Joel Marroquín Valdez

Expediente 123/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
123/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Joel Marroquín Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese el oficio del Juez en cita, por el que informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; archívese este asunto como total y definitivamente concluido; mismo que es susceptible de depuración y destrucción en los términos señalados. ®

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, siendo las nueve horas notifico al quejoso el proveído de TREINTA Y UNO DE ENEERO DE DOS MIL DIECIOCHO, dictado en el juicio de amparo 123/2018-IV del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que dice: Visto el escrito de demanda signado por el quejoso, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 123/2018-IV, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. A su vez, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de realizar su traslado del Centro Federal de Readaptación social número diecisiete (17), municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán al diverso de las Islas Marías. Así las cosas, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En las dos primeras reglas mencionadas, la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material se surte a favor de determinado juez de distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, ya que si el acto trata de ejecutarse, se ejecuta o ya se ejecutó, en un determinado distrito cobra aplicación la primera hipótesis; por otra parte, si ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, se actualiza la segunda de las indicadas, y por último, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada; emergiendo así la tercera hipótesis mencionada en el artículo antes transcrito. Por tanto, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual en principio debe calificarse la naturaleza de éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien si se trata de actos de diversa índole. En el caso, Joel Marroquín Valdez, reclama la negativa de realizar su traslado del Centro Federal de Readaptación social número diecisiete (17), municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán al diverso de las Islas Marías. Por lo anterior, se advierte que el acto reclamado se trata de ejecutar en el Municipio de Buenavista, Estado de Michoacán, por lo que es de concluirse que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado o se trate de ejecutar el acto reclamado. De conformidad al Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es claro que quien debería en principio conocer de la demanda de amparo es un JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN, EN TURNO; pues es dicha autoridad la que tiene competencia territorial en el domicilio de la parte quejosa, donde se pretende ejecutar el acto reclamado. Resulta aplicable por analogía, la tesis de jurisprudencia número 91, visible en la página 142, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Con motivo de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 párrafo primero y 48, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgado de Distrito, este Órgano Jurisdiccional estima carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo de que se trata. De conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con los artículos 37, párrafo primero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN, EN TURNO, por las razones ya expuestas; por tanto, remítasele la demanda de mérito y sus anexos, tres copias de la misma, formándose el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicítese atentamente al homólogo federal a quien por razón de turno corresponda conocer del juicio, se sirva confirmar la recepción de recibo respectivo e informar si acepta o no la competencia planteada. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Se le tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones a la parte quejosa, el ubicado en calle Lago Yojoa, número ciento ochenta y dos (82), colonia Agua Azul, Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo las diligencias que se ordenen en el presente juicio de amparo; lo anterior, de conformidad en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala en su escrito de demanda, al no acreditar contar con registro de su cédula profesional ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 8o. del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha Ley Federal, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo, se publicará la sentencia que se dicte en este juicio y que haya causado ejecutoria íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el Reglamento en cita.

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