Joel Enrique Mojica Gonzalez
Expediente 446/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 39 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Joel Enrique Mojica Gonzalez
- Jueces de Control, Juicio Oral Y Ejecucion de Sanciones del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este órgano jurisdiccional, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". De igual forma, hágasele saber a la promovente que, de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la persona que se presente a recoger los documentos deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas destinadas al tránsito y usar cubreboca de aquellos que se encuentra probada su efectividad (KN95 o en su caso tricapa), en todo momento. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio *********** y sentencia -recibidos vía electrónica-, signado por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, por medio del cual remite la resolución dictada en el juicio de amparo *************** y dos discos versátiles digitales (DVD) que le fueron enviados; al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio y discos versátiles digitales que remite, en razón de que mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente respecto a la sentencia dictada por el juzgado oficiante y se ordenó notificar a las partes la misma. Acuse recibo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos, el oficio 644/2021 y sentencia -recibidos vía electrónica-, signado por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, por medio del cual remite la resolución dictada en el juicio de amparo 446/2020, promovido por Joel Enrique Mojica González. Acúsese recibo. En tales circunstancias, se ordena notificar personalmente a las partes la sentencia dictada en este juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, para que obre como corresponda. Aviso de cambio de titular. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Finalmente, se ordena notificar de manera personal el presente proveído. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe. SENTENCIA JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS JUEZ GELACIO VILLALOBOS OVALLE SECRETARIO: JESUS DAVID ALVARADO BARBOSA JUICIO DE AMPARO 446/2020 EXP. AUXILIAR 243/2021 QUEJOSO: JOEL ENRIQUE MOJICA GONZÁLEZ. Zacatecas, Zacatecas, doce de noviembre de dos mil veintiuno. En continuación de la audiencia constitucional1 dicto la sentencia correspondiente al juicio de amparo mencionado, de conformidad con los antecedentes y consideraciones siguientes. I. Inicio y trámite del juicio constitucional. A) Presentación de la demanda. Por escrito recibido de seis de julio de dos mil veinte, por el secretario de guardia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Joel Enrique Mojica González demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que precisó en su escrito inicial de demanda. 1 Iniciada por el Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca -a quien auxilio- B) Proveimiento y sustanciación de la demanda hasta el inicio de la audiencia constitucional en el Juzgado auxiliado. Por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, registró el juicio con el expediente 446/2020, admitió la demanda, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Juez que auxilio requirió al quejoso para que manifestara si así lo deseaba señalar una nueva autoridad responsable, por lo que en acuerdo cinco de octubre del mismo, se le tuvo señalando nueva autoridad responsable y se solicitó su informe justificado. Finalmente, la audiencia constitucional inició el doce de agosto de dos mil veintiuno. C) Remisión del asunto para la continuación de la audiencia constitucional en su etapa de emisión de la sentencia. En atención a lo dispuesto en el oficio SECNO/STCCNO/441/2021, y de conformidad a la Circular CAR 10/CCNO/2021, ambos emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado auxiliado envió de manera electrónica el presente juicio a este órgano jurisdiccional para su resolución. D) Radicación del asunto en el Juzgado auxiliar. En proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, se recibieron de manera electrónica los autos del órgano jurisdiccional auxiliado, se ordenó radicar el asunto y emitir la sentencia electrónica correspondiente. II. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, resulta legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.°, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en relación con los Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del mencionado Centro Auxiliar, que determina, además, la denominación, residencia, competencia y domicilio de este órgano jurisdiccional. Y con los Puntos Primero y Tercero del diverso Acuerdo General 52/2009, emitido por el propio cuerpo colegiado, que establece el inicio de funciones de los Juzgados auxiliares, entre ellos este Órgano Jurisdiccional; y con el oficio SECNO/STCCNO/441/2021, signado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en pronunciar las sentencias en los juicios de amparo que se tramitan ante su instancia. Asimismo, es pertinente acotar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, tiene competencia legal para conocer de este juicio de derechos fundamentales, en razón de que los actos reclamados se le atribuyen a autoridades que residen en la jurisdicción que corresponde al Juzgado Federal al que se presta auxilio. Es oportuno señalar que la competencia de este Juzgado Auxiliar, para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, se justifica al haber sido creado exclusivamente para ese fin, por tanto, la indicada competencia deriva, precisamente, de la circunstancia de que se está brindando asistencia en el dictado de la resolución correspondiente a dicho Juzgado. III. Cuestiones preliminares al estudio de fondo del asunto A) Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en las tesis en materia común P./J. 40/20002 y VI/20043, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este procedimiento, el suscrito Juez de Distrito advierto que la parte quejosa reclamó: ? De los Jueces de Juicio Oral del Único Distrito, con sede en Xochiltepec, Morelos: 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, de rubro: 'ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO´. Alma Patricia Salas Ruíz Arturo Ampudia Amaro Gabriela Acosta Ortega Alejandra Trejo Reséndiz Martín Eulalio Domínguez Casarrubias Gloria Angélica Jaimes Salgado ? De la Jueza Especializada en Ejecución de Sentencias del Único Distrito Judicial con sede en Xochiltepec, Morelos: Leticia Damián Avilés ? De los Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos: Isidro Edie Sandoval Lome Elvia Terán Peña María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena Ramón Villanueva Uribe ? De las Juezas Especializadas de Control, del Único Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos: Yaredy Montes Rivera Beatriz Maldonado Hernández ? Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Metropolitana en el Estado de Morelos. ? Del Encargado de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos. ? Del Fiscal General del Estado de Morelos. ? De la Comisión Estatal de Seguridad Pública. ? Del Agente del Ministerio Público Encargado del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Metropolitana. 1. En el ámbito de sus competencias, la emisión y ejecución de la orden de cateo de ocho de junio de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal JCJ/281/2020, practicada en el domicilio ubicado en carretera federal Cuernavaca-Taxco, kilómetro 32+500 de Ahuehuetzingo, municipio de Puente de Ixtla, Morelos. [Inmueble delimitado con cerca de postes de concreto y alambre de púas, portón de reja de color café con dos pilares que tienen un león en cada pilar, con diversas palmeras y una construcción con lámina plateada]. 2. En el ámbito de sus competencias, la emisión y ejecución de la orden de cateo de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal JC/721/2020, practicada en la segunda privada, veintiuno de noviembre número quince, en la colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos. [Portón café, número quince, en color blanco y pared color amarillo]. B) Oportunidad en la presentación de la demanda. Del acto reclamado del punto 1, el quejoso manifestó protesta de decir verdad, que se enteró por medios de información electrónicos del cateo practicado en el domicilio ahí señalado el doce de junio de dos mil veinte. En el presente asunto, este Juez Federal, de manera oficiosa, advierto que en relación con el acto reclamado señalado anteriormente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso consintió tácitamente dicho acto, habida cuenta que la demanda no se presentó dentro del plazo de quince días que para tal efecto prevé el numeral 17 del ordenamiento legal invocado. El artículo 61, fracción XIV, de la citada legislación, dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Por su parte, los ordinales 17 y 18 de la Ley Reglamentaria en consulta, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." (Subrayado añadido). "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; 2. El promovente de amparo hubiera tenido conocimiento del acto reclamado; y, 3. En que se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. (supuesto que se actualiza) La primera hipótesis se refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras no se determine su nulidad o ilegalidad. El segundo supuesto, para computar el plazo de quince días, alude a un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que genere la certeza de que este "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró de dicho acto en forma directa, plena y completa. Por su parte, la última hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que se considera como una confesión expresa del afectado. Las anteriores reglas operan siempre y cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo, como son: I. Treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso