Joel Ponce Morales
Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Joel Ponce Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la cuenta, agréguense los oficios firmados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, mediante los cuales remite (1) la impresión del correo electrónico que le fue enviado por la Dirección General del Trabajo del Estado por el cual le informó la designación de Jafet García González como perito tercero en discordia y (2) el acta levantada el diez de noviembre de este año con motivo de la comparecencia de Jafet García González en la cual aceptó y protestó el cargo de perito tercero en discordia, por lo que en ese acto se señalaron las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés para el desahogó de la audiencia pericial dentro del juicio ordinario laboral 884/2021/L1/CA/IND. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, el quejoso reclama de la (1) Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato y de la (2) Dirección General del Trabajo del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, la omisión y/o dilación en designar perito tercero en discordia para la prueba pericial en grafoscopía ofrecida en los autos del juicio ordinario laboral 884/2021/L1/CA/IND, desde el auto de siete de marzo del año en curso. Ahora, en las constancias recibidas en este auto se aprecia que el diez de noviembre del presente año, se tuvo a Jafet García González aceptando y protestando el cargo de perito tercero en discordia en materia de caligrafía, grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía; asimismo, se señalaron las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés para el desahogó de la audiencia pericial dentro del juicio ordinario laboral 884/2021/L1/CA/IND. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito tercero en discordia para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía admitida en el juicio laboral aludido. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Finalmente, no se soslaya que el quejoso en su demanda solicitó se le concediera el amparo para que se ordenara a la autoridad responsable a emitir el acuerdo mediante el cual designará perito tercero en discordia y se obligara a la responsable a respetar y cumplir cabalmente los términos legales e incluso de los actos subsecuentes; sin embargo, no ha lugar a acoger dicha pretensión, toda vez que ello no fue reclamado en el presente asunto, sino únicamente se reclamó la omisión y/o dilación en designar perito tercero en discordia en el juicio de origen. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese a los autos el oficio 25192/2023 signado por la Directora General del Trabajo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado que corresponde a la autoridad mencionada. Con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar.-
- Principal
Vista la cuenta, se aprecia que está transcurriendo el término de ocho días previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en auto de veintiséis de octubre del año en curso, el cual les fue notificado por lista de acuerdos de veintisiete de octubre siguiente. En tal virtud, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.-
- Principal
agréguese a los autos el oficio 4736/2023 signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que corresponde a la autoridad mencionada, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido, dese vista a la partes para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada la documental pública que remite la responsable en apoyo a su informe, consistente en copia certificada del expediente del juicio ordinario laboral ********************; con la cual se ordena formar por separado dos tomos de pruebas relativos al presente juicio de amparo.
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