Joel Garcia Rico
Expediente 2131/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Joel Garcia Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Director de Catastro Municipal de Mazamitla, Jalisco, realiza manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Estése a la espera de que se cumpla con la totalidad del mismo.
- Principal
Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo.
- Incidental
No obra la constancia de notificación del oficio girado al Juez Menor de Tizapan El Alto, Jalisco, se le informa la tramitación de la presente incidencia y se la requiere su informe previo; se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del veintinueve de noviembre del año en curso, para su verificativo de la audiencia incidental.
- Incidental
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva derivado del juicio de amparo 486/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Armida de la Parra Chávez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclama de las autoridades que denominó: Dirección de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco. Jefe de Proyectos del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. Director de Desarrollo y Planeación Urbana del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. Presidente del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. Síndico del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. Ayuntamiento o Pleno de Chapala, Jalisco. Que consideró violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4º, 14, 16, 17 y 27 constitucionales, consistentes en: La emisión de la licencia de construcción, edificación y urbanización para una acción urbanística mayor, edificio, hotel, condominio vertical y horizontal, en fracción del predio rústico denominado "El Pando", ubicado en las inmediaciones de Ajijic, Jalisco. Actos respecto de los que solicitó la suspensión, de conformidad con lo previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran el respectivo informe previo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, la que se concedió para el efecto siguiente: "(.) SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado solicitado, para el único efecto de que no se expida licencia de construcción, edificación o urbanización para una acción urbanística mayor, edificio o hotel en la fracción del predio rustico denominado "El Pando" ubicado en la mediaciones de Ajijic Jalisco., hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión (.)". Posteriormente, por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda formulada por la quejosa, en contra de la autoridad que denominó: Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. Determinación en la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto siguiente: "(...) SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado solicitado, para el único efecto de que se interrumpan los efectos de la licencia de construcción número 361/2017 en la superficie de 8,050.64 m2, correspodiente al predio rústico denominado "El Pando" ubicado en la mediaciones de Ajijic Jalisco, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión. (...)". TERCERO. Por interlocutorias de quince y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los siguientes términos: "(.)SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado solicitado, para el efecto de que se abstengan de expedir licencia de construcción, edificación o urbanización para una acción urbanística mayor, edificio o hotel en la fracción del predio rustico denominado "El Pando" ubicado en la mediaciones de Ajijic Jalisco, y si ya se expidió la mencionada licencia, las autoridades responsables ordenen y vigilen la paralización de la obra respectiva hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 148/2012 (10a.), cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES." Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA." En similares términos resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el recurso de queja 162/2018, promovido en contra de la suspensión provisional concedida a la aquí quejosa. Sin que por el momento sea procedente fijar garantía, toda vez que de momento se reservó el reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, aunado a que los actos reclamados inciden de manera preponderante a combatir actos que vulneran el medio ambiente, de ahí que se exima al quejoso del pago de garantía para que surta efectos la medida cautelar.(...)" -Interlocutoria de quince de mayo de dos mil dieciocho- "(...) SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado solicitado, para el único efecto de que se interrumpan los efectos de la licencia de construcción número 361/2017 en la superficie de 8,050.64 m2, correspodiente al predio rústico denominado "El Pando" ubicado en la mediaciones de Ajijic Jalisco, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 148/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES." Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA." Sin que por el momento se procedente fijar garantía, toda vez que de momento se reservó el reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, aunado a que los actos reclamados inciden de manera preponderante a combatir actos que vulneran el medio ambiente, de ahí que se exima al quejoso del pago de garantía para que surta efectos la medida cautelar. