Joel Guajardo Garza
Expediente 1604/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Joel Guajardo Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 27, 29, segundo párrafo y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Desechamiento. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, por lo que en auto de dieciséis de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo, al no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa, presentó recurso de queja, el cual le correspondió su conocimiento por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, radicándose bajo el número de queja 150/2023, resuelta fundada en sesión de diecisiete de agosto del año en curso, al considerar necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, para efecto de que con base en los informes justificados y las pruebas deducir si durante ese plazo se ha cumplido el laudo y/o se ha generado la última resolución en la ejecución del mismo, con lo cual se soportara la decisión que se obtenga. Admisión. En razón a lo anterior, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente el auto de desechamiento reclamado, y previo un nuevo análisis de la demanda y constancias que se allegan, se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo como tercero interesado a Pemex Exploración y Producción; se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado reviste de naturaleza declarativa y la demanda se presentó en esta localidad, en donde reside la junta responsable que tramita el juicio natural. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que el acto materia de estudio consiste en: La resolución de revisión de actos de ejecución de diez de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 476/2016, promovido por Joel Guajardo Garza, por la autoridad responsable, declarada improcedente. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin embargo, se desvirtúa la misma dado a las manifestaciones que realiza, con las que se evidencia su certeza. De ahí que se tenga por cierto y plenamente probado el mismo. CUARTO. En el caso emerge una causa de improcedencia, en relación con el acto reclamado, cuyo estudio es previo y preferente por ser de orden público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, esta última a contrario sentido, por las razones que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." En la especie, quien aquí resuelve advierte que es improcedente el juicio biinstancial, pues acorde al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. El objetivo primordial de que contra actos en ejecución de sentencias, sólo proceda en los términos antes indicados, radica en que el propósito del legislador busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad predominando la celeridad que debe otorgarse al procedimiento de ejecución de las sentencias, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de las mismas a favor del actor en el menor tiempo posible, evitando así la promoción de múltiples amparos contra actos o resoluciones intermedias que obstaculicen su ejecución, de tal forma que el amparo indirecto sólo procede una vez agotado el principio de definitividad contra la última resolución pronunciada cuando se tiene por cumplida la sentencia, o declara su imposibilidad material o jurídica de cumplimiento. En ese sentido la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido criterio de que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, y dicho procedimiento no necesariamente inicia con el requerimiento al demandado para que dé cumplimiento forzoso y está encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Desde esa perspectiva, ha quedado establecido que la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, lo que también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En ese mismo orden de ideas, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del propio Tribunal, estableció que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución, no solo debe cumplirse el hecho de que sean dictados en dicha etapa, sino que también deben ser ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Y estableció que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. La determinación antes precisada fue deducción que el propio Pleno del Alto Tribunal, realizó de la fracción III del artículo 114 de la abrogada ley de la materia, cuyo texto guarda identidad con la norma vigente; donde enfatizó que dicha fracción establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, pero sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. El anterior criterio dio pie a la jurisprudencia P./J.108/2013, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Énfasis propio] Ahora, en el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa se duele de la resolución en la que se declaró improcedente la revisión contra actos de ejecución dictados dentro del juicio laboral de origen. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en lo que aquí interesa, señaló lo siguiente: En el laudo (veintisiete de febrero de dos mil diecinueve) dictado en el juicio laboral de origen, se condenó a la contraparte del accionante, consistente en el pago de una jubilación, así como al pago de aguinaldos, una indemnización por incapacidad y la pensión jubilatoria y aguinaldo. En auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidente de la junta responsable dictó proveído, inconforme con dicho proveído, el once del mismo mes y año, el accionante promovió recurso de revisión de actos de ejecución en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por lo que, la junta responsable el diez de mayo de dos mil veintitrés, emitió la resolución de revisión de actos de ejecución, el que declaró improcedente tal recurso; resolución ésta última que se reclama en esta instancia constitucional. Plazo en el cual no se ha cumplido el laudo y no se ha generado la última resolución en la ejecución del mismo. Documentales las anteriores, relativas al juicio de origen, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante esas circunstancias, es claro que el presente juicio biinstancial es improcedente, pues se deduce que