Joel Francisco Espinoza Salamón
Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Joel Francisco Espinoza Salamón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el término para que las partes se inconformaran contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin que se manifestara en el término que establece el artículo 202 párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por lo tanto, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Seguimiento de Expedientes. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma autógrafa y/o electrónicamente, la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la Secretaria Vianney Andrea Lugo Ahumada, quien actúa y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio remitido por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "...". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, efectuó el acto siguiente: ... En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. VISTA A LAS PARTES En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.
- Principal
DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Vista la certificación que antecede de la que se desprende que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, como Titular de este Juzgado, en lugar de la ahora Magistrada Abigaíl Cháidez Madrigal, con efecto a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, según consta en el oficio SEADS/695/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Asimismo, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta sentencia, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que den a la ejecutoria y remitan las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. En relación a lo cual cabe precisar que respecto a lo previsto en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que los Magistrados y Jueces carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Lo anterior tiene sustento, por analogía, en la jurisprudencia J/3, del Pleno en Materia Civil del Primero Circuito, visible en la página 1378, Libro 9, Tomo II, Agosto de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007295, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
- Principal
ÚNICO. Para los efectos precisados en el último considerando, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso, contra el acto de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.
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