Joel González Merlán

Expediente 474/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
474/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Joel González Merlán
  • Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con veinte minutos, del diez de junio de dos mil diecinueve (foja 19), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo -474/2019, promovido por Joel González Merlán; por propio derecho, contra el acto de las autoridades que se mencionan en el cuadro siguiente: No. AUTORIDADES RESPONSABLES1Director de Litigación de la Subprocuraduría Regional de Zitácuaro, Michoacán.2Agente del Ministerio Público de la Agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Zitácuaro, Michoacán. De quienes reclama el acto consistente en: La negativa a recibir el escrito donde solicita la devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, misma que actualmente se encuentra en la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05 de la agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregadas las siguientes: Demanda de amparo (fojas 2 a 7). Escrito aclaratorio (fojas 15-16). Auto admisorio de ocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 18 y 19). De igual forma, efectúa una relación de los informes justificados que obran en autos mediante el cuadro siguiente: No. AUTORIDADES RESPONSABLES FOJAS SENTIDO 1 Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. 20 NIEGA 2 Agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. 22 NIEGA Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvo a las autoridades responsables rindiendo los informes justificados. Acto continuo, se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obra la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito recibido en este juzgado el siete de mayo pasado (foja 17), sin que ninguna de las demás partes las ofrecieran. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental ofertada por el peticionario de derechos y a las demás partes téngaseles por perdido su derecho para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; con lo anterior se da por terminada dicha fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción por acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, procede dictar la sentencia correspondiente. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo I-474/2019; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, José González Merlán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que se precisará en el considerando segundo de esta determinación. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a diversas autoridades que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La negativa a recibir el escrito donde solicita la devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, misma que actualmente se encuentra en la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05 de la agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Director de Litigación y Agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador, ambos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, consistente en la negativa a recibir, respectivamente, el escrito de solicitud de devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, misma que actualmente se encuentra en la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05 de la agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir el concerniente informe con justificación. Al respecto, debe recordarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. Por principio de cuentas, es necesario precisar que, el acto reclamado en el presente juicio de amparo reviste el carácter de negativo puesto que consiste en una abstención; es decir, algo que la autoridad se rehusó a hacer. Asimismo, conviene tener presentes los elementos del denominado "derecho de petición" cuya violación alega la parte quejosa, elementos que se advierten de la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: 2167, Registro: 162603, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.. En ese sentido, tenemos que la petición tiene tres elementos, a saber: 1. Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3. El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, anteriormente citada, en lo que a este estudio interesa, se determinó lo siguiente: "(.) Muchos han sido los criterios aislados y jurisprudenciales que han emitido distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por virtud de los cuales, de una interpretación al precepto constitucional transcrito, han determinado cuáles son los requisitos que debe satisfacer la petición que formula el gobernado para que le asista la garantía de respuesta, y han definido las características de la contestación que debe dar la autoridad. Así las cosas, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, los elementos que deben contener una y otra son los que a continuación se apuntan. La petición  Debe formularse de manera pacífica y respetuosa;  Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y  El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta  La autoridad debe emitir un acuerdo;  Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla;  Tendrá que ser congruente con la petición;  La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos;  No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y  La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho y no por autoridad diversa. (.)". Así las cosas, la lectura de la ejecutoria de trato evidencia que debe recabarse la constancia de que fue entregada la petición. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye la negativa de las autoridades responsables a recibir el escrito que contiene la solicitud de la parte quejosa, correspondía a la parte promovente de este medio de control constitucional acreditar que se presentó ante las autoridades responsables a que le recibieran el ocurso respectivo. Bajo ese criterio, se destaca que de la constancia aportada por la parte peticionaria de derechos (foja 17) únicamente revelaría un oficio de solicitud de colaboración en copia simple de seis de marzo de dos mil trece, dirigido al "Agente del Segundo Turno del Ministerio Público de Tlalnepantla, Estado de México", por parte del símil "Agente Primero del Ministerio Público Investigador del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán"; sin embargo, con dicha documental no se demuestra que la parte quejosa se haya constituido ante las indicadas autoridades; ello, al margen de que dicha documental obra en copia simple y, por tanto no puede tener valor probatorio pleno, al no estar adminiculada con otro medio de convicción o manifestación que pueda evidenciar la certeza de su contenido. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Máxime, que la parte quejosa basa su pretensión únicamente en la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda. Empero, dicha manifestación es insuficiente para tener por cierta la conducta consistente en que se constituyó ante las responsables a efecto de que le recibieran un ocurso. Pensar lo contrario llevaría al extremo de que pudiera alegarse violación al derecho de petición argumentando que las autoridades responsables se negaron a recibir el escrito respectivo sin siquiera acreditar haberse constituido ante ellas. Aunado a que no existe indicio probatorio que demuestre que la parte quejosa se haya constituido en el domicilio de las responsables para presentar la petición que refiere. Lo anterior es así, en virtud de que la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable requiere -necesariamente y de una manera previa- la existencia de una solicitud del particular -quejoso ahora recurrente- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable; y esa solicitud, a su vez, exige la condición de que el quejoso se haya constituido ante la autoridad responsable con el propósito de presentar la solicitud; de suerte que si bien no le compete al quejoso demostrar que la autoridad no le recibió la solicitud, sí le corresponde acreditar que al menos se presentó ante aquella con el propósito de que se le hiciera la devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, de la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05. Tiene aplicación al caso concreto la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Página: 366, Registro: 197269, de rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Así como la Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Página: 1386, Registro: 2003971, de rubro y texto: DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular. Bajo esas consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye, que si el acto reclamado lo constituye la negativa de las autoridades responsables a recibir el escrito que contiene la solicitud de la parte quejosa, correspondía a ésta acreditar que se presentó ante las autoridades responsables a que le recibieran el ocurso respectivo, cuestión que no aconteció; razón por lo que se evidencia la inexistencia del acto reclamado. Apoya esta consideración, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joel González Merlán, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por los motivos y fundamentos ahí asentados.

  2. Principal

    Notifíquese de manera personal al quejoso.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOEL GONZÁLEZ MERLÁN. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso Joel González Merlán promovió el presente juicio de amparo en contra del acto atribuido a las autoridades siguientes: No AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO 1 Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. A) La negativa a recibir el escrito donde solicita la devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, misma que actualmente se encuentra en la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05 de la agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. 2 Agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. A) La negativa a recibir el escrito donde solicita la devolución del archivo del acta circunstanciada 8/2013, misma que actualmente se encuentra en la averiguación previa FAZ/AZ-4/T2/776/2009-05 de la agencia Mixta Investigadora de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. Ahora, las autoridades citadas con antelación negaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado; en consecuencia, dése vista mediante notificación personal a la parte quejosa con los aludidos informes para que se imponga de su contenido y haga valer lo que a su derecho convenga.

  4. Principal

    Visto el comunicado signado por el Agente Primero Mixto del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual rinde su informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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