Joel Espinosa Romero
Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joel Espinosa Romero
- Director del "Hospital General La Piedad"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRES QUE EN SÍNTESIS DICE: En treinta de junio de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los autos1277/2022. Conste. Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia de treinta de diciembre dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Joel Espinoza Romero, para los efectos siguientes: "Le proporcionen el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica del quejoso Joel Espinoza Romero, atendiendo a los padecimientos que presenta." Misma que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. El apoderado jurídico de las autoridades responsables presentó en este órgano oficio exhibido el treinta de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual hizo del conocimiento que celebró un contrato de compraventa de servicios con IGSA Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que ésta a su vez subrogue los servicios dialíticos al quejoso, por conducto de una clínica particular en La Piedad, Michoacán. Para acreditar su dicho adjuntó el contrato respectivo, así como la orden de pedido LPE-115/2022-2da (CADPE-EMLPE-096/2022)-1, en que solicitó de 13,200 a 17,600 terapias sustitutivas renales extracorpóreas (hemodiálisis), por la suma de $26,022,744.00 (veintiséis millones veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 monedan nacional) a $34,696,992.00 (treinta y cuatro millones seiscientos noventa y seis mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 monedan nacional), así como el oficio SSM/2022/5009/, mediante el cual pidió al subdirector de Recursos Materiales y Servicios, la autorización presupuestaria respectiva. Así como el oficio 5009/2022/86048, signado por el subdirector de Recursos Materiales y Servicios, mediante el cual hizo del conocimiento del representante legal de la empresa IGSA Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se encuentra vigente la licitación pública CADPE-EM-LPE-115/2022-2DA (CADPE-EMLPE-096/2022), por un monto máximo de $34,696,992.00 (treinta y cuatro millones seiscientos noventa y seis mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 monedan nacional), incluido el impuesto al valor agregado, solicitando su ampliación hasta por el 15%, lo cual fue aceptado por la empresa contratada. En dicho comunicado también adjuntó copia del consentimiento bajo información para tratamiento de hemodiálisis e historia clínica de Joel Espinoza Romero, elaborados el veintinueve de diciembre del año pasado. Constancias que exhibió nuevamente el dieciocho de febrero y veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En auto de trece de febrero del año en curso, este órgano realizó una invitación al quejoso para que compareciera a recibir sus sesiones dialíticas, lo cual le fue notificado vía electrónica el diecisiete de febrero siguiente. Por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se tuvo de nueva cuenta al apoderado jurídico de las autoridades responsables, informando que hasta el veintisiete de febrero de este año, el quejoso no había comparecido a la clínica particular asignada a recibir sus sesiones de hemodiálisis, puesto que, la última que compareció fue el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; por lo anterior se requirió nuevamente a la quejosa para que informara el motivo por el cual no había asistido a recibir la atención médica que requiere, o en su caso el impedimento que haya tenido para ello, lo cual le fue notificado vía electrónica el uno de marzo del año en curso. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, el autorizado del quejoso informó que Joel Espinoza Romero, no ha continuado su tratamiento de hemodiálisis en el "Centro de Hemodiálisis La Piedad", por motivos personales, asimismo, que ha intentado contactarlo al número telefónico 352-206-30-25, sin que se hayan atendido sus llamados. 3. Manifestaciones. La parte quejosa no dio respuesta a la vista dada con el cumplimiento de la ejecutoria. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se aprecia que la última data en que el quejoso acudió ante las autoridades responsables a ser atendido de su padecimiento clínico denominado insuficiencia renal crónica, fue el veintinueve de diciembre del año pasado, asimismo, que pese a que han informado que Joel Espinoza Romero, tiene citas de terapia sustitutiva abiertas en el "Centro de Hemodiálisis La Piedad", no ha acudido, no obstante los requerimientos hechos por este órgano jurisdiccional para que se presentara a ser atendido médicamente, así como que su autorizado ha intentado contactarlo vía telefónica, sin obtener resultados positivos. Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso se ha negado a continuar recibiendo tratamiento médico por parte de las autoridades responsables, no obstante que tiene disponible la posibilidad de continuarse atendiendo en una clínica de su localidad. Por ello, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que no existe materia para la ejecución. No obstante lo anterior, debe decirse que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor del quejoso el derecho de recibir la atención médica gratuita, tratamiento y medicamentos adecuados para contrarrestar los padecimientos que le aquejan. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a proporcionar al impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida, en caso de así solicitarlo. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita, no obstante de que con anterioridad no haya acudido de forma voluntaria a continuarse sometiendo al tratamiento médico dialítico ofertado. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 6.1. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Delegación Administrativa, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión, valoración. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas. SSCH/VHAC/ocr Razón. En esta fecha se giraron los oficios 17793, 17794 y 17889 a las autoridades correspondientes; notificándol
