Joel López Arango
Expediente 597/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delegado de la Secretaria Seguridad Pública Con Sede En el Municipio de Amatitlan, Veracruz.
- Joel López Arango
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de dieciocho de julio del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo como lo dispone su dispositivo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió con su escrito de demanda documentos en original, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo Primero y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del citado acuerdo, requiérasele para que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en el presente expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, serán destruidos junto con el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE EN VIRTUD DE QUE SEÑALO LOS ESTARDOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE CARACTER PERSONAL LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito aclaratorio presentado por Joel López Arango, quien se ostenta como representante legal de la Población Ejidal "Úrsulo Galván", del municipio de Amatitlán, Veracruz, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de julio del año en curso; en consecuencia, se provee lo conducente respecto del escrito de demanda, así como del aclaratorio correspondiente. Así, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, este juzgador resuelve lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, aunado a que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse de oficio, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la citada ley. En esa guisa, el suscrito juzgador advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que surge al relacionar los artículos 61 fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado debe considerarse consentido tácitamente al no haberse promovido la acción constitucional dentro del término que para tal efecto establece la legislación de la materia. Los invocados numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos legales en comento se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquéllos contra los cuales el quejoso no promueva la acción constitucional dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor. Expuesto lo anterior, acorde con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se debe precisar que el promovente, como se desprende de la lectura a su escrito aclaratorio, reclamó del Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en Amatitlán, Veracruz, a más de otra autoridad, los siguientes actos: ".bajo protesta de decir verdad señalo como acto reclamado el desalojo cometido por las autoridades señaladas como responsables del predio denominado "Marienela Zacapesco", ubicado en Amatitlán, Estado de Veracruz, en fecha 8 de noviembre de dos mil dieciséis, sin que mostraran alguna orden emitida por autoridad judicial competente para llevar a cabo tal acto, pues únicamente hicieron referencia que dicho desalojo se debía a un juicio que se sigue en nuestra contra en la ciudad de Veracruz, pero como he señalado sin que nos mostraran documento alguno que avalara esa acción, violentando en nuestra contra el derecho de las tierras que hemos tenido en posesión. Asimismo, cabe hacer mención que por error se señaló en el capítulo de antecedentes a las autoridades del municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, siendo lo correcto que las autoridades que llevaron a cabo el acto desalojo son las residentes en Amatitlán, Veracruz, quienes llegaron al predio mencionado con anterioridad, el día ocho de noviembre de dos mil dieciséis, desalojándonos y amenazándonos que si insistíamos en ocupar dichas tierras, nos meterían a la cárcel, así mismo destruyeron el campamento que teníamos instalado en el predio a que se hace referencia." Lo resaltado es propio. Por tanto, vista la demanda, así como el escrito aclaratorio aludido, se concluye que: La parte promovente expresamente confiesa bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el mismo día en que se llevó a cabo el desalojo que aquí reclama, por lo que es evidente que desde esa fecha estuvo en aptitud de impugnarlos; confesión que en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, hace prueba plena. El término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del diez al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, con descuento de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la ley en cita. La demanda que se provee la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, hasta el cinco de julio de dos mil diecinueve. Entonces, si la parte promovente confesó, expresamente y bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, pues así se advierte de las manifestaciones realizadas tanto en su escrito de demanda, como en el aclaratorio de la misma, en las que hace mención que de forma violenta lo desalojaron a él y a sus compañeros, además, que lo amenazaron de ponerlo en prisión; y en el escrito aclaratorio precisa que ese desalojo se verificó el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que el término de quince días que establece la Ley de Amparo para promover la demanda relativa comenzó a correr el diez de noviembre de dos mil dieciséis y feneció el treinta de noviembre siguiente; teniendo en cuenta además que si el ocurso constitucional de que se trata lo presentó hasta el cinco de julio del año que transcurre, tal como se desprende del sello del reloj marcador impreso en la referida demanda, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; entonces, deviene evidente su extemporaneidad, dado que el término de quince días para que la parte promovente presentara su demanda transcurrió en exceso. En apoyo de lo anterior se cita la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, tomo 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En consecuencia, al resultar extemporánea la presentación de la demanda que dio origen a este sumario constitucional, resulta inconcuso que el juicio de amparo que se intenta es notoriamente improcedente, al haberse consentido tácitamente el acto que se tilda de inconstitucional, actualizándose así la causa de improcedencia analizada. