Joel Mendieta Jimenez

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Joel Mendieta Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA III. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual envía el diverso signado por el Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica en el Centro Penitenciario Federal Número Dieciocho "CPS Coahuila", en el que remite el acuse de recibo de la misiva 23656/2020, de este índice estadístico, signada por los directos quejosos y de la que se advierte que Christopher Abraham Arellano Rayo, asentó que "No se me proporciono copias de todo lo actuado. Las solicito. Asimismo, hago de su conocimiento de que no se ha cumplido con lo ordenado dentro de la resolución de amparo. No he recibido atención sicológica adecuada (frecuente o de la especialidad requerida) ni el medicamento siquiátrico que necesito. Y solo se me ha hecho firmar registros sin que se me proporcione el mismo ni el recetado Rivotril (CLonazepam) 2Mg". Atento a lo anterior, téngase por recibido el oficio de cuenta y respecto a las manifestaciones hechas por el quejoso Christopher Abraham Arellano Rayo, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias simples que solicita, previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal, y entréguense por conducto de su autorizada; en el entendido, de que deberá seguir el procedimiento de citas para su reproducción y recepción, de conformidad con el capítulo tercero del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, respecto a su manifestación de que ".no se ha cumplido con lo ordenado dentro de la resolución de amparo. [.]", se hace del conocimiento del manifestante que en el presente juicio no se dictó sentencia concesoria del amparo, toda vez que el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia el dieciocho de marzo de la presente anualidad, la cual quedó firme a través del diverso de dieciséis de abril del mismo año; por lo que se tienen por hechas sus manifestaciones, únicamente para que obren como correspondan, dejando expedito su derecho para hacer valer lo que en derecho corresponda. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa III CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, el auto, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente asunto (artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la representante social adscrita a este Juzgado, por el cual formula pedimento ministerial, sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el dieciocho de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio. Con independencia de ello, expídanse a su favor las reproducciones que pide del auto de dieciocho de los cursantes, en la inteligencia de que para su recepción, deberán seguir el procedimiento de citas, de conformidad con el capítulo tercero del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y subsecuentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que los quejosos en el presente asunto *****, reclaman del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, quien actuó con carácter de Juez de Ejecución, y otras autoridades, los actos reclamados consistentes en el traslado y su posterior convalidación, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", al similar número Dieciocho "CPS-COAHUILA", así como la falta de atención médica en dicha Institución carcelaria. En ese orden, respecto al traslado y su posterior convalidación, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" (Énfasis añadido) La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su posterior convalidación, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por ser notoriamente improcedente. La anterior determinación tiene sustento en las resoluciones pronunciadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Luego, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la falta de atención médica, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que la falta de atención médica atribuida a las autoridades responsables adscritas al Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS- COAHUILA", ya no existe en la realidad y, en consecuencia de ello no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no haber derecho humano que reparar. Lo anterior es así, ya que de acuerdo a las constancias certificadas que fueron exhibidas por las responsables junto a su informe justificado, y en el de cumplimiento a la suspensión de plano; las cuales tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte que se ha dado a los quejosos la atención médica que argumentaban no recibir, pues el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se valoró a Abraham Christopher Arellano Arrollo o Abraham Christopher Arellano Rayo, quien acorde a los síntomas que presentó, se le diagnosticó probable trastorno de ansiedad y cefalea tensional, por lo que se le indicó: Recibiendo además atención medica el dos y doce de diciembre del dos mil veinte y diecisiete de enero de dos mil veintiuno, como se acredita de las notas médicas que se adjuntaron. Así mismo, el treinta de septiembre de dos mil veinte, se valoró a Joel Mendieta Jiménez, quien acorde a los síntomas que presentó, se le diagnosticó tina pedís, por lo que se le recetó: Recibiendo también atención médica el dos y doce de diciembre del dos mil veinte y diecisiete de enero del dos mil veintiuno, como se advierte de las notas médicas que se adjuntaron. De manera tal, que han cesado los efectos del acto motivo de análisis, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a/J 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a/J 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas en autos, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensora en el domicilio procesal que tiene designado.

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