Joel Martínez Ortega

Expediente 607/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
607/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Miriam Campa Sanchez
  • Joel Martínez Ortega
  • Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES ATUOS. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DEPURABLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE EL ESCRITO DE AGRAVIOS Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCION DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA RECURRENTE. DEVUÉLVASE EL PRESENTE ASUNTO AL MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

  4. Amparo en revisión

    VISTO el proyecto de resolución presentado por el Magistrado José Guadalupe Sánchez González, en sesión de treinta de septiembre del presente año, del juicio de amparo en revisión administrativo 607/2017, interpuesto por Miriam Campa Sánchez, por propio derecho, en el sentido de sobreseer en dicho juicio por actualizarse la causa prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en correlación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, bajo las siguientes consideraciones: "(.) En la especie, se advierte que se actualiza la causa "de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción V, en "relación con la de improcedencia establecida en el artículo "61, fracción XXIII, en correlación con los numerales 1° y 5, "fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y "107 Constitucionales, que a letra disponen:__ (Se "transcriben).__ Lo anterior en razón de que los actos "atribuidos a la Secretaría de Educación Pública, "Subsecretaría de Educación Básica Normal, Dirección "General de Educación Básica, Dirección de Educación "General, Directora de la Escuela Secundaría General, Miguel "Hidalgo de Actopan e Inspector de la Zona Seis, Sector Tres "de Actopan, todas del Estado de Hidalgo, no constituyen "actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.__ Al "respecto, este órgano de control constitucional estima que los "actos reclamados actualizan la indicada causal de "sobreseimiento.__ Así, el precepto citado en primer término "establece la sobreseimiento en el juicio al advertirse o "sobrevenir una causa de improcedencia.__ Por su parte el "segundo artículo en mención prevé la improcedencia del "juicio fuera de los supuestos previstos en las veintidós "fracciones del numeral 61 antes invocado, siempre y cuando "así resulte de cualquier otra disposición legal.__ En tanto, de "los numerales subsecuentes se aprecia, que el juicio amparo "procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de "autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y "las garantías otorgadas para su protección por la "Constitución y los tratados internacionales de los que el "Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que "se reclame una violación a dichas garantías o derechos para "que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es "necesario que la contravención de los derechos "fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los "hechos que el particular estime contrarios a su interés son "susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino "únicamente los 'actos de autoridad'.__ En este orden de "ideas, es pertinente tener presente que el concepto de "'autoridad' para efectos del juicio de amparo, ha tenido "diversas connotaciones.__ El diccionario de la Real "Academia Española establece que el vocablo autoridad "proviene del latín 'auctoritas, -atis'. Entre las acepciones de "aquélla, se aprecian las siguientes: '1. f. Poder que gobierna "o ejerce el mando, de hecho o de derecho. 2. f. Potestad, "facultad, legitimidad. 3. f. Prestigio y crédito que se reconoce "a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad "y competencia en alguna materia. 4. f. Persona que ejerce o "posee cualquier clase de autoridad. 5. f. Solemnidad, "aparato. 6. f. Texto, expresión o conjunto de expresiones de "un libro o escrito, que se citan o alegan en apoyo de lo que "se dice'. Es la potestad, el poder o la facultad que tiene una "persona sobre otra que le está subordinada.__ En sesión de "diecinueve de marzo de dos mil diez, al resolver el amparo "en revisión 2219/2009, el Pleno de la Suprema Corte de "Justicia de la Nación, precisó que no todo acto emitido por un "órgano público constituye un acto de autoridad para los "efectos del juicio de amparo, sino solamente aquéllos que "impliquen el ejercicio de facultades unilaterales que otorguen "a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el "interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de "supra a subordinación.__ Así, las relaciones de supra a "subordinación son las que se entablan entre gobernantes y "gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a "los segundos, en beneficio del orden público y del interés "social; se regulan por el derecho público; establecen "procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten "por la actuación de los órganos del Estado; además, se "caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la "unilateralidad.__ En la ejecutoria de mérito, se precisó que "existían otros organismos que, si bien dependían de la "administración pública centralizada, no realizaban actos de "autoridad propiamente dichos, pues dentro de sus "atribuciones no existía facultad decisoria alguna, sino que se "limitaban a emitir meras opiniones, las cuales de ninguna "manera se consideraban actos de autoridad para efectos del "juicio de amparo (Por ejemplo: los dictámenes realizados por "los departamentos jurídicos de diversas dependencias en el "procedimiento agrario que son meras opiniones).__ De igual "forma, se indicó que otra línea de evolución del concepto de "autoridad para efectos del juicio de amparo, tuvo lugar por "causa de los actos y resoluciones que emiten los organismos "públicos descentralizados, ya que primero, el Máximo "Tribunal de la Nación estimó, que aun cuando los organismos "públicos descentralizados formaban parte de la "administración pública, conforme al artículo 90 de la "Constitución, éstos no actuaban en representación del "Estado sino que contaban con personalidad jurídica y "patrimonio propios y las actividades que tenían "encomendadas no constituían relaciones de supra a "subordinación, por lo que no se les reconoció el carácter de "autoridad para efectos del juicio de amparo, al considerarse "órganos sin facultades decisorias ni disposición de fuerza "pública, lo que tuvo diversos matices; pues algunos "Tribunales Colegiados reconocieron que los organismos "públicos descentralizados eventualmente podían emitir actos "de autoridad.__ A ese respecto, en la misma ejecutoria se "razonó en relación con el Instituto Mexicano del Seguro "Social, que cuando el legislador le otorgó la facultad de "cobrar las cuotas obrero-patronales a través del "procedimiento económico coactivo, le reconoció, para esos "efectos, el carácter de organismo fiscal autónomo, al "respecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país citó, entre "otras, la tesis aislada de rubro y texto:__ 'INSTITUTO "MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL "CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL "AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, "NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO "ENTE ASEGURADOR, "EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN.'. (Se transcribe).__ De la "tesis reproducida, se desprende la consideración de que el "referido instituto, como organismo público descentralizado, "dadas las diversas facultades legales con que cuenta, puede "o no tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de "amparo. Pues no se le considerará con tal calidad cuando "ejerce la parte de sus atribuciones referentes a su papel de "ente asegurador, en sustitución de los patrones, derivado ello "del vínculo laboral entre el trabajador y éstos, o con base en "un acto jurídico, mediante el cual aquél se obliga a otorgar "determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero "al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en "un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, "dado que involucra el cumplimiento de ese convenio.__ En la "propia ejecutoria, se indicó, que el Pleno del Alto Tribunal de "la nación, pronunció un criterio que interrumpió parcialmente "el diverso que consideraba el 'uso de la fuerza pública' como "requisito del acto de autoridad, por lo que, aceptó la "posibilidad de que los organismos descentralizados, como las "Universidades, en algunos casos, pueden emitir actos "autoritarios susceptibles de impugnarse en el juicio "constitucional.__ De ahí que, se indicó, no todo acto emitido "por un órgano público constituye un 'acto de autoridad para "los efectos del juicio de amparo', sino solamente aquéllos "que impliquen el ejercicio de facultades unilaterales que "otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden "público y el interés social, de tal magnitud, que actualicen "una relación de supra a subordinación.__ En la referida "ejecutoria, se precisó que el juicio de amparo, al ser un "medio de control constitucional de los actos de autoridad, era "improcedente contra actos de particulares; no obstante, en "dicho fallo se dijo que los derechos, las libertades y los "bienes jurídicamente protegidos por la Ley Fundamental, "eran vulnerables en las relaciones entre particulares, pues "tales intereses se salvaguardan con los procesos ordinarios "(penales, civiles, mercantiles, laborales, familiares, etcétera), "cuyas resoluciones son impugnables en el juicio de "amparo.__ En ese tenor, como se anotó el referido concepto "de autoridad para efectos del juicio constitucional ha sufrido "diversas modificaciones.__ La Ley de Amparo, publicada el "dos de abril de dos mil trece, cuyo antecedente es la reforma "constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos "mil once y los procesos legislativos de ésta, donde el "constituyente patentizó la voluntad de transformar al juicio de "amparo en general, como instrumento de protección y "restauración de derechos humanos y orientar instituciones "propias de ese procedimiento, a ser congruentes con esa "voluntad.__ Así, en la exposición de motivos del "ordenamiento sustantivo en cita, se precisó, que el juicio de "amparo protege a las personas no sólo contra actos de "autoridad, sino también contra de particulares. Aspecto que "quedó inmerso en el artículo 5°, fracción II, de la Ley "Reglamentaria en mención.__ De ahí que, el ordenamiento "sustantivo en comento recoge el concepto de autoridad para "efectos del juicio de amparo, cuando se trata de actos que "crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma "unilateral y obligatoria, siempre que esa actuación esté "prevista en una disposición de orden general, o bien, cuando "se omite realizar tales actos que de efectuarse producirían "dichas situaciones jurídicas.