Joel Huerta Méndez

Expediente 624/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
624/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Joel Huerta Méndez
  • Juez de Primera Instancia en Materia penal en Puruándiro, Mich y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente: Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Juez de distrito no acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que ese juzgado determinó no era factible, aceptar la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Joel Huerta Méndez; lo anterior, al considerar que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, tiene el antecedente próximo más reciente, y que por tanto, no asume el conocimiento del juicio de amparo en que se actúa. Se plantea consulta ante la comisión de creación de nuevos órganos de carrera judicial. 1.- Primeramente, conviene señalar que, según se colige de las constancias que integran el tomo diez del duplicado de la causa penal 134/2012 que fueron remitidas por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, conoció de la demanda de amparo promovida por Joel Huerta Méndez, el once de enero de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, misma que quedó registrada como el expediente 22/2013, y que promovió contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra así como su ejecución, la cual tendría verificativo en esta ciudad capital. En ese tenor, el Juez Noveno de Distrito en el Estado fue la única autoridad responsable que aceptó el acto que le reclamó por el aquí quejoso, aduciendo que el mismo deriva de la causa penal 134/2012 de su estadística; luego, agotadas las etapas procesales correspondientes el veinticinco de junio de dos mil trece el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado dictó sentencia definitiva en la que por una parte sobreseyó en los autos del juicio y por la otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. 2.- Posteriormente, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, conoció de la diversa demanda de amparo promovida por el propio Joel Huerta Méndez, la cual fue registrada como el expediente 309/2016 de su índice, y que promovió contra actos del mismo Juez Noveno de Distrito en el Estado y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, misma que tendría lugar en Uruapan, Michoacán. De igual forma, el Juez Noveno de Distrito en el Estado fue la única autoridad responsable que aceptó el acto que le reclamó por el aquí quejoso, señalando que dicha orden deriva de la causa penal 134/2012 de su estadística; agotadas las etapas procesales correspondientes, el veintiocho de julio de dos mil dieciséis el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el amparo. 3.- Por otra parte, el treinta de julio de dos mil dieciocho, a las once horas con ocho minutos, Joel Huerta Méndez promovió demanda de amparo contra actos del mismo Juez Noveno de Distrito en el Estado, Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán y otras autoridades de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución; por razón de turno, de dicha demanda correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, que por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la radicó como el expediente 624/2018-X. Sin embargo, al advertirse que dicho escrito carecía de algunos de los requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se formularon diversos requerimientos al quejoso y se le previno que en caso de no solventar tales aspectos, dentro del término de cinco días, se tendría por no interpuesta la demanda. Posteriormente, el peticionario del amparo dio cumplimiento a las prevenciones formuladas; motivo por el cual, mediante proveído de trece de agosto del año en curso se admitió a trámite la demanda de garantías que planteó el quejoso, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de esta adscripción; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional; lo anterior, por haberse atribuido la ejecución a autoridades con domicilio en esta ciudad capital. 4.- Luego de que las responsables rindieran su informe justificado el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto que se le reclamó y remitió los autos originales del duplicado de la causa penal 134/2012-II de su estadística, que se sigue al aquí quejoso Joel Huerta Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en agravio de la sociedad previsto por el artículo 2, fracción V, (Hipótesis de secuestro), previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones III, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, y sancionado por el diverso 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 7, fracción II, 8, 9 párrafo primero, y 13, fracción III, todos del Código Penal Federal; asimismo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones I, II, III, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, ambos ilícitos cometidos en agravio de Cuauhtémoc Villegas Hernández, en términos del numeral 17, fracción I, del ordenamiento en cita. De tales constancias, se obtuvo el conocimiento de que el mismo quejoso promovió con anterioridad a la presentación del juicio de amparo en que se actúa dos juicios de amparo en los que se reclamaron los mismos actos de autoridad atribuidos a la misma autoridad ordenadora (Juez Noveno de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad) quien aceptó el acto reclamado expresando que el mismo deriva de la causa penal 134/2012 de su estadística, juicios de control constitucional que se encuentran identificados con los expedientes 22/2013 y 309/2016 de los índices de los Juzgados de Distrito Segundo y Octavo, el primero de ellos con residencia en la ciudad de Morelia, y el segundo con residencia en Uruapan, Michoacán. Por esa razón, mediante proveído dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal consideró que el conocimiento de la demanda de amparo que dio génesis a este expediente le corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por ser a dicho tribunal a quien conoció del juicio de amparo 22/2013, relacionado con la causa penal 134/2012; lo anterior, por considerar que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales resulta aplicable únicamente entre los órganos de la misma demarcación territorial que a su vez dependen de una misma de oficina de correspondencia común, lo anterior, por actualizarse los supuestos previstos por el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo en cita. En mérito de lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Michoacán, envió la totalidad de las constancias que integran el expediente 624/2018-X con los diez tomos de pruebas que obran por separado al Juzgado Segundo de Distrito en esta misma Entidad Federativa. 5.- Sin embargo, por acuerdo de dieciséis de septiembre posterior, el órgano jurisdiccional se rehusó a conocer del presente juicio argumentando toralmente que: ".El suscrito no acepta la competencia planteada, por las razones que a continuación serán expuestas. En efecto el suscrito no comparte dicho criterio, virtud a que se estima que en el caso no se actualiza el criterio en relación a la hipótesis establecida en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el cual establece lo siguiente: [.] Así se considera, porque si bien es cierto que con anterioridad este tribunal conoció del juicio de amparo 22/2013, promovido por JOEL HUERTA MÉNDEZ, en el que reclamó la orden de aprehensión, también lo es, que ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, también se registró el juicio de amparo 309/2016, en el cual el quejoso reclamó igualmente la orden de aprehensión dictada en su contra y en el cual dictó la sentencia correspondiente el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, y por lo mismo no se actualiza la fracción IV del Acuerdo en mención, puesto que este órgano jurisdiccional no fue el último en conocer de la causa penal de la que emanan los actos en reclamo, puesto que conforme se desprende de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, concretamente en el Tomo diez del cuaderno de pruebas, se advierte que el último juicio de amparo fue registrado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, bajo el número 309/2016. En el caso, el suscrito considera que el juicio de amparo 624/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, debió de haberse remitido al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, por ser ésta autoridad quien conoció del último juicio de amparo promovido por el peticionario de garantías y contra el mismo acto reclamado. Además, conviene destacar que tampoco resulta pertinente aceptar la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, porque la causa en la que apoya su determinación no se encuentra sustentada válidamente en alguna de las reglas de competencia previstas por la Ley de Amparo, ya sea de naturaleza objetiva, como cuestiones de territorio, materia, grado, cuantía o bien, por alguna subjetiva, que derive de un impedimento, excusa o recusación o conocimiento previo del asunto, sino que, más bien, obedece a una cuestión de organización administrativa en el turno y asignación de los asuntos sometidos al conocimiento de los Juzgados de Distrito que en todo caso debe ser determinada por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común. Así, en aras de favorecer el conocimiento previo adquirido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, y preservar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional, dando mayor celeridad a la impartición de justicia, se considera que dicho órgano es el competente para conocer del juicio de amparo en cuestión.". Todo lo expuesto hasta el momento, genera la necesidad de formular la consulta pertinente ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 46, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que, de ser posible, defina cuál de los órganos jurisdiccionales debe conocer del asunto 624/2018-X, que actualmente se tramita ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y de ser posible, aclare si el acuerdo puede aplicarse entre órganos de distinta demarcación territorial, que tengan asignadas distintas oficinas de correspondencia. Luego, para que dicha Comisión se encuentre en aptitud de dilucidar el aspecto que se plantea, remítanse copias certificadas de las principales constancias del asunto radicado ente este juzgado así como de las que obran en el tomo diez de pruebas. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN OFRECE ALEGATOS Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el pedimento número 313/2018, que signa la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula los alegatos que a su representación social corresponde, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la celebración de la audiencia constitucional; y, en cuanto a la solicitud que hace en el sentido de que se le expida copia simple de la sentencia que se dicte dentro del juicio de amparo en que actúa, expídasele la misma una vez que se emita. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza.- Doy fe.Mgm