en concreto se reclama la orden de cateo y su ejecución de ocho de junio de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal JCJ/281/2020, practicada en el domicilio carretera federal Cuernavaca-Taxco, kilómetro 32+500 de Ahuehuetzingo, municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Como se ve, tal determinación no constituye un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal de los quejosos fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; por tanto, en el particular no se patentiza ninguno de los supuestos de excepción antes apuntados; de ahí que su impugnación en esta vía constitucional se encuentra sujeta al plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso a estudio debe aplicarse la regla prevista en el artículo 18 de la ley de la materia en cita, en su tercera hipótesis, relativa a que el plazo para promover la demanda de amparo debe computarse a partir de que el promovente del amparo se ostente sabedor del acto reclamado, o de su ejecución, por las razones que a continuación se exponen. El quejoso en los hechos y antecedentes de su escrito inicial de demanda manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "2- En fecha 12 de junio posterior (sic) a la presentación de la demanda de amparo promovida por el suscrito tuve conocimiento por medios informativos digitales, que la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo en un inmueble que es de mi propiedad, ubicada en un rancho ubicado en Puente de Ixtla, Morelos, localidad o colonia Ahuehuetzingo, Carretera Federal Mexico- Acapulco Cruceo 4 Vientos, Kilómetro 32+500." De ahí que este tuvo conocimiento pleno del acto reclamado desde el doce de junio de dos mil veinte, por lo que el plazo al que refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir del quince siguiente y feneció el tres de julio de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el seis de julio de dos mil veinte, en cuanto al acto reclamado en el punto 1, se concluye que esta fue extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la misma legislación, por haber consentido tácitamente la parte quejosa el acto reclamado. Tocante a los actos reclamados en el punto 2, de igual manera manifestó bajo protesta de decir verdad, que el día veintiséis de junio de dos mil veinte, al llegar a su domicilio se percató de unos sellos con la leyenda de "Asegurado" con motivo del cateo que se duele el quejoso, por tanto, desde ese momento tuvo conocimiento del acto reclamado, de ahí que si la demanda de amparo se presentó el seis de julio de dos mil veinte, es inconcuso que no había transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces su presentación fue oportuna. C) Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces de Juicio Oral del Único Distrito (Alma Patricia Salas Ruíz, Gabriela Acosta Ortega, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, Arturo Ampudia Amaro, Alejandra Trejo Reséndiz y Gloria Angélica Jaimes Salgado); a la Jueza Especializada en Ejecución de Sentencias del Único Distrito Judicial (Leticia Damián Avilés); a los Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial (Isidro Edie Sandoval Lome, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena y Elvia Terán Peña); al Fiscal General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al Agente del Ministerio Público Encargado del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Metropolitana, todos del Estado de Morelos, ya que al momento de rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, y el promovente no exhibió prueba que desvirtuara tal negativa. Al respecto, se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley."4 Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, página 6673, registro 324127. del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, no obstante que el Juez de Primera Instancia de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos con residencia en Xochitepec, licenciado Ramón Villanueva Uribe, al rendir su informe justificado reconoció la emisión de la orden de cateo de veintiséis de junio de dos mil veinte, al señalar que su homóloga emitió dicho mandamiento con motivo de la petición ministerial realizada dentro de la carpeta técnica JC/721/2020, lo cierto es que remitió disco compacto del que se advierte que la juez que llevó a cabo la audiencia privada y otorgamiento de la orden de cateo fue la Jueza Laura Gabriela Chang Marroquín, es por lo que debe tenerse por inexistente el acto atribuido a dicho juzgador y sobreseerse también respecto al mismo por inexistencia de actos. D) Certeza de los actos. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Jueza Primera Instancia de Control, de Juicio Oral 5 En materia común del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, sexta época, tomo VI, página 236, registro 917818. y de Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos con residencia en Xochitepec, licenciada Laura Gabriela Chang Marroquín; al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Metropolitana, así como al Encargado de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, todos del Estado de Morelos, ya que así lo manifestaron en sus informes justificados. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal JC/721/20, que el Juez Especializado de Control responsable acompañó con su informe justificado, de las que se advierte transcripción escrita de dicho mandamiento judicial dirigido al fiscal solicitante, tales constancias obran digitalizadas en el expediente electrónico al que se tiene acceso, toda vez que, de conformidad con el artículo 3.º de la Ley de Amparo, que establece que todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como resoluciones, acuerdos, sentencias y, en general, toda la información relacionada con el expediente, deberán ser digitalizadas e integradas en el expediente electrónico, a fin de que este coincida con el impreso, se considera que la información que se puso a disposición, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este Juzgado de Distrito Auxiliar, es fidedigna y auténtica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, bajo el rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Precisado lo anterior, se determina que las documentales que la autoridad responsable adjuntó con su informe, y que fueron digitalizadas por el Juzgado al que se presta auxilio, merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, del tenor siguiente: 6 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 10, registro 2017123. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."7 D) Causas de improcedencia o de sobreseimiento del juicio constitucional. El suscrito Juez de Distrito advierto que debe sobreseerse en el juicio respecto al dictado y emisión de la orden de cateo de veintiséis de junio de dos mil veinte, atribuido a la Jueza Primera Instancia de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos con residencia en Xochitepec, licenciada Laura Gabriela Chang Marroquí, y su ejecución atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Metropolitana, así como al Encargado de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, todos del Estado de Morelos; por considerar que dichos actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y/o legítimos de la parte quejosa, al no demostrar que los mismos le hayan causado perjuicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XII8, y 63, fracción V9, de la Ley de Amparo. 7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro digital 2004362. 8 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción | del artículo 50 Al respecto el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)". Dicha porción establece el principio de instancia parte agraviada que rige el juicio de amparo, consistente en que sólo puede ser promovido por aquella persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, quien promueva el juicio de amparo debe demostrar que los actos que reclama de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; 9 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [..] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. producen una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa, en razón de la violación de un derecho subjetivo del que sea titular (interés jurídico), o de forma indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Pues, de lo contrario, el juicio de amparo será improcedente al no satisfacer el requisito constitucional de instancia de parte agraviada. Así lo establece el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Dicho artículo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos del artículo 5.°, de la Ley de Amparo que, en esencia, reitera la norma constitucional, al disponer lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." En ese contexto, se coligen dos conclusiones. La primera es que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, pues únicamente puede ser promovido por la parte que resiente una afectación en un derecho del que es titular, o en un interés legítimo o colectivo, con motivo de un acto, omisión o norma general emanado de autoridades. La segunda, es que la Constitución Federal y la Ley de Amparo establecen una diferencia entre interés jurídico e interés legítimo. En efecto, se ha sostenido que el interés jurídico representa una afectación directa en la esfera jurídica del particular, en un derecho determinado que le es reconocido en virtud de una disposición normativa; mientras que el interés legítimo es aquel que le reviste la característica de cualificado, actual y real. En ese sentido, el interés jurídico y el interés legítimo se configuran de maneras diferentes, por lo que dependerá de la forma en que la parte quejosa acuda al juicio de amparo y lo que aduzca que le causa perjuicio, para determinar si el presupuesto que debe demostrarse para su procedencia es un interés jurídico o legítimo. De conformidad con lo expuesto, es posible advertir