__ En ese orden de ideas, debe "destacarse, que el Máximo Tribunal del país y la doctrina "constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres "fundamentales tipos de relaciones, a saber:__ Las de supra a "subordinación, las de supraordinación y las de "coordinación.__ Las relaciones de supra a subordinación son "las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o "sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto "plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-"política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por "actuar los primeros en beneficio del orden público y del "interés social.__ Este tipo de relaciones se caracterizan por "la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual "supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras "facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que "pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de "autoridad correspondientes.__ Por cuanto hace a las "relaciones de supraordinación, debe decirse, que son las que "se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las "que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por "encima de los particulares.__ Así, las relaciones de "coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en "un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los "vínculos que se entablan con motivo de una variedad de "causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de "su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus "diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, "se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos "efectos, tal como se mencionó antes.__ Asimismo, pueden "advertirse como características que distinguen a una "autoridad para los efectos del juicio de amparo, las "siguientes:__ a) La existencia de un órgano del Estado o de "particular que establece una relación de supra a "subordinación con un gobernado.__ b) Que esa relación "tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano de "una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al "ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.__ c) Que "con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través "de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, "situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del "particular.__ d) Que para emitir esos actos no requiere de "acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la "voluntad del afectado.__ Por su parte, la Corte "Interamericana de Derechos Humanos también se ha "pronunciado en torno al concepto de autoridad respecto a los "actos atribuidos a particulares; pues el máximo intérprete de "la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ha "considerado:__ (Se transcribe).__ De ahí que, la "responsabilidad del Estado, puede provenir tanto de las "acciones u omisiones de órganos o funcionarios del Estado, "como por la omisión del ente estatal en prevenir que terceros "vulneren bienes jurídicos protegidos por los derechos "humanos.__ En ese contexto, los actos de particulares "equiparables a los actos de autoridad para efectos del juicio "de amparo, son aquéllos en donde los particulares actúan "como si se tratara de autoridades propiamente dichas, en "tanto que sus atribuciones derivan de algún ordenamiento "legal.__ Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte "de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis "423/2014, determinó, que las características que deben "ostentar los actos realizados por particulares con calidad de "autoridad son las siguientes:__ 1. Que sean actos "equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, "ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y "obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado "sentido.__ 2. Que afecte derechos creando, modificando o "extinguiendo situaciones jurídicas.__ 3. Que sus funciones "estén determinadas en una norma general que le confiera las "atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, "cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de "discrecionalidad.__ Ejecutoria que dio lugar a la "jurisprudencia de rubro: 'ADMINISTRADORAS DE FONDOS "PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO "SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE "RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO "TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS "DEL JUICIO DE AMPARO'.__ Corolario de todo lo anterior, "se tiene, que el juicio de amparo es procedente únicamente "cuando quien acude a él es por violación a sus derechos "fundamentales por parte de autoridades que en uso de sus "facultades, emitan, promulguen, ejecuten, extingan o "modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera "jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su "interés legítimo; o por parte de particulares cuando concurran "los supuestos indispensables para ello; es decir, tales actos "sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, con "independencia de la naturaleza del ente que lo emite, lo que "en el caso concreto no acontece.__ En efecto, el "impedimento de dejarla entrar a laborar a la Secundaría "General Miguel Hidalgo, el cambio de lugar de trabajo sin "causa justificada, que impugnó la ahora recurrente, deviene "de una problemática relacionada con la relación laboral de la "impetrante y la institución precisada como responsable; de "ahí, que lo reclamado, no son actos de autoridad, dado que "no revisten las características propias de aquéllos.