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, de la página: 1199Décima Época del rubro "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO" (...). -Interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho- CUARTO. Por auto de siete de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito presentado por el tercero interesado, mediante el cual solicitó se fijara contrafianza a fin de que pudiera continuar con la ejecución de los actos reclamados, por lo que, en atención a ello se fijó el monto relativo a la contragarantía, la que fue satisfecha mediante póliza de fianza 19J00001, recibida en diverso acuerdo de quince de enero de este año, ante ello, se dejó sin efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca de queja 155/2019, la que fue resuelta por ejecutoria de quince de mayo de dos mil diecinueve, medio de impugnación que se declaró fundado, por lo que, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó hacer del conocimiento de las responsables que subsistía la suspensión otorgada en interlocutorias de quince y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. QUINTO. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el once de agosto de dos mil veintitrés, José Alonso Velázquez Guerrero, autorizado en amplios términos de la quejosa Armida de la Parra Chávez, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que le fue concedida, el que por auto de esa misma data se admitió a trámite. En atención a ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, se le tuvo ofertando pruebas documentales y se requirió a las responsables su informe respecto al incidente en comento; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por serlo para conocer del juicio de amparo del cual se origina la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I; 206 a 209 de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia por defecto en el cumplimiento a la medida cautelar concedida por este juzgado federal en la tramitación del incidente previsto por el numeral 128 de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 486/2018 del índice de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión es el procedimiento accesorio que los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, ponen a disposición de las partes en el juicio de amparo -o de los extraños a dicho juicio- para ocurrir ante el organismo competente que la propia ley señala, a fin de que éste constriña a las autoridades obligadas por la resolución en la que se conceda la suspensión a acatarla, precisamente, en sus términos materiales o jurídicos. Y es así, que el elemento indispensable de los recursos -como medios de impugnación que son-, radica en que su finalidad es la de revisar y, como consecuencia de ello, confirmar, modificar o revocar una decisión, sea judicial o administrativa, siempre que se actúe como autoridad. La materia de análisis o evaluación se circunscribe a una actuación judicial, hipótesis diversa de la que se surte en la queja por indebido cumplimiento de resoluciones, donde la materia es un acto inherente o propio de una de las partes y no del juez. Su finalidad es tan sólo la de definir o determinar si una resolución está o no cabal, integral y puntualmente cumplida por alguna de las partes en el juicio y, en su caso, proveer la instancia u oportunidad procesal para que ese cumplimiento se lleve a cabo en sus términos. Pero vale la pena enfatizar que no se pretende ni logrará revisar o modificar el contenido o sentido de una decisión, es decir, de lo decidido sobre la suspensión que se estima trasgredida, que es el quid de los recursos, materia o conjunto de las resoluciones respecto de las que procede el incidente para determinar así el debido cumplimiento o enmendar el incumplimiento. Lo que se persigue con el incidente por indebido cumplimiento de resoluciones es que la sentencia de amparo y otras resoluciones más como las derivadas del incidente de suspensión, sean puntual, integral, cabal y exactamente cumplidas o acatadas por la autoridad responsable. Los presupuestos para que opere el incidente por indebido cumplimiento son: A. Una resolución firme o ejecutoria, que puede ser: 1. Resolución que conceda la suspensión. 2. Proveído que conceda la libertad provisional. 3. Sentencia que ampare (no aplicaría en sobreseimientos o negativas de amparo). B. Cumplimiento tasado o predefinido por el tribunal que se debe cumplimentar, lo que significa determinados aspectos bien definidos que deben acatarse por la responsable, trascendiendo así en una vinculación total con lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Que no se trate de un acto nuevo dictado con plenitud de jurisdicción por la responsable, puesto que en ese evento, lo procedente sería un juicio de amparo y no el incidente de exceso defecto. C. Un acto de la responsable encaminado a cumplir la resolución. D. Que se atribuya exceso o defecto en el cumplimiento. El sentido, conclusión o desenlace a que puede llegarse, es que el incidente resulte: Sin materia. Procedente o improcedente. Fundado o infundado. El caso justiciable corresponde al previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, hipótesis en la que la promoción del incidente puede hacerse valer en cualquier momento durante la secuela del juicio; esto es, mientras no se dicte aún sentencia ejecutoria y esté vigente la suspensión del acto reclamado. En los casos de amparo indirecto el periodo se extiende durante la tramitación de la revisión o segunda instancia. Lo que se persigue con el incidente de referencia es definir si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional o definitiva concedida. TERCERO. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el once de agosto de dos mil veintitrés, José Alonso Velázquez Guerrero, autorizado en amplios términos de la quejosa Armida de la Parra Chávez, afirmó que existe defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que le fue concedida, básicamente porque: "(.) Pues bien, señor Juez, como se ha dicho, en el caso, la autoridad responsable violó (ha presentado defecto en su cumplimiento) la suspensión otorgada. Me explico: El acto que consideramos es violatorio de la suspensión definitiva de fecha 15 quince de mayo de 2018 dos mil dieciocho o que representa un defecto en el cumplimiento de la suspensión, consiste en una autorización de Régimen de Condominio. Al respecto, el artículo 5 del código Urbano para el Estado de Jalisco establece: "Artículo 5°. Para los efectos de este Código, se entiende por: . II. Acción urbanística: Actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos; ." Es decir, un condominio es en sí mismo una acción urbanística, (ya de entrada la suspensión dice que las autoridades se deben abstener de emitir autorizaciones para una acción urbanística) por lo tanto, la acción de autorizar una régimen de condómino, es la acción de autorizar una urbanización, tan es así que en el propio documento combatido en el presente, al momento de determinar los derechos que la parte tercero interesada en este juicio y beneficiada de dicha autorización debía pagar, se le realizó el cobro de lo siguiente, véase: Es decir, la autoridad realizó el cobro "por la autorización para urbanizar sobre la superficie total del predio", y cobró con fundamento en el artículo 84 fracción II, Inciso B, se supone que, de la Ley de Ingresos de Chapala, Jalisco. Veamos que dice dicha Ley en ese artículo: "Artículo 84. Las personas físicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de propiedad individual a condominio, o dividir o transformar terrenos en lotes mediante la realización de obras de urbanización deberán obtener la licencia correspondiente y pagar los derechos conforme a la siguiente: . II. Por la autorización para urbanizar sobre la superficie total del predio a urbanizar, por metro cuadrado, según su categoría: . B. Inmuebles de uso no habitacional: . f) Servicios a la industria y comercio: $9.00 ." Como se puede observar, la autoridad autorizó una acción urbanística, consistente en un régimen de condominio, es decir, autorizó la urbanización del suelo e incluso cobró los derechos inherentes a ello. (.) Como se ve, el fundamento que da a su resolución se refiere a los artículos inmersos en el capítulo relativo a la urbanización del suelo, de tal manera que, si un Regimen de Condominio es una Acción Urbanística, si la autoridad al emitir la autorización de Régimen de condominio cobró los derechos propios de la urbanización del suelo y además fundó su resolución en los artículos del Código Urbanos propios a la urbanización del suelo, no cabe duda que estamos frente a una licencia de urbanización, la cual le estaba prohibida emitir por motivo de la suspensión definitiva otorgada mediante resolución interlocutoria de este Juzgado de fecha 15 quince de mayo de 2018 que a la letra señala: Basta ver los elementos que contiene la suspensión y compararlos con los elementos de la resolución recurrida para ver cómo es que la autorización es contraria a dicha suspensión, véase la resolución del régimen de condominio: SUSPENSIÓN 15 DE MAYO DE 2018 RESOLUCIÓN 21 DE MAYO DE 2019 SE ABSTENGAN DE EMITIR: SE EMITE: LICENCIA DE URBANIZACIÓN LICENCIA DE URBANIZACIÓN PARA HOTEL PARA HOTEL EN PREDIO EL PANDO EN PREDIO EL PANDO Como se puede ver, todo lo que la suspensión ordeno a la autoridad abstenerse, fue lo mismo que realizó al momento de emitir su licencia de urbanización en su modalidad de Régimen de Condominio. (.)" Ahora bien, al rendir su informe relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, el Síndico Municipal, en representación de las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, manifestó lo siguiente: "(.) Respecto a la Suspensión Definitiva concedida por su Señoría a la parte quejosa dentro del presente Juicio de Amparo con fecha 15 de mayo del año 2018, para el efecto de que: "Se concede la suspensión Definitiva a la quejosa para el efecto de que se abstengan de expedir Licencia de construcción edificación o urbanización para una acción urbanística mayor, edificio o hotel en la fracción del predio denominado "El Pando" ubicado en las mediaciones de Ajijic, Jalisco, y si ya se expidió la mencionada licencia, las autoridades responsables ordenen y vigilen la paralización de la obra respectiva hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo." Seguido el Juicio de Amparo las partes tanto quejosa como tercero Interesado tras haber interpuesto diversos medios de impugnación, con fecha 9 nueve de noviembre del año 2021 el entonces Director de Jurídico del Gobierno de Chapala, Jalisco, ALONSO ESPINOZA MILIAN envió el oficio número 040/2021, al entonces Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobierno de Chapala, Jalisco, el C. JOSE JAIME ORELLANA RODRIGUEZ, para el efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 22 de octubre del 2021, en el cual se determinó: 1.- Se concede la suspensión Definitiva a la quejosa para el efecto de que se abstengan de expedir Licencia de construcción edificación o urbanización para una acción urbanística mayor, edificio o hotel en la fracción del predio denominado "El Pando" ubicado en las mediaciones de Ajijic, Jalisco, y si ya se expidió la mencionada licencia, las autoridades responsables ordenen y vigilen la paralización de la obra respectiva hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. 2.- El Tercero interesado puede realizar, únicamente obras de conservación en el inmueble materia del presente juicio, con el fin de evitar que se ocasionen daños en las propiedades aledañas. 