Joel Jonathan Diaz y/o Diez González
Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Joel Jonathan Diaz y/o Diez González
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 9/2022 que lo prorrogó, se determina: Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por ********** y/o **********, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y otra autoridad. Regístrese con el número 639/2022-IX, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA: De la demanda se destaca la parte quejosa señala como acto reclamado: ".la ilegítima retención de mi persona en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Comaltitlán, Chiapas, sin haber sido sentenciado DESPUÉS DE 7 AÑOS, en franca violación al debido proceso penal y mis garantías constitucionales". El cual atribuye a las siguientes autoridades respónsales: 1. Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. 2. Director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en Comaltitlán, Chiapas. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa. Se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria. De la demanda se observa el accionante de derechos humanos refiere: 1. Se instruye en su contra el proceso penal 48/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, el cual fue consignado al juez del conocimiento el 21 de julio de 2015. 2. Dentro del plazo constitucional el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley de Migración en la hipótesis de transporte de personas extranjeras por el territorio nacional y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 3. Igualmente dictó auto de libertad por el delito de violación a la Ley de Migración previsto y sancionado por el artículo 159, fracción I de la Ley de Migración. 4. Inconforme con esa determinación -auto de libertad-, la representación social adscrita presentó recurso de apelación radicándose el toca penal 377/2015-I del índice del Tercer Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guanajuato, Guanajuato, autoridad que el trece de septiembre de dos mil dieciséis confirmó el auto de libertad decretado en su favor. 5. Después de resolverse el citado toca penal 377/2015-I de aun sigue sujeto al proceso penal 48/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en franca violación al derecho humano de debido proceso. De lo que resulta evidente lo reclamado tiene efectos en el lugar donde reside el Juez que conoce del proceso instruido en contra del quejoso, esto es, corresponde a la jurisdicción de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no debe quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo en el Punto Cuarto, fracción XIX, (DECIMONOVENO CIRCUITO: Estado de Tamaulipas), párrafo primero (Ciudad Victoria) del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anterior, mediante oficio que el efecto se libre se ordena remitir el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con residencia en Ciudad Victoria, a quien se estima competente para que se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Se solicita atentamente al juzgado que por turno corresponda conocer de esta demanda haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la ley reglamentaria. Se solicita atentamente una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el indicado en su ocurso de demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del arábigo 12 de la Ley de la materia, a Pedro Rodríguez Reyes. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los arábigos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del diverso 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los ordinales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 1/2021 que lo prorrogó. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, último párrafo, del invocado cuerpo de leyes, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del dispositivo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 9/2022 que lo prorrogó, se determina: Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por ********** y/o **********, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y otra autoridad. Regístrese con el número 639/2022-IX, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA: De la demanda se destaca la parte quejosa señala como acto reclamado: ".la ilegítima retención de mi persona en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Comaltitlán, Chiapas, sin haber sido sentenciado DESPUÉS DE 7 AÑOS, en franca violación al debido proceso penal y mis garantías constitucionales". El cual atribuye a las siguientes autoridades respónsales: 1. Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. 2. Director del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en Comaltitlán, Chiapas. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa. Se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria. De la demanda se observa el accionante de derechos humanos refiere: 1. Se instruye en su contra el proceso penal 48/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, el cual fue consignado al juez del conocimiento el 21 de julio de 2015. 2. Dentro del plazo constitucional el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley de Migración en la hipótesis de transporte de personas extranjeras por el territorio nacional y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 3. Igualmente dictó auto de libertad por el delito de violación a la Ley de Migración previsto y sancionado por el artículo 159, fracción I de la Ley de Migración. 4. Inconforme con esa determinación -auto de libertad-, la representación social adscrita presentó recurso de apelación radicándose el toca penal 377/2015-I del índice del Tercer Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guanajuato, Guanajuato, autoridad que el trece de septiembre de dos mil dieciséis confirmó el auto de libertad decretado en su favor. 5. Después de resolverse el citado toca penal 377/2015-I de aun sigue sujeto al proceso penal 48/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en franca violación al derecho humano de debido proceso. De lo que resulta evidente lo reclamado tiene efectos en el lugar donde reside el Juez que conoce del proceso instruido en contra del quejoso, esto es, corresponde a la jurisdicción de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no debe quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo en el Punto Cuarto, fracción XIX, (DECIMONOVENO CIRCUITO: Estado de Tamaulipas), párrafo primero (Ciudad Victoria) del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anterior, mediante oficio que el efecto se libre se ordena remitir el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con residencia en Ciudad Victoria, a quien se estima competente para que se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Se solicita atentamente al juzgado que por turno corresponda conocer de esta demanda haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la ley reglamentaria. Se solicita atentamente una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el indicado en su ocurso de demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del arábigo 12 de la Ley de la materia, a Pedro Rodríguez Reyes. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los arábigos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del diverso 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los ordinales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 1/2021 que lo prorrogó. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, último párrafo, del invocado cuerpo de leyes, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del dispositivo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente."
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