Joel de Jesús Rocha Torres

Expediente 535/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Joel de Jesús Rocha Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 535/2021-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO. Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 535/2021-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, quince de julio de dos mil veintiuno. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Joel de Jesús Rocha Torres, por medio de cual desahoga la prevención de demanda que se le formuló en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno; pues al efecto narra los antecedentes del acto reclamado y señala el acto reclamado. Se desecha demanda. Del contenido integral del escrito aclaratorio, así como de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en la presente instancia constitucional: La integración de la carpeta de investigación instruida en su contra, y en consecuencia las violaciones que refiere se han cometido, las que afectan el debido proceso. Al respecto, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, textualmente establece lo siguiente: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito con antelación, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, además, dispone quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor; por su parte, en relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo, y por perjuicio, la afectación por la actuación de una autoridad, o por la ley, de un derecho sustantivo legítimamente tutelado. Luego, el amparo resulta improcedente si no se actualiza un perjuicio actual tutelado por la ley; de ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Lo que en el caso particular no acontece, ya que en relación al acto reclamado consistente en la integración de una investigación y/o carpeta de investigación en la que se le considere imputado, debe decirse que no constituye un acto de imposible reparación y por ende, no lesiona interés jurídico alguno, al no actualizarse un perjuicio actual. En efecto, para determinar lo anterior, se toma en cuenta lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. (.)." La norma transcrita hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación, además del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes; en esencia, dicho precepto constitucional establece las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución Federal a esta institución pública. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de integración de la carpeta de investigación, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del delito que se imputan al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad de éste. Bajo esta lógica, se estima que el acto reclamado consistente en la integración de una investigación y/o carpeta de investigación en la que se le considere imputado, que el quejoso atribuye a las autoridades responsables, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, ya que el Ministerio Público, como órgano investigador de delitos, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; por tanto, dichos actos reclamados por el quejoso, por sí mismos, no afectan su esfera jurídica, ya que con estos no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez correspondiente al que compete resolver sobre el pedimento de la representación social y la determinación que se emitiera al respecto es la que, de ser el caso, podría afectar tales derechos. Encuentra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 1a.CXXXV/2004, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 351, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. De igual forma, sirve de apoyo a lo antes señalado, la jurisprudencia I.2º.P.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Página 338, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." En tales condiciones, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la aludida fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6° del mismo ordenamiento legal, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en lo que respecta al acto reclamado consistente en la integración de una investigación y/o carpeta de investigación en la que se le considere imputado al aquí quejoso. No pasa desapercibido que el impetrante manifiesta que no le ha sido devuelto su vehículo ni la cantidad exacta de dinero que refiere traía el día de su detención; sin embargo, mediante requerimiento formulado en auto de uno de julio pasado, se le requirió para que precisara si los señalaba como actos reclamados, sin que en el ocurso de cuenta, así los haya precisado; por lo que respecto de tales manifestaciones se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere procedente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Martha Paola Castro López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 535/2021-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, uno de julio de dos mil veintiuno. Parte quejosa. Joel de Jesús Rocha Torres. II. Autoridades responsables. Dirección General de Seguridad Pública Municipal de este Municipio de León, Guanajuato y otras autoridades. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 535/2021-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones II y IV así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto o actos que reclama, ya que si bien en el apartado respectivo refiere que se duele de la detención de que fue objeto por parte de los policías que señala como responsables acontecida el veintidós de abril del año en curso, así como de la omisión del área médica de la delegación poniente de Policía Municipal de suministrarle durante el tiempo que estuvo detenido los medicamentos que requería, en diversa parte de la demanda refiere que las autoridades responsables se niegan a devolverle el vehículo de motor y el dinero en efectivo que le fue asegurado al momento de su detención, así como de diversas irregularidades en la elaboración del parte de policía elaborado con motivo de su detención. De ahí la necesidad que precise cual es el acto o actos que en concreto reclama, máxime que solicita la suspensión para el efecto de que no se continué la investigación iniciada en su contra y que refiere que se le detuvo por portación o posesión de arma de fuego. Narre de manera completa, cronológica, detallada y bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto o actos que en su caso reclama, debiendo precisar si se le instruye alguna carpeta de investigación con motivo de la portación de arma que refiere y, en su caso el estado procesal que guarda la misma, así como si dentro de ésta ya manifestó las objeciones que formula en contra del parte de policía. De igual manera, en caso de que reclame la negativa de devolver el vehículo y dinero que refiere, deberá precisar en qué fecha hizo la solicitud, a qué autoridad, por qué medio, es decir en forma escrita o verbal, así como la fecha en que le fue notificada dicha negativa y la forma en que fue emitida, esto es, de manera verbal o escrita. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Se da vista al Ministerio Público. Ahora bien, toda vez que el promovente asevera que fue objeto de autos inhumanos durante su detención, con la obligación que impone a este Juzgado el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se ordena dar vista con copia certificada íntegra de las constancias que integran el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre un posible hecho de maltrato o lesiones en agravio de Joel de Jesús Rocha Torres; debiendo remitir constancia de esa circunstancia a este órgano de control constitucional, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. Encuentra aplicación la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página 1048, Libro VI, Marzo de 2012, número de registro 2000303, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011 establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que índica en su demanda de cuenta, y como autorizado en términos del artículo 12 a Francisco Ibarra Ortiz por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a Armando Montes Medina por no contar con el precitado requisito y en los mismos términos a Alain Adrián Horta Silva, por así solicitarlo. VII. Se exhorta y se requiere al quejoso. Asimismo, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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