Joel Gutiérrez Páez
Expediente 1518/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Joel Gutiérrez Páez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido, ya que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del trece de marzo de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que no concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1518/2022-I, promovido por ********************, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Y hace constar que el tribunal penal responsable fue omiso en rendir su informe justificado. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Respecto de la autoridad omisa en rendir su informe tómese en consideración al momento de resolver. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta al Juez con la prueba documental ofrecida por el quejoso. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental citada. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto este período, el secretario hace constar que el agraviado los formuló. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1518/2022-I; y, R E S U L T A N D O: I. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, mediante proveído del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo con el número 1518/2022-I; se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe justificado; dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hacen consistir en: La determinación del siete de diciembre de dos mil veintidós emitida en el toca de apelación 602/2022 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México. Tercero. El Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, no rindo su informe de ley, por tanto se presume cierto el acto reclamado de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la legislación de amparo. Máxime que el quejoso exhibió junto con su demanda la determinación reclamada. Por su parte, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec Estado de México, al momento de rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin embargo dicha negativa se desvirtúa y se presume cierto toda vez que fue señalada como autoridad ejecutora de la determinación reclamada. Cuarto. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin advertirse una diversa causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. Tercero. Los conceptos de violación son infundados por los motivos que se pasan a exponer. De manera general, el solicitante del amparo expone como conceptos de violación que la autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales, toda vez que declaró improcedente el recurso de revisión extraordinaria. En el caso se reclama la determinación del siete de diciembre de dos mil veintidós emitida en el toca de apelación 602/2022 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, en la que inadmitió el recurso de inocencia interpuesto por el quejoso -en esencia- bajo las siguientes consideraciones: - Que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós el sentenciado ********************, presentó escrito mediante el cual solicitó revisión extraordinaria siendo lo correcto reconocimiento de inocencia como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. - Que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la personas, por ende, ese colegiado determina que el derecho a una doble instancia, o de recurrir la resolución de primer grado, constituye un derecho humano consagrado no solo en la Constitución Federal, sino en los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano ha sido parte, tutelado por los artículo 8, numeral 2, inciso h), así como 25, numeral 1, del Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Que se encuentra justificado el derecho del promovente de instar el recurso de revisión extraordinaria siendo lo correcto reconocimiento de inocencia como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales que por esa vía hace valer favoreciendo en todo momento la protección más amplia de sus derechos humanos y garantías en su favor tanto por la Constitución Federal, como la ley secundaria. - Que del contenido de su escrito inicial el justiciable alude que la sentencia de condena dictada en su contra es del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, bajo el procedimiento abreviado, en consecuencia la sustanciación del recurso interpuesto deberá ser acorde a las disposiciones contendidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente al momento de los hechos, de conformidad con el artículo 2o., párrafo primero, del Código Penal del Estado de México. - Que los procesos sustanciados en el nuevo sistema de justicia penal se sujetaran hasta su conclusión definitiva a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, como lo establece el artículo segundo transitorio del código procesal de la materia. - Que la tramitación del recurso de inocencia que por esta vía se hace valer debe ser acorde a las disposiciones procesales correspondientes al sistema bajo el cual se sustanció el procedimiento abreviado que se instruyó al justiciable. - Que el recurso de reconocimiento de inocencia en términos de lo dispuesto por los artículos 485, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten dos hipótesis distintas para su procedencia, el cual tiene por objeto declarar, si procede, la inocencia del condenado o anular la sentencia correspondiente. - Que el peticionario se acogió al procedimiento abreviado de manera voluntaria y bajo las normas del procedimiento especial, siendo que por ello cuando se da inicio al procedimiento abreviado, a partir de la posición en la que el sentenciado se coloca, se excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria reconocida en el artículo 20 constitucional, en virtud que ya no estará en debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado mediante elementos de prueba, toda vez que los sujetos procesales que intervienen convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los datos que sustentan la acusación de abreviado con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia en procedimiento abreviado. - Que en tanto en el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral en un escenario de contradicción probatorio; luego entonces en el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba. - Que en ese orden de ideas, en el procedimiento abreviado es el sentenciado quien reconoce los hechos materia de la acusación, por