Joel Juarez Guadarrama

Expediente 912/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Joel Juarez Guadarrama

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiséis de febrero del año en curso, en el recurso queja 189/2020, interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida; en la que la superioridad determinó: "[...] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. [.]" De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, y como por así haberlo solicitado el Tribunal Colegiado no se expide el oficio de acuse de recibo correspondiente. Ahora, en vista de lo resuelto por la superioridad, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja a que este expediente se refiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por Joel Juárez Guadarrama, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual interpone queja en contra del auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), y 99, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios del recurso de queja de referencia. Hecho que sea lo anterior, ríndase a la superioridad el informe con justificación, manifestándole que es cierto que este Juzgado Federal dictó el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte. En su oportunidad, remítase a la Superioridad, copia certificada de las constancias que se estimen necesarias para el conocimiento del asunto que nos ocupa y para lo que tenga a bien resolver. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. BAHENA

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Joel Juárez Guadarrama, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda: Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 107, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es el siguiente: ".IV. Se reclama de la Autoridad responsable La LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos La inconstitucionalidad de la Declaratoria en sentido negativo sobre la revisión al informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos. por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte. La inconstitucionalidad del proceso legislativo de la Declaratoria en sentido negativo sobre la revisión al informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos, por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública La inconstitucionalidad del dictamen que diera origen a la Declaratoria en sentido negativo sobre la revisión al informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos, por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte. De la Autoridad Ejecutora La ilegal e inminente ejecución del resolutivo tercero de la Declaratoria en sentido negativo sobre la revisión al informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos, por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte. Sin embargo, dichos actos no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, en atención a que el acto que se pretende reclamar no es un acto vinculatorio si no solo es un antecedente para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad. A fin de dilucidar lo anterior, debe acudirse al contenido del artículo 5° fracción I y 61 fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. De los preceptos anteriores se destaca que el quejoso tendrá ese carácter, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, se establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente. En ese contexto normativo, este juzgador procede al estudio y análisis del acto reclamado consiste en el informe de resultados del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte. De la lectura efectuada a dicha documental, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que el mismo tiene por objeto establece cuáles fueron las observaciones que no se solventaron o aclararon con motivo de la auditoría practicada al municipio de Atlatlahuacan, Morelos. Pero ello, no implica que se trate de un acto que le este fincando en definitiva una responsabilidad resarcitoria. Por tanto, no afecta el interés jurídico del quejoso, pues cabe hacer mención que dicho informe es previo al inicio del procedimiento administrativo o de fiscalización que pudiera derivar de las supuestas inconsistencias detectadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos. Consiguientemente, atendiendo la naturaleza de las observaciones y de cumplirse con ciertos supuestos, como la competencia de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización para conocer del asunto, o bien, remitir las observaciones a otras autoridades de control interno, como lo serían las contralorías, y que éstas a su vez determinaran la procedencia o no del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, puede concluirse que se trata de un acto futuro de realización incierta. Esto en atención a que no es consecuencia cierta, concreta y determinada la emisión del informe de observaciones, sino resultado de la auditoría que fue practicada a la cuenta pública del Municipio de Atlatlahuacan, Morelos. En ese orden de ideas, este juzgador llega a la conclusión de que el acto que pretende reclamar en esta sede constitucional, no le causa perjuicio alguno, y por tanto, no tiene interés para controvertirlo. Esto es así, ya que el concepto de interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado a favor del gobernado o particular que promueve el juicio, de manera que la transgresión de uno de esos derechos por parte de una autoridad legislativa, judicial o administrativa, lo faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar que cese esa violación. Así, es la violación a ese derecho protegido por el ordenamiento legal lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio biinstancial que se intenta. Lo anterior encuentra sustento la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". La conclusión alcanzada se refuerza con base en el análisis efectuado al apartado de observaciones del acto reclamado, del cual se desprende que aquellas, no emanan de un procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en contra del quejoso. Además, se insiste que el resultado de ese informe no es vinculatorio, sino que sólo es un antecedente, para el inicio de un probable procedimiento administrativo, previamente a otorgar la garantía de audiencia para que pueda deslindar su responsabilidad en los actos que se le puedan fincar en su contra. Esto es así, pues las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos, se imponen por resolución de las propias autoridades administrativas, previo el procedimiento respectivo y en el caso, el documento impugnado sólo es un oficio de observaciones. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "Registro No. 200144 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Abril de 1996 Página: 120 Tesis: P. LXII/96 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa "INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS COMO SANCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. SU IMPOSICIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.