Joel Flores Perea
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Joel Flores Perea
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de agosto del año en curso por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio en el se sobreseyó fuera de audiencia constitucional....VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Téngase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, rindiendo su informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por dicha , se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que sobreviene una causal de improcedencia, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, en consecuencia se decreta fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente asunto. Lo anterior, porque los efectos de la omisión reclamada han cesado. En efecto el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, una vez analizados todos los datos que se desprenden de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a quien atribuyó: La omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 1188/2020, y como actos destacados la omisión de notificar a la parte demandada, lo que ha generado el retraso en la impartición de justicia y paralización del juicio natural. Sin embargo, del contenido de las constancias recibidas en esta data, se advierte que el quince de febrero del año en curso, la junta responsable emitió un auto dentro del juicio laboral 1188/2020, de su índice, en el cual señaló las doce horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó la notificación de la parte demandada. Asimismo, se desprende que dicha determinación fue notificada a las partes el diecinueve de agosto del año en curso. Esto es, la impetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que las omisiones eran violatorias de derechos; sin embargo, las omisiones reclamadas dejaron de existir, toda vez que la responsable dictó la resolución correspondiente, la cual le fue notificada posteriormente tanto a la parte quejosa, como a la demandada en el juicio natural. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Finalmente, se deja sin efecto las diez horas con veinte minutos del ocho de septiembre de dos ml veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de agosto de dos mil veintiuno. NO HA LUGAR A CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y HABILITACIÓN DE USUARIO. Agréguese a los autos el escrito signado por Antonio Espinoza Pereyra, por medio del cual solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico con el usuario que indica; en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que por auto de veintiséis de julio del año en curso se le tuvo por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones.-. M-VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Toda vez que el catorce de julio de este año, se envió el despacho 592/2021-III, del índice de este órgano federal, dirigido al Juez Penal del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Hidalgo, esto a fin de que el quejoso Javier Nepomuceno Galván, manifestara si ratifica el escrito recibido en este juzgado federal el veintiséis de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno para su celebración. ...III
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