3.- Se vigile con auxilio de la fuerza pública que se permita el acceso del tercero interesado al predio de su propiedad, así como de sus familiares, amigos, empleados domésticos, empleados encargados de mantenimiento y conservación del inmueble. Oficio que adjunto al presente escrito en copia certificada para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo posteriormente el Tercero interesado interpuso incidente de revocación o modificación a la suspensión definitiva respecto a la interlocutoria de 28 de mayo del año 2018, misma que resulto infundada acordando así su Señoría con fecha 17 de junio del año 2022, para después el tercero interesado promover Recurso de revisión en contra de dicha resolución, a lo cual el acuerdo de fecha 13 de julio del presente año, modifico la suspensión definitiva, para posteriormente la parte quejosa promover recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 13 de julio del presente año. (.)" Sentado lo anterior, se observa que son fundados los motivos de queja. De las constancias que integran la presente incidencia se desprende que las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, en específico, el Director de Desarrollo Urbano, emitió el Acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el que declaró procedente la solicitud de Régimen de Condominio vertical formulada por ******************** (aquí tercero interesado), respecto del predio identificado con cuenta predial R001213, mismo predio materia de la Litis en el juicio de amparo del que emanan los actos reclamados, cuya suspensión se otorgó en la presente incidencia. Ahora bien, en el caso, conviene precisar que, tal y como se precisó en el resultando cuarto de la presente resolución, en auto de siete de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito presentado por el tercero interesado, y en atención a lo solicitado, se fijó el monto relativo a la contragarantía a fin de que dejara de surtir efectos la medida cautelar concedida a la aquí quejosa, la que fue satisfecha mediante póliza de fianza 19J00001, recibida en diverso acuerdo de quince de enero de este año, ante ello, se dejó sin efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca de queja 155/2019, la que fue resuelta por ejecutoria de quince de mayo de dos mil diecinueve, medio de impugnación que se declaró fundado, por lo que, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se ordenó hacer del conocimiento de las responsables que subsistía la suspensión otorgada en interlocutorias de quince y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, el quejoso refiere que la responsable violó la medida cautelar que le fue concedida, en virtud de que previo a la emisión del Acuerdo que declaró procedente la solicitud de Régimen de Condominio vertical formulada por ******************** (aquí tercero interesado), se había dejado insubsistente la resolución que ordenó levantar la suspensión definitiva que le fue otorgada a la parte quejosa, de manera que con motivo de la emisión de la ejecutoria de quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca de queja 155/2019, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, recobró sus efectos la medida cautelar concedida. A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a la vista, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 492/2012, que en lo que aquí interesa sostuvo: "(.). Estudio de la contradicción 66. Con base en los antecedentes relatados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el que se desarrolla en el presente considerando. Primer punto. Momento a partir del cual surte efectos la suspensión 67. En cuanto al primer punto de contacto, es importante recordar que la suspensión tiene como finalidad que se conserve la materia de la litis y evitar afectaciones hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia ha destacado, que los efectos de la suspensión consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de otorgarse, con la finalidad de mantener viva la materia del amparo, evitando daños o perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa. 68. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que las medidas provisionales -asimilables a la figura de la suspensión- "tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta en tanto no se resuelva la controversia. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo, y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final."(8) Así pues, esta Corte considera que el correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria para acceder a una protección judicial efectiva. 69. Esta Primera Sala destaca que los operadores judiciales deben tener siempre presente la teleología de la figura de la suspensión al interpretar y aplicar tales preceptos, sin que las circunstancias de hecho o de derecho -tal como una notificación dilatada- hagan perder de vista el fin mismo de la figura jurídica aludida. En ese sentido, esta Primera Sala considera que el artículo 139 de la Ley de Amparo, es claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es "desde luego", lo que significa inmediatamente. 