- De la interpretación conjunta de los artículos 1o., 3o., 53, 54 y demás relacionados de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en mil novecientos noventa y tres, se desprende que las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos, excepción hecha de la destitución de servidores incorporados como trabajadores de base, se imponen por resolución de las propias autoridades administrativas, ya sea la Secretaría de Estado encargada del sistema global de control o los superiores jerárquicos de los servidores responsables -titulares de las dependencias o coordinadores de sector-, lo cual conduce a afirmar que la misma regla es aplicable para la inhabilitación, de modo que la expresión empleada por el artículo 56, fracción V de la Ley en cita, de que la inhabilitación "será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente", debe interpretarse referida a la autoridad administrativa, a quien de acuerdo con la distribución de competencias le esté asignada la atribución de imponerla, de acuerdo con los criterios relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias que se previenen en la propia Ley." Asimismo, como lo precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la investigación o auditoría efectuada por los funcionarios competentes a una dependencia o en su caso tratándose de la materia de responsabilidades, respecto a las auditorías financieras que llevan a cabo las autoridades fiscalizadoras, dicha etapa únicamente tiene como finalidad aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del servidor público, y lo cual sucede una vez que se lleva a cabo el procedimiento administrativo correspondiente que culmina con la resolución que impone una sanción disciplinaria. Luego, en razón de ello, los vicios o irregularidades resultado de la auditoría financiera, si bien pueden trascender e influir, será hasta la tramitación o sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, reflejada en la resolución que en su caso se emita; por eso, será contra esa determinación (originada en el procedimiento administrativo sancionatorio y no con base en un oficio de observaciones de la autoridad auditora) cuando el interesado podrá demandar su nulidad a través de los juicios o recursos procedentes, en el que podrá desvirtuar o hacer valer los vicios que originaran al mismo. En esa virtud, el oficio de observaciones que derivó de la auditoría practicada al municipio de Atlatlahuacan, Estado de Morelos, no puede considerarse como un oficio en que se emita ni consigne una sanción, o responsabilidad contra el ahora quejoso, pues no es la naturaleza jurídica de tal documento. Además, las diligencias previas a la situación con el objeto de realizar las investigaciones tendentes a demostrar, o determinar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación existente entre la dependencia y el funcionario público, son actuaciones que no forman parte del procedimiento disciplinario. Lo anterior, es acorde al criterio sustentado en la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido a continuación se transcriben: Época: Novena Época Registro: 162566 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: II.2o.T.Aux.23 A Página: 2363 "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos. Asimismo, cobra aplicación por identidad de razón, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2008, del rubro y texto siguiente: Registro No. 170191 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008 Página: 596 Tesis: 2a./J. 8/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORIA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del análisis sistemático de las disposiciones correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que la resolución que culmina con la imposición de una sanción disciplinaria se apoya en la investigación o en la auditoría efectuada por los funcionarios competentes, ya que la finalidad de estas etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del servidor público federal. En efecto, existe tal vinculación en los procedimientos previstos por el legislador en dicha materia, que los vicios o irregularidades de la investigación o de la auditoría pueden trascender e influir, por ende, en la tramitación o sustanciación del procedimiento disciplinario y en la resolución respectiva, de tal suerte que cuando el interesado demande su nulidad podrá hacer valer también toda clase de vicios de procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estará constreñido a su estudio y resolución, en términos de los artículos 15 de su Ley Orgánica, 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." De igual forma, ilustra lo anterior por analogía, la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, que versa: "Registro No. 169664 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Mayo de 2008 Página: 1102 Tesis: VIII.3o.81 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa "OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE. SU CIRCUNSTANCIACIÓN DEBE LIMITARSE A HECHOS U OMISIONES QUE ENTRAÑEN EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES, SIN COMPRENDER LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES O APROVECHAMIENTOS OMITIDOS, ACCESORIOS Y MULTAS A QUE HAYA LUGAR.- De la interpretación armónica de las fracciones IV, VI, VIII y IX del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, se colige que la circunstanciación del oficio de observaciones debe limitarse a los hechos u omisiones detectados en la revisión de escritorio o de gabinete, que entrañen el incumplimiento a las disposiciones fiscales, sin que comprenda la determinación de contribuciones o aprovechamientos omitidos, accesorios y multas a que haya lugar, pues el propósito de dicho documento es que el contribuyente se entere de lo advertido por la autoridad para que, dentro del plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, presente los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en él, así como para optar por corregir su situación fiscal, mediante la presentación de la forma correspondiente, de la cual proporcionará copia a la autoridad revisora; resultando que si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones, o no desvirtúa los hechos u omisiones que éste consigna, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual también deberá serle notificada. Considerar lo contrario implicaría que el oficio de observaciones fuera también liquidatorio, lo cual atenta contra su naturaleza jurídica." Por esas razones, este órgano jurisdiccional estima que la declaratoria en sentido negativo sobre la revisión al informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos, por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5867, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte, emitida la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, no afecta el interés jurídico del quejoso, motivo por el cual se procede a desechar la demanda de amparo por improcedente. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio procesal, autorizados. En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene por autorizadas para los efectos que precisa a las personas que menciona; y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que refiere, siempre y cuando acrediten que cuentan con cédula profesional debidamente registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que las futuras promociones relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa se presenten a través de la modalidad de "juicio en línea" mediante el Portal de Servicios que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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