__ En "efecto, si bien, la Secretaría de Educación Pública, "Subsecretaría de Educación Básica Normal, Dirección "General de Educación Básica, Dirección de Educación "General, Directora de la Escuela Secundaría General, Miguel "Hidalgo de Actopan e Inspector de la Zona Seis, Sector Tres "de Actopan, todas del Estado de Hidalgo, aludidas como "responsables, son autoridades perteneciente a la estructura "orgánica del Gobierno del Estado de Hidalgo, Sin embargo, "fue la propia quejosa quien precisó en su demanda que "desde el siete de enero de dos mil trece, es trabajadora de "dicha Secretaría de Educación (foja 4), donde ha prestado "sus servicios como maestra de inglés en la Escuela "Secundaria General Número uno, en la Ciudad de Actopan, "Hidalgo.__ De ahí, que deba estimarse que en ese sentido "existe una relación de coordinación, dado que al establecerse "ese tipo de vínculos entre un organismo de Estado y uno de "sus servidores, se coloca a aquél en el mismo plano que la "accionante, lo que conduce a concluir que se trata de una "relación de coordinación y no de supra a subordinación.__ "Sobre el aspecto de la naturaleza de la relación que se "presenta entre los órganos de Estado y los servidores "públicos que les prestan sus servicios, consideró la Segunda "Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al "resolver la contradicción de tesis 96/95, que se trata de un "nexo reconocido en la propia Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, como sui generis de carácter "laboral, aun cuando el trabajo burocrático sea distinto del "ordinario, por la naturaleza que existe entre uno y otro y por "la posición de los sujetos en la relación laboral.__ Lo que se "estimó así, en razón de que en el trabajo ordinario interviene "la libre voluntad de las partes, con la única limitación de las "normas de orden público tendentes a salvaguardar el "equilibrio entre los factores de la producción, mientras en el "trabajo burocrático la relación nace de un acto de "nombramiento y el desempeño de la función no está sujeto a "la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del "servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y "reglamentarias aplicables; sin embargo, esa diferencia no "debe conducir al desconocimiento de la naturaleza laboral de "la relación entre el Estado y quienes le prestan sus "servicios.__ La oportunidad de la anterior consideración "deriva de la circunstancia histórica de que en principio la "relación del Estado y sus trabajadores fue de carácter "administrativo y, posteriormente, como resultado de la "evolución constitucional y legislativa, llegó a equipararse con "una relación laboral, en que el Estado es considerado un "patrón, aunque con notas distintivas especiales.__ Sumado a "lo anterior, se tiene que la relación existente entre la quejosa "y la autoridad que indicó como responsable, no tiene su "nacimiento en la ley, razón por la cual no existe una facultad "administrativa por parte de ésta, cuyo ejercicio sea "imperativo, al provenir de una fuente de naturaleza pública.__ "Pues tal como lo razonó también la Segunda Sala del "Máximo Tribunal del país, los nexos de trabajo entre el "Estado y sus servidores, nacen de la emisión de un "nombramiento en favor de alguna persona y ésta a su vez, "acepta esa designación, lo que obedece a la voluntad tanto "del que emite como del que acepta, no así de alguna "disposición de la ley que haga forzoso el ejercicio de "atribución alguna.__ Tampoco, puede afirmarse que con "motivo de la relación existente entre la quejosa y la autoridad "responsable, ésta emita actos unilaterales a través de los "cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones "jurídicas que afecten la esfera legal del particular, toda vez "que derivado de la emisión y aceptación del nombramiento, "tal como se puso de manifiesto, en tratándose de las "relaciones laborales entre el Estado y quienes le prestan sus "servicios, el desempeño de la función no está sujeto a la libre "voluntad del titular de la dependencia burocrática, ni del "servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y "reglamentarias aplicables.__ Por último, debe decirse que los "actos reclamados, derivan de forma directa del acuerdo de "voluntades celebrado entre quien emitió el nombramiento y "quien lo aceptó, lo que es contrario a uno de los aspectos "que caracteriza a las autoridades para efectos del juicio de "amparo, en donde éstas no requieren para emitirlos, de "acudir a los órganos judiciales, ni precisan del consenso de la "voluntad del afectado.__ Lo que ocurre de manera similar a "lo que consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de "la Nación al resolver el amparo en revisión 2219/2009, "cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social se sustituye a "los patrones con el fin de proporcionar a sus afiliados los "servicios derivados del régimen de seguridad social; en ese "caso se actúa en un plano de igualdad con el asegurado y "sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese "convenio; pues en el particular ocurre que el impedimento de "entrar a laborar en la Escuela Secundaria General Número "Uno, en Actopan, Hidalgo y el cambio de adscripción sin "justificación, vinculados con la problemática relativa a la "situación laboral de la impetrante con la supuesta o real "venta de calificaciones, en todo caso, constituiría un aspecto "relacionado con la situación patronal que tiene con la "autoridad responsable, no así un acto de autoridad para "efectos del juicio de amparo.