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en los párrafos precedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE POR HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve Joel López Arango, contra actos del Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en Amatitlán, Veracruz y otra autoridad; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 597/2019-III. PREVENCIÓN Ahora, con el objeto de proveer tocante a la admisión de la aludida demanda, con fundamento en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de aquél al en que quede legalmente notificada del presente proveído, por escrito al que debe acompañar copias para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con las siguientes prevenciones: PRIMERA. Toda vez que de la lectura integral de la demanda no se advierte si el promovente viene a este sumario constitucional por su propio derecho, sin embargo, se ostenta como Presidente del Nuevo Comité Ejecutivo Particular de la Población Ejidal "Ursulo Galván", municipio de Amatitlán, Veracruz, y refiere acreditar su personalidad con el instrumento notarial veinticuatro mil setenta, pasado ante la fe del Notario Público número cinco de Cosamaloapan, Veracruz, que aduce anexar al escrito de demanda, sin que sea el caso, toda vez que no adjuntó dicho instrumento notarial a la misma. Sin embargo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, la representación del quejoso en los juicios de amparo, se acreditará en términos de lo que dispone la propia Ley de Amparo, y en los casos no previstos se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, lo que se advierte de la transcripción precedente del referido numeral. "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." En el caso particular, de los antecedentes plasmados en su demanda, se desprende que el promovente acude a este juicio en defensa de la propiedad del núcleo ejidal que dice representar, pues sostiene que la superficie objeto de la controversia, le pertenece a dicho núcleo de población Ejidal. Por lo que indiscutible resulta que los actos reclamados en la demanda emanan de una controversia agraria, por lo que la ley que los rige es la Ley Agraria. Ahora, es pertinente precisar que la Ley de Amparo de anterior vigencia, contemplaba un capítulo específico para la substanciación del amparo en materia agraria, dentro del cual, los artículos 214 y 215, preveían lo siguiente: "Artículo 214. Quienes interpongan amparo en nombre y representación de un núcleo de población, acreditarán su personalidad en la siguiente forma: I.- Los miembros de los Comisariados, de los Consejos de Vigilancia, de los Comités Particulares Ejecutivos y los representantes de Bienes Comunales, con las credenciales que les haya expedido la autoridad competente y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad competente para expedir la credencial, o con copia del acta de la Asamblea General en que hayan sido electos. No podrá desconocerse su personalidad, aun cuando haya vencido el término para el que fueron electos, si no se ha hecho nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada. II.- Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al núcleo de población perjudicado, con cualquier constancia fehaciente. Artículo 215. Si se omitiere la justificación de la personalidad en los términos del artículo anterior, el juez mandará prevenir a los interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que por separado solicite de las autoridades repectivas (sic) las constancias necesarias. En tanto se da cumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, el juez podrá conceder la suspensión provisional de los actos reclamados." El primero de dichos preceptos establecía la forma en la que se acreditaría la personalidad de quienes interpusieran amparo en nombre y representación de un núcleo de población, y el segundo, que el Juez los mandaría prevenir si se omitiera justificar dicha personalidad, y además, que solicitaría esas constancias de las autoridades respectivas y en tanto se diera cumplimiento podría conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no contempla dicho supuesto, sino que establece claramente que la personalidad de la parte quejosa debe acreditarse, en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, esto es, la Ley Agraria y en el diverso 114, fracción III, de la Ley de Amparo, que en caso de no acompañar a la demanda el documento que la acredite o éste sea insuficiente, deberá prevenirse para que se subsane. Por tanto, si la Ley Agraria establece que la representación de los Núcleos de Población ejidal, recae en el Comisariado, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del citado ordenamiento legal, que enseguida se cita. "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." No obstante, dicho órgano ejidal deberá estar legalmente constituido para actuar en representación