Joel Mestizo Bravo

Expediente 540/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
540/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Joel Mestizo Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito recibido en este juzgado el cuatro de octubre del año en curso (fojas 198 a 207); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 94 a 100), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal ********************. b) En su lugar dicte un nuevo auto, en el que de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, atendiendo al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, expedido y publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, precise por qué a pesar de tal dispositivo, no es dable otorgarle vigencia al artículo 82 ter del Código Penal del Estado de Puebla, en que el sentenciado sustentó el incidente no especificado de adecuación de la pena. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; sin embargo, sí obliga a purgar los vicios destacados en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción resolver lo que se estime apegado a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el sentido de desechar el incidente." (fijas 99 y 99 vuelta). Resolución que el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 174 a 177). Ahora bien, mediante oficio 1667 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 195), el Juez de lo Penal y Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de marzo de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida emitió una nueva resolución en la cual determinó improcedente tramitar el incidente no especificado de adecuación de la pena planteado por del aquí quejoso. Anterior resolución que la responsable emitió tomando en consideración lo siguiente: 1. Que el artículo 82 Ter del Código Penal del Estado de Puebla (antes Código de Defensa Social), en el que sustentó los hechos de su pretensión, actualmente se encuentra derogado; 2. De conformidad con el tercer transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, expedido y publicado a través del Periódico Oficial de Puebla el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, no es jurídicamente dable otorgarle vigencia a dicho numeral 82 Ter, ya que el procedimiento de la causa penal ******************** está en periodo de ejecución -parte integrante del procedimiento en materia penal-, de conformidad con el diverso numeral 50, fracción IV del código adjetivo de la materia; 3. Lo que a criterio del Juez responsable da pauta a la inaplicabilidad de dicho tercero transitorio, pues no se cumplió a cabalidad con la hipótesis ahí prevista. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, visto el escrito de David Adrián González Pérez, autorizado del quejoso en términos amplios de conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista dada en auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, pues al efecto señala que no está conforme con el cumplimiento dado por el juez responsable, ya que éste, vuelve a establecer la mismas violaciones por las cuales se le había concedido el amparo, en virtud de que no fundamenta ni motiva correctamente su determinación. También aduce que dice que la responsable inobservó el principio de retroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional, por lo que insiste que le resulta aplicable lo establecido en el artículo 82 Ter del Código Penal del Estado de Puebla, además de que la responsable no verificó que el quejoso se encontrara en el supuesto de dicho numeral. Respecto las manifestaciones del quejoso, debe decirse que son infundadas, pues estas se refieren al fondo del acto reclamado y los efectos de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional fueron por vicios de forma, los cuales, según quedó precisado en párrafos anteriores ya han sido subsanados por el juez de la causa; aunado a que en la sentencia de amparo no se estableció que el juez responsable debía observar el principio de retroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito recibido en este juzgado el cuatro de octubre del año en curso (fojas 198 a 207); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 94 a 100), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal ********************. b) En su lugar dicte un nuevo auto, en el que de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, atendiendo al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, expedido y publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, precise por qué a pesar de tal dispositivo, no es dable otorgarle vigencia al artículo 82 ter del Código Penal del Estado de Puebla, en que el sentenciado sustentó el incidente no especificado de adecuación de la pena. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; sin embargo, sí obliga a purgar los vicios destacados en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción resolver lo que se estime apegado a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el sentido de desechar el incidente." (fijas 99 y 99 vuelta). Resolución que el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 174 a 177). Ahora bien, mediante oficio 1667 de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 195), el Juez de lo Penal y Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de marzo de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida emitió una nueva resolución en la cual determinó improcedente tramitar el incidente no especificado de adecuación de la pena planteado por del aquí quejoso. Anterior resolución que la responsable emitió tomando en consideración lo siguiente: 1. Que el artículo 82 Ter del Código Penal del Estado de Puebla (antes Código de Defensa Social), en el que sustentó los hechos de su pretensión, actualmente se encuentra derogado; 2. De conformidad con el tercer transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla, expedido y publicado a través del Periódico Oficial de Puebla el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, no es jurídicamente dable otorgarle vigencia a dicho numeral 82 Ter, ya que el procedimiento de la causa penal ******************** está en periodo de ejecución -parte integrante del procedimiento en materia penal-, de conformidad con el diverso numeral 50, fracción IV del código adjetivo de la materia; 3. Lo que a criterio del Juez responsable da pauta a la inaplicabilidad de dicho tercero transitorio, pues no se cumplió a cabalidad con la hipótesis ahí prevista. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, visto el escrito de David Adrián González Pérez, autorizado del quejoso en términos amplios de conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista dada en auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, pues al efecto señala que no está conforme con el cumplimiento dado por el juez responsable, ya que éste, vuelve a establecer la mismas violaciones por las cuales se le había concedido el amparo, en virtud de que no fundamenta ni motiva correctamente su determinación. También aduce que dice que la responsable inobservó el principio de retroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional, por lo que insiste que le resulta aplicable lo establecido en el artículo 82 Ter del Código Penal del Estado de Puebla, además de que la responsable no verificó que el quejoso se encontrara en el supuesto de dicho numeral. Respecto las manifestaciones del quejoso, debe decirse que son infundadas, pues estas se refieren al fondo del acto reclamado y los efectos de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional fueron por vicios de forma, los cuales, según quedó precisado en párrafos anteriores ya han sido subsanados por el juez de la causa; aunado a que en la sentencia de amparo no se estableció que el juez responsable debía observar el principio de retroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por David Adrián González Pérez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del numeral 12° de la Ley de Amparo; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida responsable manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"

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