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Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta, se desprende que por auto de veintiocho de abril de este año, se requirió a la parte quejosa que será ella quien determine si acepta o no la atención médica brindada por las autoridades responsables, salvo aquellos casos de urgencia en donde las responsables deberán actuar de forma inmediata ante el inminente riesgo en la salud y vida de la paciente, mismo que fue notificado el pasado tres de mayo, como se advierte de la constancia de notificación electrónica. Aunado a que en esa data, el autorizado de la parte quejosa informó que su representado no ha continuado con su tratamiento de hemodiálisis en la clínica "Centro de Hemodiálisis la Piedad" por motivos personales y que al marcar el teléfono del quejoso 352 206 30 25, no se pudo establecer comunicación con éste. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, y toda vez que la parte quejosa no ha realizado ninguna manifestación al respecto, se da vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB
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Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa informa. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa que su representado no ha continuado con su tratamiento de hemodiálisis en la clínica "Centro de Hemodiálisis la Piedad" por motivos personales; asimismo, que al marcar el teléfono del quejoso 352 206 30 25, no pudo establecer comunicación con éste. 2. Se provee lo conducente. Bajo ese esquema y atendiendo a que el quejoso desde el veintinueve de diciembre del año en curso no ha comparecido a recibir su tratamiento, ni sus sesiones de hemodiálisis que requiere, es importante resaltar lo siguiente: Los artículos 77 bis 1, 2 y 9 y 166 bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado a través de las dependencias de Salud - responsables- tiene la obligación, por conducto de sus unidades médicas, de proporcionar de forma gratuita, progresiva, efectiva, oportuna, integral y de calidad en todas sus formas y niveles, la atención médica a toda persona que lo requiera; además, de que dicho servicio puede ampliarse de forma progresiva conforme a las necesidades particulares de cada paciente. Esto es, conforme a sus facultades y obligaciones, debe otorgar a la parte quejosa, servicios de orientación, asesoría, seguimiento y cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad que padece y que necesite para que preserve su salud y vida. A partir de dicha obligación, se desprende que el derecho a la salud implica un cúmulo de responsabilidades de las autoridades responsables, entre otras la de garantizar las condiciones necesarias para que la salud del quejoso esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general, como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, especificando en el caso concreto, la práctica de hemodiálisis, por el que se fijan los parámetros mínimos que la infraestructura y equipamiento de los establecimientos en que se practique dicho servicio y terapias afines, como hospitales, así como unidades independientes ya sean del sector público o privado, deben reunir, lo que es vinculante para el perfil del personal que debe seguir los criterios científicos y tecnológicos aprobados. Por ello, se precisa que son médicos especialistas en nefrología adscritos a las autoridades responsables o que proporcionan el servicio de forma subrogada a éstas y no este órgano jurisdiccional los autorizados para prescribir y aplicar el procedimiento terapéutico de hemodiálisis que requiere el quejoso. Por otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 51, 51 bis 1 y 2 de dicha Ley General de Salud, el quejoso tiene derecho a obtener por parte de las responsables, las prestaciones de salud citadas, mismas que deberán recibirse de forma oportuna, idónea y de calidad, así como recibir atención profesional y éticamente responsable, con un trato respetuoso y digno del personal de salud. Asimismo, el quejoso también tienen derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, si aceptan el tratamiento o procedimiento, así como al médico tratante en primer nivel, conforme a su residencia, horario laboral y disponibilidad en las áreas médicas, con base en las reglas generales que determine cada institución, siempre y cuando éste tenga conocimiento informado sobre el caso en concreto. Lo anterior, siempre y cuando dichos usuarios no se encuentren en un estado urgente de incapacidad transitoria o permanente, de decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ofrecidos, a fin de preservar su vida y salud. Es así, pues previo a otorgar dicho consentimiento, deberá apoyarse con las instituciones de salud, a fin de que por conducto de éstas, se le precise de forma clara, oportuna y con un lenguaje sencillo, los posibles beneficios y riesgos esperados con el tratamiento médico propuesto, así como las diversas alternativas que se tenga y de así decidirlo, de forma libre aceptar o rechazar los mismos. En conclusión, la restitución del derecho vulnerado a la salud del quejoso a través de la suspensión, o en definitiva en sentencia, comprende la obligación de las autoridades responsables, quienes habrán de actuar bajo su más estricta responsabilidad por ser ellas quienes tienen la pericia necesaria y no el juzgador, para determinar el tratamiento que en su caso requiere la parte quejosa. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el autorizado de la parte quejosa indicó que éste recibía la atención médica en la clínica particular denominada "Calidad de Hemodiálisis La Piedad", pero que por motivos personales ya no lo hace y que al tratar de comunicarse vía telefónica no obtuvo respuesta alguna; por tanto, no es factible que éste órgano jurisdiccional requiera al quejoso directo el motivo o causa de su decisión, pues ello corresponde a una obligación de las autoridades responsables, quienes bajo su más estricta responsabilidad deben ofrecer el tratamiento médico que corresponda, informando en todo momento al paciente los alcances, implicaciones y riesgos del mismo y en su caso será la parte quejosa quien determine si lo acepta o no, salvo aquellos casos de urgencia en donde las responsables deberán actuar de forma inmediata ante el inminente riesgo en la salud y vida de la paciente. Sin que deba pasar desapercibido que de la certificación de cuenta, se advierte que el día de hoy se intentó entablar comunicación en varias ocasiones al teléfono 352 206 30 25, mismo que corresponde al celular particular del quejoso directo, según lo manifestado por su autorizado, sin obtener respuesta alguna. En consecuencia, cualquier cuestión inherente al tratamiento deberá dilucidarse ante las autoridades responsables, al ser estas quienes cuentan con los conocimientos técnico-científicos para realizar el abordaje clínico que sea más adecuado para la atención médica al paciente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico del Directo del Hospital General de La Piedad, Michoacán, mediante el cual informan que han otorgado de forma subrogada la atención médica correspondiente a la parte quejosa, es decir, el tratamiento de insuficiencia renal crónica consistente en las sesiones de hemodiálisis que requiere, como pretender acreditar con las constancias adjuntas; sin embargo, de las mismas no se desprende que la misma haya sido otorgada de forma oportuna y continua, toda vez que únicamente anexa el acuerdo de consentimiento y la hoja clínica con fecha de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 2. Estado de autos. Ahora bien, del estado que guardan los autos se desprende que en proveídos de trece y veintiocho de febrero de este año, el apoderado jurídico de las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informó que el quejoso no ha comparecido a recibir sus sesiones de hemodiálisis que requiere en la clínica particular "********************", puesto que la última fecha que compareció lo fue el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Por ello, en autos de esas mismas fechas, se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara el motivo por el que a la fecha no ha comparecido a recibir la atención médica que requiere. De igual forma, en el diverso de veinticuatro de marzo de este año, se ordenó requerir a los autorizados de la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda, para que en tres días informaran el motivo por el que a la fecha no ha comparecido a recibir atención médica, sin que a la fecha obre constancia de notificación. Con lo anterior, es evidente que desde que causó ejecutoria la sentencia amparadora dictada en autos -el veinticinco de enero de dos mil veintitrés- las responsables no han remitido las constancias que acrediten la atención médica brindada a la parte quejosa, o en su caso informado el impedimento que hayan tenido para brindarla. Empero, no obstante que la quejosa no haya informado si ha recibido o no la atención médica que requiere, la obligación de informar y dar cabal cumplimiento de la ejecutoria del amparo corresponde a las responsables, debiendo adjuntar las constancias las constancias que así lo justifiquen. Sin que pase desapercibido el ocurso de cuenta a través del cual la responsable indica que continúa otorgado la atención médica correspondiente; sin embargo, no anexa los documentos que comprueben que ello haya sido de forma oportuna y constante, dado que solo se limita a remitir la constancia con la que acredita la última comparecencia de la quejosa. 3. Requerimiento. En ese sentido, se estima necesario requerirlas para que en el término de tres días, computado legalmente cumplan con la sentencia de amparo. Para lo cual, se encuentran conminadas a realizar los actos concretos siguientes: a) Informen el motivo o razón por la cual la quejosa no ha comparecido a recibir la atención médica que requiere, o en su caso informe el impedimento legal que tenga para ello. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 3.1. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $ ******************** en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 4. Se requiere al actuario. Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que por auto de doce de abril de este año, se requirió al actuario judicial adscrito encargado del presente asunto, a fin de que de inmediato notificara el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a los autorizados de la parte quejosa en el domicilio señalado en el escrito de demanda, sin que a la fecha lo haya hecho Por ello, requiérasele nuevamente a fin de que de inmediato dé cabal cumplimiento con lo anterior. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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