la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictado en el juicio natural, dado que no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de aquélla, tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordenó su archivo, sino que se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia que no afecta a un derecho sustantivo de la quejosa, ajeno a la cosa juzgada. De ahí que no será, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución cuando proceda el juicio amparo indirecto, en el cual la ahora quejosa podrá impugnar la resolución de mérito, la cual en su caso, podría constituir una violación al procedimiento de ejecución que de trascender al resultado final de dicho procedimiento puede ser reparado por la vía del amparo biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La anterior determinación, encuentra sustento en la jurisprudencia I.6º.T. J/894, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.13o.T. 13 K (10a.), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." En las relatadas consideraciones, lo procedente en el caso concreto es sobreseer en el juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, esta última a contrario sentido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que establecen los artículos 103 y 107 Constitucionales, y los diversos numerales 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 43, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1604/2023-V, promovido por la licenciada Nora Elena Betancourt Ruiz, en su carácter de apoderada de Joel Guajardo Garza, en contra el acto y autoridad que quedaron precisados la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, con la secretaria de juzgado Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo, para que las partes se impongan de los autos, lo que constituye un obstáculo para la celebración de la audiencia. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el 5976/2023, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado en siete fojas útiles, de la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 150/2023, hecho valer por el quejoso Joel Guajardo Garza, dentro del juicio de amparo 1604/2023-IV, cuyo único punto resolutivo dice: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja. Por tanto, háganse las anotaciones necesarias en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo correspondiente al órgano colegiado oficiante; agréguense a estos autos la ejecutoria de mérito, para que obre como en derecho corresponda, y dése cumplimiento a la misma en los términos acotados. Consecuentemente, en estricto apego a la ejecutoria de amparo; vista la demanda de amparo promovida por Nora Elena Betancourt Ruiz, apoderada del quejos Joel Guajardo Garza, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser ciertos los actos reclamados, deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad de los mismos, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas, foliadas, y ordenadas en forma secuencial. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, se presumirán ciertos los actos reclamados, y se le impondrá multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 117, párrafo cuarto y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificarán de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deba notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Requiérase a las partes para que si durante la tramitación de este juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo hagan saber a este Juzgado y de ser posible deberán remitir las constancias legibles que acrediten tal situación, en términos del diverso numeral 64 de la misma ley. De igual forma, se apercibe a las partes que de no hacer del conocimiento la causal en comento, se les impondrá una multa en forma individual de treinta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 251 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, las partes podrán rendir alegatos por escrito o remitirlos mediante el portal de servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, con utilización de firma electrónica. Se solicita a la autoridad responsable que de contar con algún correo electrónico, lo proporcione preferentemente vía telefónica al número 89 99 26 44 11, extensión 1030, con la finalidad de que este Órgano Jurisdiccional pueda utilizarlo para realizar alguna notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado al PEMEX Exploración y Producción; a quien se ordena emplazar a juicio mediante oficio, con transcripción de este auto, copia simple de la demanda, en términos de la fracción II, inciso b) del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo dispone el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario de la adscripción, de lo que se deberá dejar constancia legal de su recibo. En mérito de lo anterior, se autoriza a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la consulta del presente expediente de manera electrónica, lo cual se podrá efectuar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a través del usuario "Nelyescobedo"; por tanto, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las gestiones administrativas relativas para que dicho usuario tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario de la adscripción a que habilite los campos correspondientes en el sistema respectivo, a fin de que dicha consulta electrónica pueda efectuarse desde el inicio de este asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios adscritos a este Juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la paraestatal tercero interesada. Así lo proveyó y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Luis Roberto Pérez Franco, quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a once de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 5192/2023, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por el accionante, por conducto de su apoderada, en contra del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; quedando registrado dicho recurso con el consecutivo 150/2023, de su índice; quedando a la espera de lo resuelto por la superioridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.
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