70. Considerar que la suspensión no tiene efectos inmediatos a partir del otorgamiento de la misma, haría nugatoria la dimensión de eficacia, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio e inoperante, en el sentido más amplio del término, y le quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Lo anterior es así, puesto que exigir la notificación para que la suspensión surta efectos podría tener consecuencias graves para la eficacia de la misma. Un ejemplo de ello sería que en el caso de una notificación realizada de manera incorrecta, habría que esperar a que se subsanaran los vicios para que tuviera eficacia, con lo cual, la medida cautelar resultaría ilusoria. Otro ejemplo consiste en que se tendría que notificar al quejoso que las autoridades responsables han sido notificadas para entonces poder él interponer denuncias de violación de la suspensión, puesto que hacerlo previamente a la notificación y después del otorgamiento serían declaradas infundadas. 71. Ahora bien, es importante destacar, en consecuencia lógica de los anteriores párrafos, que evidentemente los efectos de la suspensión no están supeditados a la notificación de la misma. Si bien es cierto que en atención al fin último de la suspensión, la notificación de la misma debería ser inmediata a su otorgamiento para evitar que se cometan daños de imposible o difícil reparación, lo cierto es que, en la práctica, en ocasiones existen lapsos entre la concesión de la suspensión y su notificación. Esta situación fáctica no desvirtúa la naturaleza de la suspensión, cuyos efectos son inmediatos. Sin perjuicio de lo anterior, esta Primera Sala considera, que la notificación de la suspensión debe ser preferencial y lo más pronto posible. 72. Considerar a la notificación de la suspensión como la fuente jurídica de los efectos de la suspensión, redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura que tiene la finalidad de detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo; es decir, se condicionaría la eficacia de la suspensión a un acontecimiento futuro cuya fecha es indeterminada -la notificación a la autoridad responsable-, lo que dejaría a la parte quejosa en estado de incertidumbre. 73. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia concluye que, la suspensión surte efecto en el momento mismo en que el Juez o Jueza, o la autoridad que conozca el juicio, determina que la suspensión procede y dicta la resolución en que ordena que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Asimismo, se concluye que los efectos de la suspensión no están supeditados a la notificación de la misma. (.)" Los anteriores argumentos dieron lugar al a jurisprudencia 1a./J. 33/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo el número de registro digital 2006797, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. El artículo 139 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, es claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es "desde luego", lo que significa inmediatamente. Considerar algo distinto haría nugatoria la dimensión de eficacia de la suspensión, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio y quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Los efectos de la suspensión no están supeditados a su notificación, ya que, lo contrario, redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo. El correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria para acceder a una protección judicial efectiva." De lo anterior, es factible concluir que, tal y como lo refiere el autorizado de la parte quejosa, si bien al momento de emitir el Acuerdo que declaró procedente la solicitud de Régimen de Condominio vertical formulada por ******************** (aquí tercero interesado), el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, no había sido notificado de la ejecutoria emitida el quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca de queja ********************del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo cierto es que la misma ya había sido emitida, determinación por virtud de la cual se revocó el auto de siete de enero de dos mil diecinueve en el que se fijó contragarantía a favor del tercero interesado, y cuyos argumentos fueron los siguientes: ".Por tanto, debe negarse el ofrecimiento de la contragarantía, para que se levante la suspensión definitiva de los actos reclamados; porque el determinar el impacto al medio ambiente con la ejecución de acto reclamado, o bien para considerar lo que estimó el juez de Distrito en el auto recurrido, de que no seguían vigentes las razones relativas a que los actos reclamados incidían de manera preponderante en el medio ambiente, sino que como lo comunicó la autoridad responsable en su informe previo, la licencia de construcción estaba acotada a la fracción del terreno propiedad del tercero interesado y que no fue para una acción urbanística mayor, tales aspectos en su caso serán materia de análisis en el fondo del asunto, puesto que la cuestión a elucidar consiste precisamente en determinar si la ejecución de la licencia de construcción de referencia, afecta o no al medio ambiente, en la zona en la que se autorizó dicha edificación (hotel). Además cabe agregar, que el propio artículo 133 de la Ley de Amparo, expresamente señala que no se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que si en el caso el acto de autoridad es reclamado aduciendo daño al medio ambiente y de ejecutarse sería en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por esas razones era improcedente fijar la contragarantía solicitada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el juez de Distrito haya dicho que no seguían vigentes los razonamientos de la interlocutoria de suspensión definitiva, con relación a que no se había reconocido el carácter de tercero interesado; ello debido a que al ya existir tercero interesado, de manera alguna invalida la razón relativa a la posible afectación al medio ambiente. Igualmente cabe señalar que en el caso se otorgó la suspensión definitiva sin exigir