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