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Se hace efectivo apercibimiento y declara autoridades inexistentes. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso en proveídos de diecisiete y veinte de agosto del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades responsables señaladas como, "Delegado Estatal de la Subprocuraduría de Control Regional de Morelia, Michoacán" y "Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado, con sede en esta ciudad", a la fecha ha fenecido, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo los apercibimientos formulados en los proveídos en cita y se ordena tener como inexistentes a las autoridades de mérito, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las autoridades de que se trata. Vista con estado de autos. Por otra parte, siguiendo con el estado que guardan los presentes autos, específicamente las constancias que remitió el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en los autos originales del duplicado de la causa penal 134/2012-II de su estadística en diez tomos, que se sigue al aquí quejoso Joel Huerta Méndez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en agravio de la sociedad previsto por el artículo 2, fracción V, (Hipótesis de secuestro), previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones III, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, y sancionado por el diverso 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 7, fracción II, 8, 9 párrafo primero, y 13, fracción III, todos del Código Penal Federal; asimismo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones I, II, III, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, ambos ilícitos cometidos en agravio de Cuauhtémoc Villegas Hernández, en términos del numeral 17, fracción I, del ordenamiento en cita. Ahora, de las constancias que integran la demanda de amparo que dio origen a la formación del juicio de amparo en que se actúa, se colige que el acto reclamado en esta instancia de control constitucional lo es la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, así como el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y como consecuencia de ello, su ejecución. En ese contexto, por lo que hace al juez de primera instancia, del contenido de su informe justificado se desprende que negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó, en tanto que el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto que se reclama, en ese contexto, de las constancias que remitió este último para justificar su informe, se desprende que se radicó el diverso juicio de amparo 22/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que el aquí quejoso reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra así como su ejecución, actos que atribuyó a diversas autoridades, entre ellas el Juez Noveno de Distrito en el Estado, quien aceptó el acto reclamado manifestando que dentro de la causa penal 134/2012 emitió la orden de aprehensión reclamada en contra del promovente del amparo, por su probable comisión en los ilícitos citados en parágrafos que anteceden. Esto es, tanto el acto reclamado en el juicio de amparo 22/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, como los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo, derivan de la misma causa penal 134/2012 del índice del homólogo federal responsable. Además, se obtiene que la demanda de amparo promovida por Joel Huerta Méndez, que dio origen al juicio de amparo 22/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, fue presentada el once de enero de dos mil trece; mientras que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue presentada y turnada a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, el treinta de julio de dos mil dieciocho. Análisis del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa. Ahora, es pertinente destacar el contenido delos artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 21/05/2015. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 14/03/2016. III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Asimismo, en la fracción IV del aludido numeral, se determina que el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarde relación. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Al respecto, hay que acotar que la anterior disposición administrativa fue modificada en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura General que reforma y adiciona su similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, no obstante, la citada modificación no afectó en forma alguna las disposiciones normativas citadas en las fracciones II y IV del aludido numeral, pues sólo afectó diversas fracciones. Precisados los supuestos o formas que existen de turnar los asuntos y con base en los registros previos que obran en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, así como de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), además, de las constancias que remitió a este órgano jurisdiccional el Juez Noveno de Distrito en el Estado, relativas a los autos originales del duplicado de la causa penal 134/2012 de su estadística, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías 22/2013 de la estadística del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, proviene de esa causa penal. Ahora, como en la demanda que generó el juicio de amparo en que se actúa 624/2018-X, promovido por Joel Huerta Méndez, en la cual reclama lo siguiente: la orden de aprehensión dictada en su contra y como consecuencia de ello su ejecución; tiene su origen también en la causa penal 134/2018 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, se estima que no correspondería a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo de cuenta, sino al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por ser a dicho juzgado federal a quien se le turnó la demanda de amparo promovida por Joel Huerta Méndez y otro, registrada con el número 22/2013; ya que es el asunto más reciente relacionado con la causa penal 134/2012 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conoció del juicio de amparo más reciente, o bien, del antecedente inmediato, en el que el acto reclamado deriva del mismo