Joel Francisco Robles Chavez

Expediente 784/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
784/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Joel Francisco Robles Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 106/2022, número de orden 420 /2022, que fue girado el cuatro de noviembre del año en curso, a fin de que notificara al quejoso JOEL FRANCISCO ROBLES CHÁVEZ la resolución dictada por este juzgado el veintisiete de octubre de la presente anualidad. Dese de baja la citada comunicación en el libro correspondiente y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria de este Juzgado por el motivo que expone, para realizar la notificación personal al quejoso JOEL FRANCISCO ROBLES CHÁVEZ de la resolución pronunciada en este juicio el veintisiete de octubre del año en curso. En tal circunstancia y toda vez que en efecto, el domicilio que señaló el referido quejoso en su escrito de demanda para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, mediante exhorto que al efecto, por vía electrónica o interconexión, deberá enviar el actuario a cargo de estos autos, al Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, al que se acompañe copia autorizada de la resolución en comento, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, comisione a personal a su cargo a efecto de que notifique la resolución de que se trata al referido promovente, en el domicilio ubicado en calle doce de octubre número veintiuno, en la Colonia Independencia de esa ciudad, teniendo como sus autorizados a los CC. Carlos Flores Robles y Virgilio Flores Moreno. Cumplido lo anterior, una vez diligenciado el exhorto de que se trata, lo devuelva a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 784/2022; promovido por JOEL FRANCISCO ROBLES CHÁVEZ, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un juzgado del orden federal y otras autoridades con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1.- La orden de reaprehensión y su ejecución. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado. El encargado de la subsede de la Policía Federal Ministerial, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, en cuya razón, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio. CUARTO. Certeza de los actos. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, y el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca (denominación correcta del señalado como Comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca), refirieron que SON CIERTOS los actos reclamados, consistentes en la Orden de reaprehensión y su ejecución material dictada contra el quejoso en los autos de la causa penal número 28/2015. Dicha certeza se corrobora con las constancias respectivas, que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado. A dichas constancias se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes de los actos reclamados, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a la que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde, conforme al informe y las constancias que lo justifican, se advierte lo siguiente: 1.- Que ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se instruyó la causa penal número 28/2015, en contra de Joel Francisco Robles Chávez y otro, por su probable responsabilidad penal en la comisión del injusto de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 368 Quater, fracción I, párrafo tercero del Código Penal Federal, en perjuicio de PEMEX y la Sociedad. 2.- Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, antes del dictado del auto de formal prisión (treinta y uno de mayo de dos ml quince), en contra del imputado, ahora quejoso, se le concedió por el juez de la causa, por haber otorgado garantía, su libertad provisional bajo caución. 3.- En fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, el juez responsable dictó sentencia al quejoso, en cuyos puntos resolutivos se determinó la plena responsabilidad penal del procesado en la comisión del ilícito que le fue imputado, razón por la cual se le impuso una penalidad de cuatro años de prisión y mil días multa; se le concedió la prerrogativa de sustitución de la pena prevista en la fracción I del artículo 70 y el beneficio de la condena condicional previsto en el diverso numeral 90 del Código Penal Federal, entre otras cosas. 4.- En auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se declaró por el Juez, que la sentencia, por no haber sido recurrida, causó ejecutoria, motivo por el cual se requirió al sentenciado para que dentro del término de cinco días expresara si se acogía a los beneficios que le fueron concedidos, a saber, trabajo en favor de la comunidad, semilibertad, tratamiento en libertad o el suspensivo de la penas de prisión y multa directa por condena condicional, o en su defecto se internara en a penitenciaria central, para efecto de que compurgue su pena. Desde luego, que lo apercibió que, de no hacerlo, se revocaría y dejaría insubsistente la libertad provisional bajo caución otorgada y, para la ejecución consecuente de la pena de prisión impuesta, se libraría en su contra orden de reaprehensión, de conformidad con el artículo412, fracción VI en relación con el diverso 414, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior fue notificado por lista de acuerdos según actuación actuarial de veinticinco y veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, por haber sido el medio señalado por el imputado donde ser notificado, según diligencia notificatoria de veintisiete de octubre de dos mil quince. 5.- El nueve de enero de dos mil diecinueve, ante el incumplimiento del sentenciado a lo ordenado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se decretó la insubsistencia y revocación de la libertad provisional bajo caución de la que era beneficiario el sentenciado, de conformidad con el artículo 412, fracciones V y VI del Código Federal de Procedimientos Penales en relación con el artículo 414, párrafo segundo de la misma codificación y sin mayor fundamento que los invocados en la determinación incumplida, se ordena la reaprehensión del sentenciado ara efectos de que compurgue la pena de cuatro años de prisión que se le impuso. Acto que constituye el reclamado en estos autos. SEXTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe motivo alguno para librar en su contra, la orden de reaprehensión reclamada, ya que no existe causa fundada y motivada que la justifique, además de no haber procedimiento ni causa legal en su contra. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. En primer orden, debe señalarse, que no hay un atentado a los derechos humanos del justiciable, con la EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN reclamada, al no advertirse, de oficio, conforme a la tesis de jurisprudencia 62/1999, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 316 del tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "PRESCRIPCI´N, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE AP´REHENSI´N, POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PPÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO", que aquella, por el solo transcurso del tiempo, HAYA PRESCRITO. En efecto, debe señalarse que el artículo 105 del Código Penal Federal, establece: "ARTÍCULO 105.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años". Que conforme a la sentencia decretada por el Juez Federal responsable, se advierte que la penalidad del injusto de posesión ilícita de hidrocarburo, fundada en el artículo 368, Quater fracción I, párrafo tercero del Código Penal Federal, es de cuatro a diez años de prisión. En ese tenor, si la sumatoria de las penalidades mínima y máxima contempladas en el numeral reseñado, arroja catorce años de prisión, cuya media aritmética es de siete años; entonces, ello revela, con claridad, que la ejecución de la orden de reaprehensión no ha prescrito, al no actualizarse la exigencia legal que establece que, para que ello ocurra deberá transcurrir al menos un plazo igual al término medio aritmético, en el caso, siete años. Por otro lado, el único concepto de violación hecho valer, es INFUNDADO. Contrario a lo aducido por el quejoso y conforme a los antecedentes del acto reclamado, en su contra se instruyó la causa penal número 28/2015, por su probable responsabilidad penal en la comisión del injusto de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 368 Quater, fracción I, párrafo tercero del Código Penal Federal, en perjuicio de PEMEX y la Sociedad. Que dicha causa culminó con sentencia de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, en que se determinó su plena responsabilidad en la comisión del injusto mencionado con antelación, misma que causó ejecutoria el veinticuatro del mismo mes y año en mención. Hechos que revelan, por sí mismos, que antes del dictado del acto reclamado, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y se libró en contra del justiciable, de manera justificada, la orden de reaprehensión objeto de reclamo. En efecto, debe señalarse que los fundamentos invocados por el juez responsable, que sustentan la orden de reaprehensión reclamada, prescriben: "ARTICULO 412.- Cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, prenda, hipoteca o fideicomiso, aquélla se le revocará en los casos siguientes: VI.- Cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia". "ARTICULO 414.- En los casos de las fracciones I y VII del artículo 412 se mandará reaprehender al inculpado y la caución se hará efectiva, a cuyo efecto el tribunal enviará el certificado de depósito o el testimonio de la hipoteca a la autoridad fiscal para su cobro. En los casos de las fracciones II, III, V y VI del mismo artículo y III del artículo 413, se ordenará la reaprehensión del inculpado. En los de las fracciones IV del artículo 412 y II del 413, se remitirá al inculpado al establecimiento que corresponda". En ese tenor, si en el caso, consta que con fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia con la que culminó el procedimiento penal número 28/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en que se determinó la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión del injusto de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 368 Quater, fracción I, párrafo tercero del Código Penal Federal, en perjuicio de PEMEX y la Sociedad, misma que causó ejecutoria el veinticuatro de octubre posterior. Entonces, resulta claro que como el sentenciado no dio cumplimiento a lo ordenado en el auto de ejecutoriedad de la sentencia, esto es, que dentro del término de cinco días expresara si se acogía a los beneficios que le fueron concedidos, a saber, trabajo en favor de la comunidad, semilibertad, tratamiento en libertad o el suspensivo de la penas de prisión y multa directa por condena condicional, o en su defecto se internara en a penitenciaria central, para efecto de que compurgue su pena, el acto no puede ser violatorio de los derechos humanos del demandante del amparo. Esto porque, al texto de los numerales transcritos el procedimiento culminó con sentencia y ésta causo ejecutoria; por lo que, habiendo estado el sentenciado bajo libertad provisional bajo caución, ésta fue legalmente revocada al no haber atendido el peticionario el requerimiento del juez de la causa, no obstante haber quedado notificado el veintiocho de octubre de dos mi dieciséis de sus obligaciones legales derivadas del beneficio citado. Así que, ante lo INFUNDADO del concepto de violación, que comprende el análisis oficioso de la prescripción, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso, contra la orden de reaprehensión reclamada al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. NOVENO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ..., en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra la orden de reaprehensión reclamada al Juez Segundo de Distrito en el Estado y su ejecución, en términos del considerando octavo de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el Conflicto Competencial II-IV-44/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, así como los incidentes de suspensión relativos, se advierte que dicho tribunal determinó que este juzgado es el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por JOEL FRANCISCO ROBLES CHÁVEZ, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad y de otras autoridades; asimismo, remite el expediente de amparo 589/2021 formado con motivo de la demanda de mérito. Acúsese recibo y, en acatamiento a lo determinado por el mencionado tribunal, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, cuya circunstancia infórmese al órgano colegiado con transcripción de este proveído. Glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Atento a lo anterior, y toda vez que el juicio de amparo de que se trata se encuentra debidamente integrado, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y túnese el expediente para el dictado de la correspondiente resolución. En cuanto al original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de que se trata y que también se remite, dado que se advierte que se resolvió sobre la suspensión definitiva, se ordena guardarlos por separado identificándolos con el número correspondiente a este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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