Joel Montoya Jiménez
Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Joel Montoya Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Agréguese el escrito que suscribe el quejoso ******************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veinte de mayo del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten esencialmente en: Que se declare la nulidad de actuaciones a partir de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno de la causa penal ******************, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal, con sede en Salvatierra, Guanajuato, y como consecuencia, se reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102, que se encuentran en el capítulo VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen lo siguiente: "CAPÍTULO VII NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. Artículo 99. Saneamiento Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el acto no quedare saneado en dicho plazo, el Órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Artículo 100. Convalidación Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando: Párrafo reformado DOF 17-06-2016 I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o Fracción reformada DOF 17-06-2016 III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctimau ofendido. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. Artículo 102. Sujetos legitimados Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo." De la interpretación literal de los numerales transcritos se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de los actos que estime le violaron sus derechos humanos. Ciertamente, dicha nulidad tiene como finalidad anular el acto que se estima violó los derechos humanos y, en su caso, disponer su reposición. Bajo ese contexto, si del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, como ya se estableció, reclamando esencialmente que se declare la nulidad de actuaciones a partir de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno de la causa penal ******************, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal, con sede en Salvatierra, Guanajuato, y como consecuencia, se reponga el procedimiento hasta la audiencia inicial. Es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover la nulidad de los actos procedimentales a que se refiere el capítulo VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto en los numerales 97, 98, 99, 100, 101 y 102, de dicho ordenamiento legal, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió los actos que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que es la parte demandada en el controvertido de origen, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el quejoso *****************, mediante el cual aduce dar total cumplimiento a la prevención efectuada el trece de mayo de dos mil veintidós, en la que se requirió para que por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precisara con claridad el acto qué reclama en el presente juicio de amparo, atendiendo a lo establecido en el citado acuerdo. Ahora, del escrito de cuenta se desprende que el quejoso pretende desahogar dicho requerimiento manifestando: "Que por medio del presente escrito vengo a dar cabal cumplimiento a lo requerido por su señoría dentro del presente juicio de garantías, anexando al presente escrito los anexos con las correcciones solicitadas por este H. Tribunal" De lo expuesto se advierte que la prevención efectuada el trece de mayo del año en curso, no fue cabalmente cumplida. Se afirma lo anterior, porque de su escrito no se advierte que precise el acto que reclama en esta instancia constitucional, y sin que se tome en cuenta el diverso escrito de demanda que anexa "con las correcciones solicitadas", toda vez que la prevención que se le formuló únicamente es respecto al acto reclamado, y no de la totalidad de la demanda. Lo anterior, porque no debe perderse de vista que el escrito de aclaración de demanda tiene su origen en una irregularidad de ésta y su propósito es subsanarla, por lo que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. De ahí que, el escrito aclaratorio no puede ser sustituido por la exhibición de una "nueva demanda" con las irregularidades subsanadas, ya que, en principio, el artículo 114 de la Ley de Amparo únicamente señala que la parte quejosa debe aclarar la demanda, más no exhibir una diversa; además, generaría una confusión, tanto para las autoridades responsables como los terceros interesados, al remitirle ambas demandas de amparo (al ser un solo documento) y no saber cuál atender; y, finalmente, se correría el riesgo de que, en el supuesto de que se agreguen motu proprio datos (autoridades, actos o argumentos) que no hayan sido materia del requerimiento, no se destaquen como una ampliación de demanda. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por la que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de trece de mayo del año en curso. Sin embargo, como el promovente pretendió atender la prevención de mérito el primer día del plazo que se le concedió, hágasele saber que le queda cuatro días para dar cumplimiento a lo solicitado; el plazo restante se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto. Continúa vigente el apercibimiento formulado en el auto aludido.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de la quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones, respecto de la publicación de los edictos ordenados en el juicio en que se actúa; atento a ello, dígasele, que las publicaciones, tanto en el periódico de mayor circulación en la República, como en el Diario Oficial de la Federación, deberán hacerse de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; es decir, por tres veces, de siete en siete días, tomando en consideración que en cuanto al periódico El Sol de México, la primera publicación fue el veintiocho de abril del año en curso y en el Diario Oficial de la Federación, se llevará a cabo el diecisiete de los actuales, según las constancias que obran en autos.
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