Joel Ramón Córdova Sánchez

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Joel Ramón Córdova Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo signada por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente con el número 118/2021-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Desechamiento Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que el quejoso señala como actos reclamados: a) El auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil ********************, por el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en ese expediente y se requirió su cumplimiento voluntario. b) La omisión de evitar la ejecución de esa sentencia definitiva que fue suspendida con motivo de la medida cautelar concedida con motivo del amparo directo ********************radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Una vez analizada en su totalidad la demanda en cuestión, se advierte que, por lo que hace a la interlocutoria resumida en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, por no ser la última resolución emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil ********************. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa; además, si la acción constitucional intentada versa sobre remates, únicamente podrá promoverse contra la última resolución, que es la que indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Esta última disposición invocada atiende al principio de economía procesal, referente a evitar la promoción interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, pues se pretende impedir que las partes interesadas en un procedimiento de ejecución o de remate puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, ya que se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. En el caso, el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio ordinario civil ******************** y se requirió al demandado -aquí quejoso- su cumplimiento voluntario, no puede considerarse como la última resolución dictada en ejecución de sentencia, por el contrario, sólo constituye una determinación intermedia en la que se previene al enjuiciado para que de forma voluntaria acate en sus términos a lo que fue condenado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que estipula: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Bajo esa óptica, es evidente que el acto combatido no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que los perjuicios que pudiera irrogar al amparista el proveído reclamado podrán ser combatidos mediante amparo indirecto cuando en el expediente de origen se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones que, habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa durante la referida fase ejecutiva y hubieren trascendido al resultado de la determinación. Cabe acotar que el auto impugnado de modo alguno afecta directamente derechos sustantivos de la inconforme que sean ajenos a la cosa juzgada, porque, en todo caso, sólo infringe derechos adjetivos; de igual forma, no se trata de alguno de los casos de excepción a la regla, entre otros, arresto, resoluciones de incidentes de liquidación o aquellos actos que gozan de autonomía propia, pues en el caso concreto esa resolución, de manera implícita, tiene como efecto que quede subsistente el auto que declaró como cosa juzgada la sentencia definitiva emitida en el proceso de origen. De igual forma se torna improcedente la acción de amparo intentada contra el diverso acto reprochado, consistente en la omisión de evitar la ejecución de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario mercantil de origen que fue suspendida con motivo de la medida cautelar concedida con motivo del amparo directo ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al tenor de lo estipulado en el numeral artículo 61, fracción IX, de la ley reglamentaria, en razón de que ello deriva de la tramitación de un juicio de amparo. La disposición legal invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos (incluidas las omisiones) derivadas de los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, dado que dicha disposición fue contemplada por el legislador en atención a que sería un contrasentido ejercer un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.C.48 K del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Cabe acotar que la causa de improcedencia que se estudia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada con motivo del juicio de amparo, inmerso en él, ya sea el auto admisorio de demanda, suspensión o cualquier otro auto de tramitación, incluso una omisión, como la que se estudia en el caso concreto, pues no deja de ser un acto -aunque de carácter omisivo- derivado de un juicio constitucional. Además, debe decirse que el juicio constitucional no es la vía idónea para controvertir y, por consiguiente, decidir acerca de si existió o no desacato a la medida suspensional decretada en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva derivada del juicio ordinario civil ********************, pues ello es propio de los medios ordinarios de defensa previstos en la Ley de Amparo. En efecto, el exceso o la falta en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada debe ser combatida a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, contemplado en los artículos 206 y 207 de la legislación invocada y no mediante la presentación de un nuevo juicio constitucional. Sustenta esta determinación la tesis X.A.T.7 K (10a.) dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que establece: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONOCER DEL INCIDENTE RELATIVO. Conforme a los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, párrafo primero, 107, 111, 143 y 206 de la Ley de Amparo; 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, por disposición expresa de su artículo 2o., así como 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del incidente de violación a la suspensión concedida en un juicio de amparo directo, porque si bien es cierto que la autoridad responsable está facultada y tiene jurisdicción, como auxiliar de la Justicia Federal, para resolver sobre la suspensión del acto reclamado en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, también lo es que compete al órgano colegiado resolver sobre la posible desobediencia a dicha medida cautelar en agravio de la administración de Justicia Federal, pues corresponde al juzgador de amparo determinar los alcances de la suspensión decretada y si, en su caso, existió o no violación a ésta." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas a lo largo de esta determinación, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio y autorizados Por así solicitarlo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, las listas, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Exhortación a tramitar asuntos en línea En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea.

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