juicio de origen; esta potestad federal estima que el referido Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, previa copia que de las principales constancias se obtengan para formar el cuaderno de antecedentes relativo, mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase el cuaderno de amparo en que se actúa, así como los diez cuadernos de prueba respectivos que obran por separado, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por tratarse de un asunto relacionado al que anteriormente ha conocido, ya que los actos reclamados en ambos juicios de amparo derivan de la misma causa penal de origen. Solicitando el acuse de recibo. Atento a lo anterior, además hágase del conocimiento del Juez Segundo de Distrito en el Estado que el treinta de agosto del año en curso se concedió la suspensión definitiva al ahora quejoso para el único efecto de que una vez que el quejoso sea aprehendido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que se encuentre recluido y a disposición del juez de la causa para la prosecución de ésta, hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se emita en el juicio de amparo de donde derivan los cuadernos incidentales que al efecto fueron formados, lo anterior, en razón de que los delitos que se le imputan son de los considerados como graves por estar comprendidos dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; en el concepto de que no se fijó garantía al quejoso dado el efecto por el cual se concedió la suspensión en cita, además no existe diversa cédula bancaria exhibida en autos, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se deja sin efectos fecha para audiencia constitucional. En tal virtud, atendiendo al contenido de la certificación secretarial que encabeza este proveído, de la que se desprende que la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy, en virtud del returno que ahora se plantea, se deja sin efectos la celebración de la misma para todos los efectos legales a que haya lugar. Se agrega escrito de autorizado del quejoso. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso, sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto dado el sentido de la determinación adoptada en este proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    por medio de lista notifico al quejoso la resolución incidental de treinta de agosto del año en curso, que en su parte conducente narra: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta de agosto de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 624/2018-X, promovido por Joel Huerta Méndez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, Acto continuo, el Secretario da cuenta con el telegrama presentado ante el oficial d epartes de este organo jurisdiccional el veitinueve del mes ya ño en curso, registrado con el número 13170, a tráves del cual, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, rinde informe previo que le fue solicitado. Asimismo, se hace constar que autos de dieciséis y veinte de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con la inexistencia de las autoridades que señaló como "Delegado Estatal de la Subprocuraduría de Control Regional de Morelia, Michoacán" y "Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado", respectivamente, a fin de que manifestara lo que a su interés correspondiera, transcurriendo dicho término por lo que hace al primero de los autos del veintiuno al veintitrés, mientras que en relación al segundo de ellos del veintisiete al veintinueve, todos del mes y año en curso, sin que lo haya hecho. Por otro lado, da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por: Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por realizada la relación del informe previo en cita; en ese sentido, téngase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, rindiendo el informe previo que le fue solicitado. De igual forma, atendiendo a lo asentado en la certificación secretarial que antecede, se hacen efectivos los apercibimientos formulados al promovente del amparo, lo cual conduce a tener como inexistentes a las autoridades de mérito, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las autoridades de que se trata, y en consecuencia no se hará pronunciamiento respecto de las mismas en esta resolución incidental. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa anexó a sus escritos de demanda y aclaratorio las siguientes documentales: Copia de la convocatoria de celebración de asamblea de la comunidad agraria del ejido de Puruándiro. Copia de la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil nueve por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito treinta y seis, con residencia en esta ciudad, respecto del juicio de nulidad de asamblea general de la comunidad agraria en cita. Copias de diversas constancias relativas a una fe de hechos levantada por el notario público número treinta y uno en Puruándiro, Michoacán; y, copia de la denuncia por delito de robo en contra de diversas personas diferentes al aquí quejoso, mismas que en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante escrito presentado el diecisiete de agosto del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 624/2018-X; y, R E S U L T A N D O: 1.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Joel Huerta Méndez, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán y otras autoridades. 2.- Pronunciamiento de la medida suspensional solicitada. Mediante proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, previo cumplimiento de prevención, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Precisión del acto reclamado. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, de las autoridades responsables, la orden de aprehensión dictada en su contra y, como consecuencia de ello su ejecución. SEGUNDO.