Joel Pantoja Enriquez
Expediente 1537/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/01/2019
Partes del expediente
- Joel Pantoja Enriquez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO... ARCHIVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Joel Pantoja Enríquez, por propio derecho, contra actos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), residente en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1537/2018-4-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente se duele esencialmente de la retención injustificada de su salario correspondiente al mes de diciembre, así como, del aguinaldo respectivo que por derecho le corresponde, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, respecto de dicho acto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así ya que no constituye un acto de autoridad, sino el resultado de la relación laboral que existe entre la autoridad señalada como responsable y el solicitante de amparo. Lo anterior, se traduce en una controversia de carácter laboral, pues se trata de actuaciones atribuibles a la autoridad responsable, únicamente en su calidad de patrón; es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de las mismas, es claro que se trata de un problema entre trabajador y patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, máxime que el propio quejoso en el capítulo de antecedentes expone lo siguiente: "1.- En el año 2006 ingresé a laborar al servicio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desempeñando el puesto de Investigador Titular C, teniendo un salario líquido mensual de $26,001.28 (VEINTISÉIS MIL UN PESO 28/100 M.N.); con una jornada de trabajo de 40 horas semanales, comprendidas de lunes a viernes, percibiendo dos salarios quincenales por la cantidades de $12,983.11 (DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) y $13,018.17 (TRECE MIL DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.), los cuales me son depositados a la cuenta número 56-54687135-5 de la Institución Bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. 2.- Desde que ingresé a laborar con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, siempre he realizado mis labores con responsabilidad, puntualidad, honradez, eficacia, entusiasmo y respeto, tanto para mis compañeros como a mis superiores, así como al público en general, cumpliendo con mis labores de manera ininterrumpida. 3.- Pero es el caso que hasta el día de hoy, la responsable ha incumplido en pagarme lo correspondiente al mes de Diciembre, así como mi aguinaldo o gratificación anual al cual por derecho me corresponde, tal y como lo establece el artículo 87 del la Ley Federal del Trabajo, siendo que con fecha 13 de diciembre del 2018 a los demás trabajadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ya de les depositó el pago concerniente al mes de Diciembre." Por tanto, resulta incuestionable que tal acto no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. Además, que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, por lo que los conflictos que se susciten entre el trabajador y la Universidad deben ser ventilados ante el Tribunal correspondiente. Tiene aplicación la tesis aislada P. XXVIII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1997, novena época, página 119, registro 199460, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Así como la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así, al haberse concluido que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. Bajo tales consideraciones, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de las responsables para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de su relación laboral que la une con ésta, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de mérito, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona y a las diversas personas que refiere en los términos que indica. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por Joel Pantoja Enríquez, por propio derecho, contra actos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), residente en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1537/2018-4-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente se duele esencialmente de la retención injustificada de su salario correspondiente al mes de diciembre, así como, del aguinaldo respectivo que por derecho le corresponde, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, respecto de dicho acto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así ya que no constituye un acto de autoridad, sino el resultado de la relación laboral que existe entre la autoridad señalada como responsable y el solicitante de amparo. Lo anterior, se traduce en una controversia de carácter laboral, pues se trata de actuaciones atribuibles a la autoridad responsable, únicamente en su calidad de patrón; es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de las mismas, es claro que se trata de un problema entre trabajador y patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, máxime que el propio quejoso en el capítulo de antecedentes expone lo siguiente: "1.- En el año 2006 ingresé a laborar al servicio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desempeñando el puesto de Investigador Titular C, teniendo un salario líquido mensual de $26,001.28 (VEINTISÉIS MIL UN PESO 28/100 M.N.); con una jornada de trabajo de 40 horas semanales, comprendidas de lunes a viernes, percibiendo dos salarios quincenales por la cantidades de $12,983.11 (DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) y $13,018.17 (TRECE MIL DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.), los cuales me son depositados a la cuenta número 56-54687135-5 de la Institución Bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. 2.- Desde que ingresé a laborar con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, siempre he realizado mis labores con responsabilidad, puntualidad, honradez, eficacia, entusiasmo y respeto, tanto para mis compañeros como a mis superiores, así como al público en general, cumpliendo con mis labores de manera ininterrumpida. 3.- Pero es el caso que hasta el día de hoy, la responsable ha incumplido en pagarme lo correspondiente al mes de Diciembre, así como mi aguinaldo o gratificación anual al cual por derecho me corresponde, tal y como lo establece el artículo 87 del la Ley Federal del Trabajo, siendo que con fecha 13 de diciembre del 2018 a los demás trabajadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ya de les depositó el pago concerniente al mes de Diciembre." Por tanto, resulta incuestionable que tal acto no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. Además, que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, por lo que los conflictos que se susciten entre el trabajador y la Universidad deben ser ventilados ante el Tribunal correspondiente. Tiene aplicación la tesis aislada P. XXVIII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1997, novena época, página 119, registro 199460, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Así como la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así, al haberse concluido que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. Bajo tales consideraciones, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de las responsables para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de su relación laboral que la une con ésta, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de mérito, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona y a las diversas personas que refiere en los términos que indica. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente.
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