Joel Omar Flores Ramos

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Joel Omar Flores Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(I)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.(I)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de veinte de marzo dos mil diecinueve...Ahora bien, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tiene efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en la resolución tomada en audiencia celebrada el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 2637/2018-4, de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, en la que no se accedió a ordenar a emplazar a una persona ya que únicamente acordó tener por hechas las manifestaciones con respecto al demandado físico Alejandro Cisneros Vega. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, ya que si bien, se afecta el derecho de acción previsto en el artículo 17 Constitucional, dicha afectación carece de la material requerida para hacer procedente la vía indirecta, pues no trasciende a su persona o bienes, además aun cuando se le haya desestimado la procedencia del llamamiento a la citada persona al juicio de donde deriva el acto reclamado, puede obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo. Aunado a que en el caso de que cuando ese determinación no sea abordada en el laudo que se dicte en el juicio, el quejoso estará en aptitud de reclamarlos como violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182, fracción II, de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. Además, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concedérsele el amparo solicitado, a través de la reposición del procedimiento podría dejarse insubsistente y ordenarse llamar a ese tercero, con lo que se retrotraería el estado de las cosas a como se encontraban antes de que se cometiera la infracción adjetiva, sin dejar rastro de afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso. En suma, si los actos que reclama no afectan sus derechos sustantivos, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, lo que no acontece en la especie, por ser la quejosa una parte formal (demandada) en el juicio laboral; es improcedente el juicio de amparo. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis V.3o.C.T.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable en la página 1412, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro 2016157, de rubro y texto: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 147/2000 Y 1a./J. 102/2008 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)]. El legislador contemporáneo, al utilizar la expresión "afectación material a derechos sustantivos" en el artículo 107, fracción V, de la ley citada, retomó el criterio que en épocas de antaño adoptó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, conforme al cual, para que un acto dentro de juicio fuera de "imposible reparación" y, por ende, reclamable en el amparo indirecto, era necesario que afectara de manera directa, actual y real derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (y ahora también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte), trascendiendo a la persona o bienes de las partes, de tal modo que el perjuicio resentido no pudiera repararse ni en la sentencia definitiva, ni por medio del juicio de amparo directo. De esta manera, el legislador pretendió regresar a la fórmula que originariamente regía respecto a la impugnación de los actos dentro de juicio, conforme a la cual únicamente aquellos que de consumarse sus consecuencias serían verdaderamente irreparables, debían examinarse en la vía indirecta, reservando para la directa el análisis de todas las demás actuaciones que generaran una afectación reparable, ya sea en sentencia definitiva o por el propio Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior es acorde con las exposiciones de motivos, de la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once y de la actual ley, las cuales destacan la necesidad de concentrar los juicios de derechos fundamentales, siendo éste un principio que permea en las disposiciones contenidas en la normatividad vigente, lo cual puede constatarse con el diseño empleado por el legislador para procurar que, desde el primer juicio de amparo directo, se analicen todas las violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del juicio, privilegiando la resolución de fondo sobre los aspectos procesales y formales, sin afectar los derechos de defensa y equidad procesal entre las partes. Así, por una parte se pretendió reducir considerablemente la cantidad de juicios de amparo indirecto promovidos contra actuaciones procesales -al tornar excepcional su procedencia en los términos señalados- y, por otra, concentrar en la medida de lo posible los juicios de amparo directo derivados de una misma secuela procesal, todo ello en aras de optimizar la garantía de protección de derechos humanos más importante que existe en nuestro orden jurídico; lo que lleva a estimar inaplicables las tesis de jurisprudencia P./J. 147/2010 y 1a./J. 102/2008, por no estar vigentes, pues es posible analizar la violación procesal impugnada en el amparo directo. De las consideraciones expuestas se concluye que a pesar de que el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero, afecta el derecho sustantivo de acción del denunciante previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha afectación que carece de la "materialidad" requerida para hacer procedente la vía indirecta, pues no trasciende a la persona o bienes de la parte denunciante, además, aun cuando la determinación negativa aludida no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, a través de la reposición del procedimiento pudiera dejarse insubsistente y ordenarse llamar al tercero, con lo que se retrotraería el estado de las cosas a como se encontraba antes de que se cometiera la infracción adjetiva, sin dejar rastro de afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo.(I)

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