tanto, renuncia al derecho a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contracción probatoria, en consecuencia el peticionario referido, aceptó que sea juzgado bajo las reglas procesales especiales que rigen el procedimiento de terminación anticipada del proceso, que tiene como base su reconocimiento de culpabilidad respecto del delito materia de la acusación. - Que por ende, la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado no depende del ejercicio de valoración de los datos de prueba con los que el Ministerio Publico sustentó la acusación de abreviado para afirmar el acreditamiento del delito y la demostración de la culpabilidad del acusado, es decir, en ese procedimiento el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y de este resultado formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado. Ello porque está fuera de debate porque así lo convinieron los sujetos procesales pues de no ser así carece de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico penal. - Que el peticionario no alude que durante la tramitación del procedimiento abreviado que se instauró en su contra haya sufrido actos de tortura física y psicológica a fin de auto incriminarse, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como no haber sido asistido por algún defensor a declarar en sede ministerial, así como órgano judicial, haber estado incomunicado o que haya sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales y que su detención fuera ilegal. - Que por ello consideró improcedente el reconocimiento de inocencia ya que fue voluntad de los sujetos procesales, toda vez que el sentenciado, reconoció los hechos materia de la acusación y renunció al derecho de tener un juicio oral en el que pudiera ejercer el derecho de contracción probatoria, bajo esa tesitura el justiciable aceptó que fuera juzgado bajo las reglas procesales especiales que rigen el procedimiento de terminación anticipada del proceso, en donde reconoció su culpabilidad respecto del delito materia de la acusación. - Que por tanto, indamitió el recurso hecho valer. Como ya se dijo, son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso y para evidenciarlo, de entrada, se considera pertinente señalar que la Primera Sala del más alto tribunal del país, en relación a esta institución de carácter extraordinario y excepcional, reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con una sentencia definitiva, ha establecido que tiene por objeto corregir las determinaciones del juzgador cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable, que es inocente, ya sea porque se haya evidenciado la imposibilidad de que hubiere cometido el delito, o bien, como lo señala la última parte del primer párrafo del artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena. Sin embargo, la misma Primera Sala, ha sostenido en diversos criterios, al resolver el amparo directo en revisión 1619/2015, precisamente en relación al procedimiento abreviado que hoy nos ocupa, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General de la República, las siguientes tesis: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONNOTACIÓN Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE "EXISTEN MEDIOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACIÓN", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el precepto constitucional citado se establecen, entre otras cuestiones, que puede decretarse la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y si "existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación". Ahora bien, la locución "medios de convicción suficientes" no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues éste se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas. En esta posición, al Juez de Control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas, la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En ese sentido, en el supuesto de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento referido no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, pues el Juez de Control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de este resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, ya que ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes. De esta manera, la locución referida deberá entenderse como la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación, y uno de los requisitos previos a la admisión de la forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio". (Tesis 1a. CCXII/2016 (10a.), con registro digital 2012313, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 783) "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DIFERENCIAS JURÍDICAS ENTRE LOS CONCEPTOS "CONFESIÓN" CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL MIXTO/ESCRITO, Y "RECONOCIMIENTO" O "ACEPTACIÓN" DEL HECHO SEÑALADO EN LA LEY COMO DELITO, ACORDE AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. Para establecer las diferencias jurídicas entre los conceptos referidos, es útil considerar los artículos 207 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, que regulan la confesión en el sistema procesal penal mixto/escrito, de los cuales se advierte, entre otras cuestiones, que aquélla es una declaración que debe emitirse voluntariamente ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, sobre hechos propios del declarante que constituyan el tipo delictivo materia de la acusación, lo que debe hacerse con pleno conocimiento del procedimiento y del proceso, sin coacción alguna, en presencia de su defensor y con las formalidades legales que regula dicho sistema procesal penal. Por su parte, la "aceptación" en el procedimiento abreviado debe realizarse forzosamente ante la autoridad judicial, con las reglas del sistema procesal penal acusatorio y bajo los términos en que lo haya especificado el Ministerio Público en su escrito de acusación, es decir, en las modalidades y con la calificación jurídica establecida en el escrito correspondiente, la cual, aceptada en sus términos, no admite objeciones o variantes; ello, aunado al hecho de que las referidas figuras "confesión" y "aceptación" de la participación en el delito se dan en niveles distintos; esto es, mientras que la "confesión" constituye un indicio que alcanza el rango de prueba plena cuando se corrobora por otros elementos de convicción, la "aceptación" del inculpado de su responsabilidad no constituye una prueba