que el interés jurídico se configura a partir de: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico es reconocido como la existencia de un derecho que deriva de una norma jurídica en particular y se concreta en forma individual en una persona determinada. Así, la persona que estima que una autoridad ha violado o desconocido en su perjuicio un derecho protegido por el ordenamiento jurídico del que es titular, de lo que deriva una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, estará legitimado para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el concepto de interés jurídico se entiende como una legitimación procesal, basado en un derecho subjetivo que estima violado el solicitante del amparo, el cual implica una facultad reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico, para que dentro del ámbito de su libertad actúe de la manera que estime más conveniente, a fin de satisfacer sus necesidades e intereses bajo la protección o tutela del Estado. De manera que, como se dijo, para la procedencia del juicio de amparo es menester que la persona que lo promueva resienta una afectación directa en su esfera jurídica, entendida como el conjunto de derechos subjetivos de los que es titular, es decir, su vida, su libertad, sus propiedades, sus posesiones, su familia, por mencionar algunos. Asimismo, el derecho subjetivo implica la capacidad del gobernado de poner en movimiento normas jurídicas para la satisfacción de su interés individual, lo que supone un poder de actuación a través de los mecanismos existentes, como lo es la restitución en su disfrute por medio del juicio de amparo cuando dicho derecho es violado o desconocido por la autoridad. En caso de que en el juicio de amparo se reclame la violación a un derecho subjetivo, en primer lugar, ha de demostrarse la existencia de ese derecho y que su titular es el quejoso, en correlación con una obligación inatendida por la autoridad responsable, que deriva en una afectación individualizada en el promovente. Afectación que es la causante de la instancia del juicio constitucional, en tanto que es necesaria para la procedencia del juicio de amparo, en virtud del principio de instancia de parte agraviada, por lo que, si tal afectación no es demostrada, o bien, desaparece durante el transcurso del sumario, lo conducente será sobreseer en el juicio, al no satisfacerse el presupuesto de agravio en los derechos constitucionales de quien lo promueve. Empero, en caso de acreditarse lo anterior (la existencia de un derecho subjetivo, su titularidad y la afectación a ese derecho) lo conducente será la emisión de un fallo protector que declare la existencia y violación del derecho, como consecuencia del actuar de la autoridad responsable que causa agravio personal en el quejoso, ordenándose una restitución individual en el pleno uso y goce del derecho transgredido. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1 0 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En 1 0 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 60, diciembre de 1992, página 35, registro 217651. efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así como la jurisprudencia1 1 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De ahí que sólo el titular de un derecho legítimamente protegido que se ve afectado por la actuación de cierta autoridad pueda acudir a promover el juicio de amparo, para solicitar el cese de dicha afectación. 1 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, registro 170500. Afectación que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales y susceptibles de apreciarse objetivamente. Por tanto, se reitera, la parte quejosa en el juicio de amparo, en primer lugar, debe acreditar la existencia de un derecho subjetivo del que es titular y, enseguida, que los actos que reclama le producen una afectación en tal derecho. Ello es así porque, como se dijo, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, por lo que la acción constitucional que se analiza resulta improcedente dado que no acredita la parte quejosa que el bien inmueble que defiende sea de su propiedad, identificado como lote doce, manzana cuatro, zona uno, con una superficie de quinientos treinta y un metros cuadrados, colonia Amate Macho, en Cuernavaca, Morelos, sea el mismo bien inmueble que fue cateado y asegurado, localizado en calle segunda privada de veintiuno de noviembre número quince, colonia Flores Magón, portón café con el número quince en color blanco, y pared pintada de amarillo, de Cuernavaca, Morelos, con geolocalización 18.924232-99.202429. En efecto, como puede advertirse en autos no se encuentra demostrado que efectivamente sea el mismo bien inmueble, por tanto, para estar en aptitud de entrar al fondo del asunto, la parte quejosa debió haber probado de manera fehaciente que el predio que defiende en el presente juicio de amparo es el mismo que en el que se ordenó y ejecutó la orden de cateo. El quejoso ofrece como medios de prueba: A)Documental