- Inexistencia del acto reclamado. Del informe previo rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, se advierte que negó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. En ese sentido, no obstante que el amparista solicita la suspensión definitiva por cuanto a la orden de aprehensión dictada en su contra por la señalada autoridad ordenadora así como su ejecución, satisfaciendo con ello el requisito que contempla el artículo 128 de la Ley de Amparo; se estima que, no procede conceder la medida suspensiva por lo que hace al citado Juez responsable, en virtud de que el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de este, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra del acto atribuido a la autoridad que en el presente considerando nos atañe, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, de la existencia del acto que se le reclama, sin que el peticionario del amparo haya ofertado probanza alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz." TERCERO.- Existencia del acto reclamado. Por otra parte, del contenido del informe previo rendido por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que éste reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama, pues refiere que dentro de la causa penal 134/2012-II de su estadística, por resolución de veinte de diciembre de dos mil doce, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Joel Huerta Méndez, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada, en agravio de la sociedad, previsto por el artículo 2, fracción V, (hipótesis de Secuestro, previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones III, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de Cuauhtémoc Villegas Hernandez, y sancionado por el diverso 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, concatenado con los artículos 7° (acción), fracción II (permanente), 8° (acción dolosa), 9° párrafo primero (doloso directo), y 13, fracción III (los que se realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; asimismo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 228, fracciones I, II, IV y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de Cuauhtémoc Villegas Hernandez, en términos del numeral 17, fracción I, del citado ordenamiento legal. CUARTO. Procedencia de la suspensión. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con el acto que se reclama al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, teniendo en consideración que el amparista reclama del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, y que éste reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama, pues refiere que dentro de la causa de origen se dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, señalando al efecto que los delitos que se le imputan son de los considerados como graves por estar comprendidos dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Atento a ello, válidamente puede colegirse que, se satisface el requisito que contempla el artículo 128, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y, de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se concede a Joel Huerta Méndez, la suspensión definitiva de los citados actos reclamados, para el único efecto de que una vez que el quejoso sea aprehendido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que se encuentre recluido y a disposición del juez de la causa para la prosecución de ésta, hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se emita en el juicio de amparo de donde derivan los presentes cuadernos incidentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que enseguida se inserta: "Época: Novena Época Registro: 198602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Junio de 1997 Materia(s): Penal Tesis: XIX.1o.8 P Página: 786 SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE LIBRÓ POR UN DELITO CALIFICADO COMO GRAVE. Si bien es verdad que en ninguna parte de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo se consigna que tratándose de órdenes de aprehensión la suspensión procede cuando se trate de delitos graves, también lo es que una recta interpretación del párrafo quinto del segundo de los numerales en comento permite establecer que el legislador federal claramente se refiere a ese tipo de ilícitos al establecer que cuando la orden de captura se vincule con delitos que conforme a la ley no permitan la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, y a la del Juez del proceso para la continuación de éste; por lo que es intrascendente que en la ley reglamentaria no se haya utilizado el término sacramental "delito grave"; pues tal omisión, en todo caso, podría dar lugar a una reforma legislativa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Queja 33/97. Miguel Gerardo Verduzco George. 23 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales. Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de abril de 2001, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 67/2000 en que participó el presente criterio.". Salvedad. La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; sin que se estime necesario fijar garantía al promovente del amparo, dado el efecto por el que se concedió la suspensión definitiva. Por otra parte, solicítese al Juez en cita que, de ejecutarse la orden reclamada de inmediato lo comunique a este juzgado. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Joel Huerta Méndez la suspensión definitiva respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, por el motivo precisado en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a Joel Huerta Méndez la suspensión definitiva respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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