ni un dato de prueba, pues se trata del simple asentimiento de la acusación en los términos en que la formula el acusador, que cumple con un requisito de procedencia para la tramitación del procedimiento abreviado. En efecto, la "confesión" del inculpado no tiene otra finalidad que la de reconocer su participación en la comisión del delito imputado; mientras que la "aceptación" voluntaria de la participación, se hace con el objetivo específico de terminar en forma anticipada el proceso penal; que se tramite en el procedimiento referido, y se disfrute de los beneficios legales que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas. Así, la "aceptación" de la responsabilidad en los ilícitos atribuidos no constituye una prueba, que sólo puede serlo la "confesión" formal de los hechos por parte del indiciado y que, en su caso, deberá rendirse en juicio oral, no en el procedimiento abreviado. Esto es, cuando el inculpado admite ante autoridad judicial su responsabilidad en la comisión del delito atribuido, en las modalidades y circunstancias expuestas por el Ministerio Público en el escrito de acusación, no está propiamente confesando su participación en la comisión de los hechos ilícitos que se le atribuyen, sino que acepta ser juzgado a partir de los medios de convicción en que sustentó la acusación el Representante Social, para dar procedencia al procedimiento abreviado, como forma anticipada de terminación del proceso penal acusatorio ordinario". (Tesis 1a. CCIX/2016 (10a.), con registro digital 2012314, Décima Época, materia Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 784) "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA ACEPTACIÓN TOTAL DEL IMPUTADO DE LA ACUSACIÓN, EN LOS TÉRMINOS EN QUE LA FORMULA LA FISCALÍA O EL MINISTERIO PÚBLICO, TIENE UNA CONSECUENCIA JURÍDICA TRASCENDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). En el procedimiento abreviado es el acusado quien, con la asistencia jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación y, por tanto, renuncia a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria; esta circunstancia tiene una consecuencia jurídica trascendental en la apertura del procedimiento abreviado, porque en la posición en la que se coloca voluntariamente el acusado, debidamente asistido por un defensor licenciado en derecho, e informado sobre el alcance y las consecuencias jurídicas de aceptar la acusación en los términos en que la formulan la fiscalía o el Ministerio Público, excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ya no estará a debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado, mediante elementos de prueba, sino que las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los medios de convicción en los que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia. En ese sentido, la aceptación de culpabilidad por el acusado en el procedimiento abreviado no es gratuita, sino que deriva de un juicio de ponderación de los elementos de defensa con los que se cuenta para hacer frente a la acusación. Entonces, ante un grado óptimo de probabilidad de que el juicio oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, con la asesoría jurídica de su defensor, el acusado decide voluntariamente aceptar su participación en el delito, mediante la admisión de la acusación, así como los hechos en que ésta se sustenta, con la finalidad de que proceda el mecanismo anticipado de conclusión del proceso, a cambio de tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad. En este escenario procedimental, que parte de tener por admitidos los hechos materia de la acusación, no existe una etapa de presentación y desahogo de pruebas, pero lo que sí sucede, en términos de los artículos 421 y 422 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, es que una vez que el juez acepta la apertura del procedimiento abreviado, mediante la aplicación de un test estricto de verificación de presupuestos, en la audiencia respectiva se le otorga la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación, además de mencionar las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentan, lo que implica que las partes prevén la posibilidad de conciliar en la aceptación de los hechos que sustentan la acusación, a partir de los medios de convicción que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba, por no haberse desahogado en juicio oral; sin embargo, se aceptan como elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación y es a través del acuerdo que tiene el acusador con el acusado, sobre la aceptación de los hechos materia de la imputación y del procedimiento abreviado, como se solicita que se dicte la sentencia respectiva". (Tesis 1a. CCXI/2016 (10a.), con registro digital 2012315, Décima Época, materia Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 785) "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PARÁMETROS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL QUE RIGEN SU PROCEDENCIA Y TRAMITACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 418 A 423 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE DURANGO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece como parámetros de interpretación constitucional que rigen la procedencia y tramitación del procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 418 a 423 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, que en todos los casos el Juez de Control verifique, previo a la admisión de la solicitud relativa, el cumplimiento de los presupuestos siguientes: a) que el Ministerio Público o el acusado haya solicitado la tramitación del procedimiento abreviado, a partir del dictado del auto de vinculación a proceso y hasta la audiencia intermedia; b) que el Ministerio Público o la víctima u ofendido, según corresponda, no presente oposición fundada, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando se haya efectuado una clasificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, distintas a la sostenida por el Ministerio Público en su acusación y, como consecuencia de ello, haya una modificación sustancial de la pena; c) que el imputado, con la debida asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de licenciado en derecho, ante la autoridad judicial: i. Exprese su conformidad con el procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada; ii. Conozca su derecho a exigir un juicio oral y renuncie voluntariamente a