consistente en copias certificadas por Notario Público dos, de la escritura pública trescientos ochenta y tres, entidad diecisiete, volumen nueve, folio veinticinco, que celebraron la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el aquí quejoso Joel Enrique Mojica González, de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos el veintidós de abril de dos mil dieciséis, con folio electrónico inmobiliario 587063. Tal como se advierte a continuación: B) Croquis de diversos lotes ubicados en las dos calles denominadas ambas "segunda privada veintiuno de noviembre", del poblado Amate Macho, zona uno, manzana cuatro, que colinda con "MEXICO LIBRAMIENTO AUTOPISTA ACAR." C) Dos imágenes en blanco y negro que se encuentran en el expediente electrónico, respecto de un domicilio que se advierte una barda y portón alto (cerrado) que contiene el número quince y unas hojas encima de este; y la segunda, una impresión que señala: "GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. . NERAL DE SERVICIOS PERCIALES. CAMPO.. INVESTIGACIÓN ____ (ILEGIBLES LOS NNÚMEROS) Y LA LEYENDA "GURADO" Sin embargo, de tales probanzas no se demuestra que el predio que refiere el quejoso es de su propiedad y que ampara la escritura cuya que en copia certificada exhibe, coincida con el mismo bien inmueble en el cual se ordenó y ejecutó el cateo practicado el veintiséis de junio de dos mil veinte en calle Segunda Privada veintiuno de noviembre número quince, colonia Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Morelos, con las siguientes características narradas por las responsables: Portón café con el número quince en color blanco y pared pintada en color amarillo con geolocalización 18.924232-99.202429; ni tampoco que aquel en que aparece en las impresiones fotográficas en blanco y negro (porque así obran en el expediente electrónico) sea el mismo en el que se ejecutó el cateo y menos aún, que sea el relativo al que coincide con la escritura de propiedad exhibida por el quejoso; por lo que al no haber acreditado la identidad en el predio que refiere poseer con el diverso afectado, opera la causal de improcedencia señalada en líneas anteriores. Para demostrar la diferencia de que se habla, se realiza la siguiente tabla comparativa: Datos del inmueble descrito en la escritura exhibida Datos del inmueble señalado por la responsable en que se ordenó y ejecutó el cateo Lote doce, manzana cuatro, zona uno, con una superficie de quinientos treinta y un metros cuadrados, colonia Amate Macho, en Cuernavaca, Morelos, Segunda privada de veintiuno de noviembre número quince, colonia Flores Magón, portón café con el número quince en color blanco, y pared pintada de amarillo, de Cuernavaca, Morelos, con geolocalización 18.924232-99.202429. No es obstáculo a la anterior discrepancia que en el croquis se señale que existan dos calles con la denominación "2ª PRIVADA 21 DE NOVIEMBRE" y que según este el lote doce coincida con las características de la descripción de la escritura, puesto que el mismo no señala que ese lote coincida con el número quince de dicha calle y en su caso, que ahí se ubique la colonia Flores Magón de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que fue en la que se ordenó y ejecutó el cateo reclamado. Orienta a lo anterior, la Tesis: VIII.2o.14 C12, cuyo rubro y texto dicen: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa." De igual forma, sirve de apoyo por analogía, la tesis VI.1º.31 C13, que dice: "EMBARGO. EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DEBERA ACREDITAR LA IDENTIDAD ENTRE EL BIEN DE SU PROPIEDAD Y EL QUE FUE SECUESTRADO. Cuando el quejoso reclama el embargo o su indebida ejecución llevada a cabo en bienes de su propiedad en un juicio ejecutivo mercantil, donde es tercero extraño, debe acreditar, con prueba fehaciente la identidad del inmueble que le pertenece con el que fue materia del embargo, o bien su inclusión en la diligencia respectiva, pues de no ser así, ello da motivo a que se niegue el amparo, por no demostrar la violación a sus garantías individuales. Y por las razones que la informan, la tesis número VI.2º 646 C14, que a la letra dice: 12 De los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo II visible a página 555 13 De los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II febrero de 1995, de la Octava Época, visible a página 323 14 De los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, visible a página 379. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO UN TERCERO RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, UNA PARTE DEL CUAL DICE SER DE SU PROPIEDAD. Aun cuando el quejoso, como tercero extraño, para demostrar la afectación de su interés jurídico, ofrezca la instrumental pública para acreditar el extremo de que una parte del bien embargado es de su propiedad, y además de advertirse que la denominación del predio y los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad son los mismos de uno y otro; si de autos no consta la superficie total del inmueble controvertido, es menester que el interesado ofrezca la pericial para demostrar la identidad de los bienes, es decir, para acreditar de esa manera que su terreno se encuentra dentro del bien secuestrado, porque puede darse el caso de que la superficie total del bien sea mayor a la superficie de terreno embargado, y así que el inmueble propiedad del quejoso no haya sido afectado por el embargo. Cabe destacar, que para probar la identidad del bien en conflicto, la parte quejosa debió haber ofrecido pruebas que demostraran ese hecho, pues aun cuando se tuvieran ciertos los actos reclamados, la parte quejosa para acreditar que fue agraviada en su esfera jurídica, debió haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica, determinando si se trata de los mismos inmuebles, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales. Tampoco exhibió algún recibo de algún servicio que contuviera nombre del quejoso y el número, calle y colonia, para acreditar presuntivamente que en dicho predio tiene su domicilio el aquí quejoso. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito15, cuyo rubro y texto dicen: "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO. La simple exhibición del instrumento notarial que acompañaron los quejosos con su escrito inicial, no es bastante para considerar que en el inmueble en el referido esté comprendido el predio materia del interdicto generador de los actos reclamados y del cual son terceros extraños, pues para demostrar tal situación los quejosos debieron haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles citados, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales." 15 Publicada en el semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, visible a página 216 También orienta lo anterior la tesis II.2o.168 C16, que dice: "PERICIAL. MEDIO PROBATORIO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE UN INMUEBLE Y NO LA TESTIMONIAL. No debe tenerse por acreditada la identidad de un bien inmueble con el sólo señalamiento de los testigos de que conocen el predio en litigio, puesto que evidentemente tal hecho requiere de prueba directa que así lo diga, como es la pericial, que es el medio probatorio idóneo para llevar al juzgador a la certeza de si un inmueble es o no el que pretende la actora y menos cuando como en el caso hay prueba pericial en sentido contrario, esto es, de la no identidad con el que se pide." Por último, sirve de apoyo a lo anterior la tesis17, que dice: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia18, que dice: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se 16 De los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Marzo de 1994, visible a página 422. 17 visible en la página 387, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 18 Visible en la página 1606 Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". IV. Sentido del fallo19 Al actualizarse la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades precisados en el considerando segundo inciso B de la presente resolución, procede sobreseer el mismo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, al actualizarse la causal de improcedencia y el motivo sobreseimiento previstos en los artículos artículo 61, fracción XII y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional. V. Punto resolutivo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1.°, fracción I, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, resuelvo: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joel Enrique Mojica González, contra los actos reclamados a los Jueces de Juicio Oral del Único Distrito (Alma Patricia Salas Ruíz, Gabriela Acosta Ortega, Martín Eulalio 19 Decisión sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado. Domínguez Casarrubias, Arturo Ampudia Amaro, Alejandra Trejo Reséndiz y Gloria Angélica Jaimes Salgado); a la Jueza Especializada en Ejecución de Sentencias del Único Distrito Judicial (Leticia Damián Avilés); a los Jueces Especializados de Control del Único Distrito Judicial (Isidro Edie Sandoval Lome, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena y Elvia Terán Peña); al Fiscal General, al Comisión Estatal de Seguridad Pública y al Agente del Ministerio Público Encargado del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Metropolitana, todos del Estado de Morelos, precisados en el considerando tercero, inciso A), por los motivos expuestos en los incisos B), C) y E) de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado auxiliado; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remítase la sentencia dictada de manera electrónica al Juzgado auxiliado, atendiendo a lo señalado en el inciso b) de la Circular CAR 10/CCNO/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la devolución de los asuntos resueltos al órgano auxiliado, así como lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/441/2021, de dicha Secretaría.
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