Joel Eugenio Cortes Perez

Expediente 1462/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1462/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Joel Eugenio Cortes Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve JOEL EUGENIO CORTÉS PÉREZ, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1462/2019-I, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. De una lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que el quejoso reclama: ".IV ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la ilegal conducta y actitud de la autoridad señalada como responsable, al omitir acordar en tiempo y forma, el escrito de cuenta presentado por el suscrito con fecha cuatro de Octubre del año en curso, en el expediente TJA/1a/108/19, sobre nuestra petición para que; señalara fecha para inspección ocular y en inmueble en construcción que está afectando mi patrimonio y que aclarara o revocara la suspensión concedida a la parte actora en el expediente mencionado, así como diversos acuerdos que no se nos han notificado, afectándose los derechos humanos del ahora quejoso, como se explicara en los conceptos de violación correspondientes." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a esta disposición el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa, que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal de la parte quejosa, y el impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, al ser tercero interesado en el juicio TJA/1a/108/19. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Como quedó demostrado, el quejoso es tercero interesado en el juicio TJA/1a/108/19, del que emana el acto reclamado. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de queja, esto es, el acto que reclama el promovente tiene forma de reparación, ya que el acto reclamado puede ser revocado, modificado o confirmado, a través del aludido medio de impugnación, previsto por el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, que a la letra dicen: "Artículo 99. El recurso de queja es procedente: I. En contra de actos del Secretario de Acuerdos y Actuario de la Sala, por el retardo injustificado de las actuaciones procésales; II. En contra de los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la cumplimentación de las resoluciones del Tribunal, y III. Cuando no se acate la suspensión concedida en contra de los actos o resoluciones impugnados." Lo anterior es así ya que el promovente señala como acto reclamado la omisión de acordar en tiempo y forma, el escrito presentado el cuatro de octubre del año en curso, ante la responsable, mediante el cual solicitó que se señalara fecha para inspección ocular en el inmueble en construcción que aduce afecta su patrimonio, así como la aclaración o revocación de la suspensión concedida a la parte actora en el expediente TJA/1ª/108/19. Pues resulta inconcuso que ante los efectos que considere el quejoso genere dicha actuación, catalogados como de imposible reparación, ello no desvirtúa el hecho de que dicha omisión o retardo es recurrible a través del recurso citado con antelación, en virtud de que como se apreció del artículo 99 de la citada Ley prevé que procede el recurso de queja contra el retardo injustificado de las actuaciones procesales y, en el caso, el acto del que se duele el quejoso, es precisamente el retardo en acordar el escrito presentado. En consecuencia, dado que el recurso de queja constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con registro 2017117, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 cuyo rubro es "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Asimismo, por analogía cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, de la Décima Época, pronunciada por la Primera Sala, visible en la página 350, Tomo I, Diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005039, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como autorizados en los términos propuestos a las personas que señala, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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