del Ejido, por haber sido electos en Asamblea General, circunstancia que no comprobó el promovente, pues no exhibió documento alguno fehaciente que lo acredite para comparecer a solicitar amparo en su representación, ya que no exhibió documento idóneo para ello, esto es, las credenciales que les haya expedido la autoridad competente y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad competente para expedir la credencial, o con copia del acta de la Asamblea General en que hayan sido electos. De ahí que, como la personalidad es un presupuesto procesal de carácter oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, de no estarlo, esta circunstancia constituye una irregularidad en la demanda, es lo que provoca prevenir al promovente para que satisfaga tal extremo dentro del plazo legal. Por tanto, se le previene para que en el término concedido exhiba documento fehaciente mediante el cual acredite la representación legal con la que se ostentan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 43/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro en IUS 200084 cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." SEGUNDA. Precise el acto que señala como reclamado toda vez que resulta genérico y ambiguo, esto es, cuál es el acto en concreto que le agravia y le causa perjuicio, pues de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables al Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Comandante o Encargado de la Policía Municipal, ambas con sede en Amatitlán, Veracruz, a quienes le reclama lo siguiente: ".LA PLENA AFECTACION A MIS GARANTIAS DE AUDIENCIA, DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO PRECEPTUADAS EN LOS ARTICULOS 14 y 16 CONSTITUCIONALES, SOBRE EL PREDIO DENOMINADO "MARIENELA ZACAPESCO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, VERACRUZ, CON UNA SUPERFICIE DE 602-00-00 HECTÁREAS QUE DESDE HACE TIEMPO TENEMOS EN GESTION, Y QUE FORMO PARTE DEL NUEVO COMITÉ DE POBLACIÓN EJIDAL "URSULO GALVAN ", MUNICIPIO DE AMATITLÁN, VERACRUZ, COMO LO ACREDITO CON EL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO VEINTICUATRO MIL SETENTA, CON FECHA DEL AÑO 2017, PASADA ANTE LA FE DEL C. LICENCIADO JORGE VINICIO GARCIA USCANGA, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 5, DE LA CIUDAD DE COSÁMALOAPAN, VERACRUZ, LA CUAL EXHIBO ANEXA A LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS.." Asimismo, en el capítulo de antecedentes, señala lo siguiente: "ES DE HACERLE DE SU CONOCIMIENTO A SU SEÑORIA QUE DESDE QUE COMENZAMOS A QUERER TRAMITAR LA LEGALlZACION DE NUESTRAS TIERRAS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES LLEGARON PATRULLAS DE LA POLlCIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, ASI COMO EL COMANDANTE DE LA POLlCIA MUNICIPAL DE ANGEL R. CABADA, VERACRUZ, HACIENDO PRESENTES EN LAS SUPERFICIES A QUE SE HACE REFERENCIA, Y DE FORMA VIOLENTA NOS DESALOJARON DE DICHO PREDIO APARTE, AMENZANDONOS QUE NOS IBA A PONER EN PRISION." [SIC] [lo resaltado es propio] De lo anterior transcrito, se advierte que el promovente señala la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias, sin embargo, debe decirse que a las autoridades a las que les reclama dicho acto, no llevan procesos jurisdiccionales en los que se le deben llamar a juicio a las partes dentro de los controvertidos que llevan; ahora, como se advierte de su capítulo de antecedentes, el quejoso se duele de una posible orden privativa de libertad, de la que sí están facultadas para ejecutar las autoridades responsables que señala. Por tanto, deberá precisar con toda claridad cuál o cuáles son los actos que le reclama a las autoridades que señala como responsables, si es la orden privativa de libertad en contra del quejoso por su propio derecho o la orden de desalojo que dice se efectuó en las tierras a que hace referencia; además, deberá precisar la fecha en que se llevó a cabo dicho desalojo, pues no lo señala en su demanda. TERCERA. En ese mismo tenor, deberá aclara el lugar de residencia de la autoridad que denomina como: Comandante o Encargado de la Policía Municipal de Amatitlán, Veracruz, toda vez que de su capítulo de antecedentes se advierte lo siguiente:".ASI COMO EL COMANDANTE DE LA POLlCIA MUNICIPAL DE ANGEL R. CABADA, VERACRUZ, HACIENDO PRESENTES EN LAS SUPERFICIES A QUE SE HACE REFERENCIA, Y DE FORMA VIOLENTA NOS DESALOJARON DE DICHO PREDIO APARTE, AMENZANDONOS QUE NOS IBA A PONER EN PRISION."; por lo que resulta confuso, lo anterior para estar en posibilidad de correrles traslado con copia de la demanda y solicitar los informes de ley. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con las prevenciones señaladas en los términos indicados y en el plazo para ello concedido, su demanda se tendrá por no presentada en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte promovente al cumplir con las prevenciones a que se contrae el presente acuerdo, deberá observar lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la citada Ley, en el sentido de que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos que en un juicio de amparo al formular su demanda afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre y cuando no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 15 de la referida Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, dado que así lo indica en su demanda de amparo; y como autorizado de la parte promovente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de demanda por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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