él; iii. Reconozca, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, lo que implica que acepte los hechos materia de la acusación de forma inequívoca y de manera libre y espontánea; iv. Acepte ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación; y, v. Entienda los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle; d) que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, que corresponden a elementos que se derivan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Ahora bien, en caso de que los citados presupuestos jurídicos no se satisfagan plenamente, el Juez de Control rechazará la solicitud de apertura al procedimiento abreviado; tendrá por no formulada la acusación realizada ex profeso para la tramitación de dicho procedimiento y continuará con el trámite del procedimiento ordinario del proceso penal acusatorio. Además, dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, la discusión y la resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminados del registro, los cuales no podrán utilizarse en etapas posteriores del procedimiento contra el acusado. Lo anterior implica que únicamente si todos los presupuestos jurídicos enunciados están plenamente satisfechos, entre ellos que se constate previamente que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, entonces el Juez de Control admitirá la apertura del procedimiento abreviado; luego, en la audiencia respectiva escuchará a las partes y procederá a emitir el fallo respectivo, al cual deberá dar lectura y explicación pública, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, en la que explicará de forma concisa los fundamentos y motivos que consideró e impondrá las penas aplicables conforme a la ley, las que no podrán ser distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público".(Tesis 1a. CCXIII/2016 (10a.), con registro digital 2012316, Décima Época, materias Constitucional, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 787) "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. En un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento abreviado previsto en el precepto citado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, por ser distintas o mayores a las solicitadas por el Representante Social y aceptadas por el acusado; además de la fijación del monto de la reparación del daño. En contraposición, no podrá ser materia de cuestionamiento constitucional, en el referido juicio de amparo directo, la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. En ese sentido, como en el procedimiento abreviado no están a debate tanto la acreditación del delito como la responsabilidad del acusado en su comisión, derivado de su aceptación de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial precisamente porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado y su defensor concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. Es por ello que el acusado acepta su participación en la comisión del delito del que se le acusa, ante el Juez de Control, a cambio de que, a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso, se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral. De no considerarse así, no existirá firmeza en lo acordado con el acusado respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación y, menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que, de acuerdo con el daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito". (Tesis 1a. CCX/2016 (10a.), con registro digital 2012317, Décima Época, materias Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 788) Por su parte, los artículos 486, 488 y 489 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 486. Reconocimiento de inocencia Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena". Artículo 488. Solicitud de declaración de inocencia o anulación de la sentencia El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al Tribunal de alzada que fuere competente para conocer del recurso de apelación; le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al Tribunal de alzada que se recaben. Al presentar su solicitud, el sentenciado designará a un licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional como Defensor en este procedimiento, conforme a las disposición" "Artículo 489. Trámite Recibida la solicitud, el Tribunal de alzada que corresponda pedirá inmediatamente los registros del proceso al juzgado de origen o a la oficina en que se encuentren y, en caso de que el promovente haya protestado exhibir las pruebas, se le otorgará un plazo no mayor de diez días para su recepción. Recibidos los registros y, en su caso las pruebas del promovente, el Tribunal de alzada citará al Ministerio Público, al solicitante y a su Defensor, así como a la víctima u ofendido y a su Asesor jurídico, a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a éste y al Ministerio Público, para que cada uno formule sus alegatos. Dentro de los cinco días siguientes a la formulación de los alegatos y a la conclusión de la audiencia, el Tribunal de alzada dictará sentencia. Si se declara fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia o modificación de sentencia, el Tribunal de alzada resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso al Tribunal de enjuiciamiento que condenó, para que haga la anotación correspondiente en la sentencia y publicará una síntesis del fallo en los estrados del Tribunal; asimismo, informará de esta resolución a la autoridad competente encargada de la ejecución penal, para que en su caso sin más trámite ponga en libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada, o bien registre la modificación de la pena comprendida en la nueva sentencia". Luego, como correctamente lo señaló la autoridad responsable, el quejoso ya no podía solicitar el reconocimiento de inocencia, porque se sometió voluntariamente al procedimiento abreviado y aceptó los hechos; que el procedimiento abreviado y el juicio oral, son distintos, porque en uno opera el principio de contradicción y en otro no. Lo anterior, porque en el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba y lo único que podrá ser objeto de cuestionamiento, es la violación al cumplimiento de sus presupuestos jurídicos fundamentales para su procedencia, como forma de terminación anticipada del proceso penal, pero de ninguna manera será procedente llevar a cabo un análisis de pruebas, para verificar