Joel Infante Llaudy

Expediente 544/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Joel Infante Llaudy

Actuaciones

  1. Principal

    1. Diligenciación. Agréguese a los autos el oficio y anexos, que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 210/2022-JMOR (orden 276/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos ahí expuestos. 1.1 Anotaciones. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera automáticamente. 2. Informes de suspensión de plano. Asimismo, añádanse al sumario los oficios y anexos remitidos por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, con sede en esta ciudad, y Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, mediante los cuales rinden informe de suspensión de plano. 2.1 Acuerdo. En cuanto a su contenido, téngase a las citadas autoridades migratorias rindiendo informe de suspensión de plano e informando que el once de mayo del año en curso, se libró el oficio de salida del país a favor del quejoso directo Joel Infante Llaudy, dado su petición expresa de retornar a su lugar de origen, anexando al efecto dicho comunicado, el cual contiene la firma del mismo al calce de su nombre; lo que impidió lograr su notificación respecto al auto de doce de los actuales, mediante el cual se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda interpuesta a su favor. 3. No presentada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad del quejoso directo manifestada ante la autoridad la responsable Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para retornar a su país, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 4. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que el citado quejoso al encontrarse fuera del territorio nacional, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 5. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito para notificar al quejoso directo ...el proveído dictado el doce de los actuales, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, fue informado que fue trasladado a la diversa Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. 1.1 Exhorto. Por tanto, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco en turno, con sede en Villahermosa, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente al quejoso directo ...quien presuntamente se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, el auto de suspensión de plano emitido el doce de mayo del año en curso y el presente proveído, así como realizar los requerimientos ahí establecidos; por lo que, se acompaña digitalizado el citado proveído y la demanda de amparo, a efecto de que se encuentre en condiciones de cumplir con la encomienda ahí citada. Además, deberá hacerle de su conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo al quejoso de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en el presente asunto, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento.

  3. Principal

    1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por **** y ***, en favor de ****, contra actos del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 544/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene únicamente como autoridad responsable al Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado de Distrito, que es la encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsable. En relación a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Delegado del Instituto Nacional de Migración con sede en Coahuila, Subdirector de la Estación Migratoria en Coahuila, Personal y oficiales de migración, Delegación del Instituto Nacional de Migración, Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Piedras Negras, Coahuila, y Subdirector y/o Encargado de la Estación Migratoria, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no tienen atribuciones constitucionales, omisiones reclamadas legales o reglamentarias para ordenar o ejecutar que cesen las omisiones reclamadas. Además, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, el llamamiento a juicio de tales autoridades retardaría el acceso de la quejosa a una sentencia definitiva, por la lentitud de las comunicaciones mediante correo postal que se verifican para la entrega del oficio correspondiente. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de éste último; o, Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 4.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o la tengan a su disposición. Para ello, deberá dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 4.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sea sometido. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación que la autoridad responsable pretende ejecutar en contra del quejoso directo *******. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor del quejoso directo *******, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de la misma, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se les obligue a abandonar el país al quejoso. Es decir, se abstenga la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen al quejoso, debiendo quedar en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de la aquí quejosa, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo ******; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida de Joel Infante Llaudy, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 8. Negativa de la suspensión relativa al acto reclamado identificado con el numeral "DÉCIMO" del capítulo de actos reclamados en el escrito de demanda. Por otro lado, se niega la suspensión solicitada por la parte promovente, respecto del acto descrito en el numeral "DÉCIMO" del capítulo de actos reclamados en el escrito de demanda de cuenta, referente a la exposición al virus COVID-19 y/o SARS-COV- 2 por encontrarse hacinado dentro de la estación migratoria de esta ciudad; lo anterior, toda vez que las condiciones en que la autoridad migratoria responsable mantiene alojado al quejoso directo y al resto de las personas de nacionalidad extranjera en las instalaciones que ocupa, es única y exclusivamente responsabilidad de la misma, por lo que, se encuentra expedito su derecho de hacer valer lo que considere necesario ante la instancia correspondiente. 9. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 9.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de una menor de edad o que se ubique en estado de vulnerabilidad. 9.2 Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 9.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 9.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 10. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 11. Domicilio para notificaciones. Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****. 11.1 Números telefónicos. Se tiene a los promoventes proporcionando como números telefónicos los que señalan en su escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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