Joel Heredia Naranjo

Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Joel Heredia Naranjo

Actuaciones

  1. Principal

    En cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que el término legal que disponía la parte quejosa para impugnar el auto de trece de abril del año en curso, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, transcurrió del veintiuno al veintisiete de abril de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles en virtud a que fue notificada el diecinueve del mismo mes y año; sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Conste. Cuenta. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste. Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnado por la parte quejosa, el auto de trece de abril del año en curso, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    r.una demanda de amparo recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada con el número de folio 4641. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de abril de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Por recibida la demanda promovida por ********************; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 246/2023. EXAMEN DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama los actos de las autoridades siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. I.- Juez tercero de primera instancia en materia civil del distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del expediente con el número ********************, como Autoridad ordenadora. 2.-EL CIUDADANO ACTUARIO NOTIFICADOR, como autoridad ejecutora lo es el Ciudadano, actuario notificador adscrito al Juzgado tercero de instancia en materia civil del distrito Judicial de Uruapan, Michoacán encargado del Expediente con el número ********************. 3.- LO ES EL CIUDADANO REGISTRADOR PÚBLICO del Municipio de Uruapan, Michoacán como autoridad ejecutora. IV. ACTO RECLAMADO. 1.- De la autoridad ordenadora, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente con el número ********************, relativo al Juicio Ordinario civil de Prescripción Positiva, seguido por el señor ********************, y la orden de ejecutar dichos actos procésales para materializarse sobre un inmueble del que el suscrito soy propietario, ubicado en mi predio denominado "********************" ubicado en el ******************** en la que se encuentra establecida una huerta de aguacate, Distrito de Uruapan Municipio de Tancítaro Michoacán, en el juicio mencionado, así como el dictado de la sentencia que condenó y ordenó el desposeimiento de la finca mencionada, por lo que ordenó la ejecución por lo que demando el amparo y Protección de la Justicia Federal, pues no he sido oído ni vencido en juicio, para que me vea afectado en mi propiedad. 2.- De la autoridad ordenadora también reclamo la falta o el indebido emplazamiento realizado al suscrito, y como consecuencia de ello, la insubsistencia de todo lo actuado en el Expediente con el número ********************, relativo al Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, promovido por el Señor ********************, en mi contra, en virtud de que dicho emplazamiento no se realizó conforme a derecho, ni se siguieron las formalidades que rigen el procedimiento en el juicio indicado ya se dictó sentencia definitiva y en cumplimiento de esta última se ordenó el desposeimiento y entrega material de un inmueble de mi propiedad dentro del juicio mencionado, así como el dictado de la sentencia que condenó a la entrega de la finca mencionada. 3.- Todas y cada una de las actuaciones que se han practicado con posterioridad y que sigan efectuando en el Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, al que se ha hecho referencia en especial el inminente desposeimiento, que puedo ser objeto del inmueble de mi propiedad, así como también todas y cada una de las actuaciones practicadas en ejecución de sentencia, y todas las demás actuaciones que se sigan realizando en dicho procedimiento judicial. De la autoridad Ejecutora. Se le reclama la diligencia de emplazamiento, así como la posible ejecución de los actos pendientes a dar cumplimiento a la sentencia definitiva existente, de igual forma reclamo la ejecución o posible ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora y en especial el inminente desposesión y lanzamiento que soy objeto que hacen en perjuicio del suscrito del inmueble mencionado". CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. Ahora, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del tomo XXXI, enero de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Dicho criterio jurídico cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 1002504, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley, mas no inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es de invocarse, la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país, consultable en la página 6, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 393961, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En ese contexto, el quejoso afirma bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que en dicha data le pidió a su hermana que sacara un certificado de libertad de gravamen del predio que aduce es de su propiedad, denominado "********************" ubicado en el ********************, Municipio de Tancítaro, Michoacán, en el que se encuentra establecida una huerta de aguacate, quien al constituirse en el Registro Público de la Propiedad, encontró que el predio descrito se encontraba inscrito a nombre de su hermano ********************, en virtud de que se lo había adjudicado mediante la interposición de un juicio ordinario civil de prescripción positiva, radicado por la autoridad responsable con el número de expediente ********************. La manifestación realizada por la parte quejosa, en su escrito de demanda, en el que expresa que se hizo sabedor del acto reclamado, el veintiséis de enero del presente año, constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página 64, con número de registro 186676, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad." Por tanto, en el caso nos encontramos en el tercer supuesto previsto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativo a que el plazo se contará desde el día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. De ahí que, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo empezó a contar a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedor de los actos impugnados; esto es, del veintisiete de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin computar los días: veintiocho y veintinueve de enero, así como cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del año que transcurre, por corresponder a días inhábiles. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó en el buzón de servicios en línea de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad el doce de abril de dos mil veintitrés, según la papeleta de turno respectiva, es inconcuso que se presentó de manera extemporánea. Por lo tanto, se insiste que el amparista era sabedor de los actos reclamados, aunado a que los mismos no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal; por tanto, la parte quejosa debió presentar su demanda dentro del plazo genérico de quince días. Máxime, que constituye un hecho notorio para este Juzgador Federal, que a través del ocurso presentado el veinte de febrero del año que transcurre, el quejoso promovió juicio de amparo contra el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta Ciudad, de quien reclamó la misma resolución dictada en el expediente de origen ********************, la cual fue radicada en este órgano jurisdiccional con el número de expediente 103/2023, en donde la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que se ostentó sabedor del acto reclamado, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, al resultar manifiesta e indudable la referida causal de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y USUARIO. Por otro lado, se le tiene autorizando, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Asimismo, se le tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. No obsta a la autorización del domicilio que el quejoso en uno de sus antecedentes refiera a un posible estado de reclusión en una prisión de los Ángeles California; toda vez que, dicha circunstancia no está plenamente probada en autos, además, en el presente caso el amparo no versa sobre actos en materia penal, por lo que no le son aplicables las reglas de notificación previstas en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que dispone que las notificaciones personales al quejoso privado de su libertad, pueden hacerse de manera indistinta, ya sea en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones, máxime que en el asunto que nos ocupa el quejoso señaló domicilio para recibir notificaciones y persona designada para ello. Al caso es aplicable la jurisprudencia: 104/2022 (11a.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, Undécima Época, con registro digital 2025391, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable". DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido del Secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.

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