la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, puesto que sólo se toman en consideración la idoneidad de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así, al prevenir las partes la posibilidad de conciliar en la aceptación o reconocimiento de los hechos que sustentan la acusación a partir de los medios de convicción que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba, por no haberse desahogado en juicio oral, aceptan esos elementos de convicción como suficientes para corroborar la acusación y es a través del acuerdo entre acusador y acusado, sobre la aceptación de los hechos materia de la imputación y del procedimiento abreviado, como se solicita que se emita la sentencia respectiva. Esto significa, que la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado, no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción en los que el Ministerio Público sustenta la acusación, ya que en este procedimiento el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de ese resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, pues ello está fuera de debate, dado que así lo convinieron las partes y de no ser así, carecería de sentido la previsión del procedimiento abreviado, como medio anticipado de solución de la controversia. También se resalta en la ejecutoria a la que se acude, que en el procedimiento abreviado no puede exigirse que el Ministerio Público haya demostrado plenamente la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, precisamente porque los elementos que pudieran ser eficaces para tal efecto, en su caso, serían materia de incorporación como prueba en audiencia de juicio oral, lo que constriñe la actuación del juzgador, para que al dictar la sentencia derivada de un procedimiento especial abreviado, únicamente deba revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción que sustenta la acusación para corroborar la imputación que ha sido aceptada por el acusado. Entonces, lo que se colige de lo resuelto por la Primera Sala del alto tribunal en su ejecutoria, es que los elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación, no tienen el rango de prueba por no haberse desahogado en juicio oral, en otras palabras, los medios de convicción suficientes, no son objeto de un ejercicio de valoración para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, sino que únicamente corroboran la imputación, tal como se desprende del contenido de la tesis aislada, ya transcrita, con el número de registro 2012313, en la que además se establece que en el mencionado procedimiento abreviado, la labor del juez de control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, determinando si la acusación en contra del imputado contiene lógica argumentativa, a partir de constatar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que esté relacionada con otros que le den congruencia a las razones de la acusación. Así pues, partiendo del hecho de que el artículo 486, parte final, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el reconocimiento de inocencia procede cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena, y en el procedimiento abreviado, como ya se vio, no se ofrecen o producen pruebas, es inconcuso que no se surten los requisitos para la procedencia del reconocimiento de inocencia. Sirve de apoyo la tesis XXIII.11 P (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con registro digital 2017574, materia Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3027, de rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 486 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO EN ASUNTOS EN LOS QUE EL IMPUTADO OPTA POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XLV/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LOS TEMAS DE TORTURA E INCOMUNICACIÓN RESPECTO AL ORIGEN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.", definió al procedimiento abreviado como una terminación anticipada del procedimiento que se basa en la aceptación del imputado a ser sentenciado de los hechos y medios de convicción que obran en la carpeta de investigación, para que en el caso de dictar fallo condenatorio, el inculpado se haga acreedor del beneficio de la reducción de la pena. Por lo que una vez que se ha consentido el procedimiento abreviado libre, voluntaria e informadamente, es decir, la aceptación del imputado de su participación en la comisión del delito, soportada en otros medios de convicción, renunciando al juicio oral, ello excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ya no estará a debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado mediante elementos de prueba, sino que las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los medios de convicción en que se sustenta la acusación. En este sentido, si en el incidente de reconocimiento de inocencia, figura de carácter extraordinario y excepcional, para su procedencia deben aportarse pruebas que lo hagan factible, posteriores a la sentencia, así como resultar idóneas para mostrar la invalidez en las que originalmente se apoyó la condena, lo que implica que se revaloricen los elementos de convicción, es inconcuso que, de estimar procedente el reconocimiento de inocencia en el procedimiento abreviado, se rompería con el principio de contradicción probatoria que únicamente tiene lugar en el juicio oral. Así, si se parte de que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 486 parte final, dispone que el reconocimiento de inocencia procede cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena, y en el procedimiento abreviado, como ya se dijo, no se ofrecen o producen pruebas, entonces, es innegable que no se surten los requisitos para la procedencia del reconocimiento de inocencia, ante un aspecto de carácter técnico insoslayable". En ese sentido, toda vez que resultan infundados los motivos de disenso, además de que, a criterio del que suscribe, el acto reclamado se encuentra apegado a derecho, pues con la emisión de la resolución reclamada, no se observa vulneración a algún derecho fundamental del quejoso, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad ejecutora, por no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto que de autos se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído del ocho de febrero de dos mil veintitrés, respecto del informe justificado rendido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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