garantía, por lo que no es factible otorgar una contragarantía; puesto que no existe la primera, al considerarse en tal interlocutoria, que los actos reclamados incidían preponderantemente en el medio ambiente. (.)" En tales condiciones, se insiste, es fundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada a favor de la parte quejosa, pues previo a la emisión del Acuerdo que declaró procedente la solicitud de Régimen de Condominio vertical formulada por ********************, aquí tercero interesado (veintiuno de mayo de dos mil diecinueve), el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el toca de queja ********************(quince de mayo de dos mil diecinueve), la que determinó dejar insubsistente el acuerdo por el que se acordó procedente fijar una contrafianza al tercero interesado, a fin de que pudiera continuar con las obras dentro del predio materia de la Litis. Es por ello que se estima fundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva formulado por la parte quejosa, en virtud de que las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, han omitido realizar acciones tendientes a garantizar el respeto a la suspensión concedida a la quejosa. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia III.2o.A. J/11 (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 2299, Libro XIII, tomo 4, octubre de 2012, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Por lo tanto, con fundamento a lo que dispone el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas acredite haber realizado los actos tendientes para acatar la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, para el efecto de que deje insubsistente el Acuerdo que declaró procedente la solicitud de Régimen de Condominio vertical formulada por ******************** (aquí tercero interesado). Lo anterior es con el apercibimiento de que de no hacerlo así la autoridad responsable en cuestión será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la citada ley; todo lo cual deberá acreditar fehacientemente. Sin que en la especie se esté en el supuesto de hacer efectiva alguna sanción a dicha autoridad, con motivo del defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, en virtud de que al resolver la contradicción de tesis 492/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también precisó lo siguiente: "(.) Segundo punto. Qué sucede con los actos ejecutados en contra de la suspensión concedida, antes de ser notificada la autoridad. 74. El segundo punto de contacto se encuentra íntimamente relacionado con el anterior. Para esta Corte es claro que una vez determinado que los efectos de la suspensión son inmediatos al momento en que se decreta y que los actos protegidos con la misma lo están desde el momento del otorgamiento de la suspensión y no hasta la notificación de la misma, desde el momento mismo de la concesión de la suspensión existe la obligación para la autoridad responsable de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. 75. Esta Primera Sala, observa que si bien la autoridad está obligada a acatar la suspensión desde el momento mismo de la concesión de la misma, si ésta es notificada con posterioridad y ejecutó actos que se ordena suspender con anterioridad a dicha notificación, lo cierto es que, no se podría considerar que dicha autoridad está en desacato. Se considera que es importante tener en consideración que conceptualmente ello es muy diferente a considerar que la autoridad no estaba obligada a cumplir con la suspensión; es decir, la obligación de la autoridad surge inmediatamente con la suspensión, pero sólo puede considerarse que está en desacato hasta que es notificada. 76. Ahora bien, una vez establecido que no puede considerarse en desacato a una autoridad por la ejecución misma de actos suspendidos respecto de lo cual no había sido notificada, es importante destacar que la autoridad tiene la obligación de revocar o dejar sin efecto su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión y, de ser el caso, debe componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. De lo contrario, la autoridad responsable incurriría, ahora sí, en desacato de la orden de suspensión. En todo caso, es importante separar la dimensión de eficacia de la suspensión, de la dimensión sancionatoria en caso de violarla. (.)" Consideraciones de las que se concluye que si bien la suspensión surte efectos desde el momento mismo de su emisión, a fin de considerar que la responsable se hizo merecedora de una sanción con motivo del incumplimiento a dicha medida, ello será procedente siempre y cuando se haya notificado la resolución que se debe acatar, lo que en la especie no aconteció. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida mediante interlocutorias de quince y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, interpuesto por la quejosa, por las razones expuestas en el último considerando de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Con fundamento a lo que dispone el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, para que acredite haber cumplido la suspensión definitiva, en los términos precisados en el último considerando de la presente resolución, con el apercibimiento de que de no hacerlo serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la citada ley; todo lo cual deberá acreditar fehacientemente. Notifíquese. Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Miguel Ángel Herrera Valdez, que certifica que la presente actuación, la promoción y anexos que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/MAHV.
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