__ Tomando en cuenta lo "anterior, es claro que ante la existencia de un vínculo de "trabajo, se generan derechos y obligaciones para ambas "partes, dentro de las principales están, a cargo del "trabajador, la de prestar sus servicios en los términos en que "se lo establezca el patrón como un deber el que a su vez le "genera el derecho a recibir su salario, y el patrón tiene "derecho a servirse del trabajo desempeñado por el empleado "pero tendrá también la obligación de enterarle su sueldo.__ "Así, se tiene que si alguna de las partes incumple cualquiera "de las obligaciones derivadas del nexo que los une, el cual "tuvo su origen en el acuerdo de voluntades que se generó "con la emisión del nombramiento correspondiente, tal como "se estableció con anterioridad, tienen el derecho de asistir vía "acción ante los tribunales en que se ventilan los procesos "ordinarios (en el caso laborales), con el fin de salvaguardar "sus intereses.__ Derivado de lo hasta aquí expuesto, es "posible sostener, que con independencia del motivo que "haya originado el cambio de adscripción de Miriam Campa "Sánchez, es claro que ello se vincula con la relación jurídica "existente entre la precitada Secretaría de Educación Pública "del Estado de Hidalgo y la particular quejosa, derivado de un "vínculo de trabajo que surgió a partir de un acuerdo de "voluntades que se dio con la emisión del nombramiento por "parte del funcionario de aquella dependencia facultado para "ello y su aceptación por el ahora quejoso, por lo que no es "posible afirmar que los actos reclamados constituyan un acto "de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues dicho "actuar queda comprendido dentro de aquellos que cualquier "gobernado ejecuta, ya que en tal relación laboral queda "sometida a las prevenciones del derecho laboral como "cualquier particular.__ Apoya lo anterior la tesis I.6o.T.26 L "emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de "Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto:__ "'AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS "DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O "FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO "CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES.'. (Se transcribe).__ "En consecuencia, al actualizarse una causa de "sobreseimiento prevista por el numeral 63, facción V, en "relación con la de improcedencia, de conformidad con lo "dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en correlación con "los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo "procedente es REVOCAR el fallo recurrido en el cual se negó "el amparo y protección de la Justicia Federal y sobreseer en "el juicio de amparo, por cuanto hace a los actos atribuidos a "la autoridades señaladas como responsable.__ Sirve de "apoyo a lo anterior, la tesis ejecutoria emitida por el Tercer "Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que "se comparte de rubro y texto:__ 'IMPROCEDENCIA, "CAUSALES DE. DEBEN EXAMINARSE OFICIOSAMENTE "POR EL TRIBUNAL REVISOR'. (Se transcribe).". En esa tesitura, toda vez que dicha causal de sobreseimiento fue advertida de oficio por este órgano colegiado, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es necesario que se dé vista a la recurrente, concediéndole un plazo de tres días, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse los autos al Magistrado Ponente José Guadalupe Sánchez González. Consideración que tiene apoyo, en la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA "OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL "CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO "SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA "AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA "CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS "PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA "QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE "A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL "ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado "establece que cuando un órgano jurisdiccional de "amparo advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por el "órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para "que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho "convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de "audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y "seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de "Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque "así se presentó o propuso en ese momento por alguno "de los Magistrados, aprecia la posible actualización de "alguna causal de improcedencia no alegada por las "partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y "ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la "decisión adoptada para que, previa notificación por "lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el "objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es "respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la "oportunidad de exponer en relación con esa causa de "improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista "en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el "Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad "de que se actualice un motivo de improcedencia no "alegado ni analizado con anterioridad.".

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