Joel Gonzalez Muñiz

Expediente 1647/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1647/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Joel Gonzalez Muñiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Se tienen por recibidos y se agregan al expediente los oficios de cuenta. Determinación No ha lugar a realizar mayor proveído toda vez que mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de la presente anualidad se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Comparecencia de ratificación de demanda Se tiene por recibida la comparecencia de ratificación de demanda, de la que se desprende que el directamente agraviado Joel González Muñiz, expresó su deseo de ratificar el escrito inicial. Desechamiento Precisión sobre acto que destaca como reclamado De la lectura de la demanda de amparo y la ratificación de la misma, es claro que el propio quejoso proporcionó un dato objetivo que permite apreciar que los actos reclamados que pretende reclamar como tratos crueles inhumanos y degradantes, así como traslado, segregación y tortura, realmente constituyen actos futuros e inciertos; de modo que el único acto efectivamente reclamado, lo es la reubicación de celda, el cual no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo. Análisis de procedencia del juicio de amparo Por ser de orden público y estudio preferente, se analiza en primer orden la procedencia de la demanda de amparo, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, se desechará de plano, tal como lo estipula el precepto 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Precisión del acto reclamado De conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, es el siguiente: 1. La reubicación y cambio celda en el que se encontraba a otro módulo diverso. Esto, pues de la lectura al apartado de conceptos de violación, claramente se tiene que se duele de: ".emite la orden de que al detenido se le incomunique, aísle o segregue del lugar donde se encuentra." Actualización de causal de improcedencia Respecto del acto antes precisado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que contra la orden de reubicación y cambio celda en el que se encontraba a otro módulo diverso procede la controversia judicial prevista en el artículo 48 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, el artículo 61 fracción XX de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del precepto de la Ley de Amparo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Ahora bien, cabe destacar que la reubicación y cambio celda dentro del centro penitenciario donde se encuentra el quejoso, constituye una sanción disciplinaria, tal como se aprecia de lo establecido en el artículo 41, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone: "Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; (.)." Luego, en contra de dicha sanción disciplinaria, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 48 y 117, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; (.) En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. De los artículos transcritos se obtiene que en contra de las sanciones disciplinarias como la reubicación y cambio celda, puede ser impugnado ante el Juez de Ejecución dentro de los tres días siguientes a su notificación, por lo que evidentemente dicha decisión puede ser anulada, modificada o confirmada. Además, se advierte que con la sola impugnación se suspenderá la aplicación cualquier sanción impuesta, por lo que al operar inmediatamente la medida cautelar, es claro que no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, como la solicitud expresa del quejoso y que de otorgarse la suspensión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Además dicho medio de impugnación, tampoco prevé un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, que es de veinticuatro horas, pues esta se otorga desde luego con la sola interposición del aludido recurso. Por tanto, atento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, el quejoso está obligado a agotar el recurso previsto en el artículo 48 y 117, fracción II; de la Ley Nacional de Ejecución Penal ante el Juez de Ejecución, previamente a la promoción del presente sumario. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, Materias Común-Penal, registro 2019932, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo." Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin efecto suspensión de plano Por las consideraciones previamente expuestas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedan sin efecto las providencias decretadas. Recepción de informes de suspensión de plano Atenta a la conclusión aquí alcanzada, glósense a los autos solo para que obren como corresponda, los informes de cuenta relativos a la suspensión de plano. Notifíquese electrónicamente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el desistimiento a que hace referencia también se realizó en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, por lo que, será en el cuaderno respectivo donde se resolverá lo conducente. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano