Joel Hernández Rodríguez
Expediente 1003/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2019
Partes del expediente
- Joel Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Confirma sentencia. Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2045/2016, de la estadística local, un legajo de copias certificadas relativas a dicho juicio de amparo, y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 435/2017, del índice del Tribunal oficiante, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia sujeta a revisión que concedió el amparo para efectos". Anotaciones. Agréguese a los autos, hágase saber la circunstancia anterior a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; y acúsese recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Copias certificadas. Asimismo, con relación al legajo de copias certificadas que remite la superioridad, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Efectos. Toda vez que la resolución dictada, la cual fue confirmada por la superioridad, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: La autoridad responsable Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, deberá, de conformidad con los lineamientos establecidos en esta sentencia, dejar insubsistente el acuerdo de reinicio datado el veintiocho de octubre de dos mil quince, emitido en el procedimiento administrativo de separación identificado con el número PES016/2013-CMSPCPHJ, de su índice, y declarar la prescripción de dicho procedimiento, en la que, se ordene el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo injustificadamente. En el entendido de que, el hecho de que la concesión del amparo solicitado tenga por efecto de que se emita un acuerdo en el que se declaré la prescripción de dicho procedimiento incoado en su contra, en el que la autoridad instructora ya determinó la separación definitiva del ahora quejoso, del servicio que prestaba en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, desde el ocho de enero de dos mil catorce (folio 395 vuelta), no implica que la autoridad responsable al emitir ese auto, reincorpore a dicho inconforme al cargo que venía desempeñando en tal corporación policíaca, sino que, ante tal imposibilidad, se pretende compensar tal situación con el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que se tenga derecho, al demostrase que dicha separación del cargo, fue decretado en forma injustificada. [.] Por tanto, la presente ejecutoria de amparo constriñe a las responsables a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, II. De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. [.] Luego, no es dable dejar insubsistentes las consecuencias que se concretaron en la separación del cargo del quejoso, dado el imperativo categórico previsto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución, que se traduce en la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad, aun cuando esta autoridad de amparo haya resuelto la violación a garantías por los motivos antes precitados, pues en ningún caso, procede la reincorporación al servicio. De manera que, como se precisó con anterioridad, las autoridades responsables únicamente tienen una obligación resarcitora al servidor público, como responsabilidad administrativa del Estado, pues esa fue la intención del constituyente permanente, porque la reforma constitucional privilegió el interés de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, efectivas y eficaces; y si bien la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. Se puntualiza que al quedar subsistente la resolución, en la parte que decreta la terminación de la relación jurídica administrativa del quejoso respecto del servicio que prestaba en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, se cumple con el imperativo constitucional, pues debe quedar asentado en las instituciones, la mencionada separación a fin de que no proceda con posterioridad la reincorporación al servicio en las instituciones públicas por parte del quejoso, pues de otra manera, no quedaría evidencia de la separación. Luego, no procede la reinstalación en el cargo que venía ocupando en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, en los mismos términos y condiciones que desempaña previo a la emisión de la resolución por la que se decretó la terminación de la relación jurídico administrativa, porque como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 102/2010, el derecho a una reinstalación, constituía una simple expectativa de derecho. [.] En ese sentido, la excepción constitucional establecida en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, aplica para todos los cuerpos de seguridad del País, sean, federales, estatales o municipales, por lo que prevalece dicha norma magna frente a las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan, atento al orden jerárquico que establece el artículo 133 de la misma Constitución, que otorga a esta, la Supremacía sobre cualquier otra disposición. Más aun cuando existe jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso la separación del cargo a los elementos policiacos, implica el cese de sus funciones, por lo que no cabe, que a virtud del amparo, sean restituidos en el puesto que desempeñaban, porque el cese los ubica en la excepción constitucional que prohíbe la reinstalación, y además debe acatarse en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se originó al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, donde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó claro que tiene preferencia, la decisión del constituyente de impedir que los elementos de los cuerpos de seguridad pública entre otros, que hubieran causado baja, se reincorporen al servicio, sea cual fuere la causa de su baja o cese. Así pues, al no proceder la reincorporación del quejoso en el servicio público que venía desempeñando, en razón de la terminación de la relación jurídica administrativa decretada el ocho de enero de dos mil catorce (folio 395 vuelta), porque el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo prohíbe, es innegable que debe prevalecer dicha norma magna, frente a las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan, atento al orden jerárquico que establece el artículo 133 de la misma Constitución, que otorga a esta la Supremacía sobre cualquier otra disposición. Más aun cuando existe jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que si es susceptible de dar cumplimiento en tres días, en virtud de lo estipulado en párrafos que anteceden. Requerimiento a autoridad. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad encargada del cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio proveniente electrónicamente por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 239/2019, así mismo, informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y la autoridad responsable Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con el número de toca 222/2019.
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de mayo de dos mil diecinueve. Requiéranse constancias. Visto los presentes autos y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a recabar las actuaciones que se estimen necesarias para la resolución del asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada, completa y legible de las constancias que integran las tercerías excluyentes de dominio derivadas del juicio ejecutivo mercantil 1233/2015 de su índice, así como de los documentos base de la acción exhibidos por la parte actora. Apercíbase. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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