Joel David Quiñonez Covarrubias
Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/11/2019
Partes del expediente
- Joel David Quiñonez Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL QUINCE DE NOVIEMBRE ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "..Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otro lado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Joel David Quiñones Covarrubias, para efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, realizara lo siguiente: "a) No aplique en lo presente y en lo futuro, las normas reclamadas, es decir, para que deje de aplicar en perjuicio del quejoso Joel David Quiñones Covarrubias, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el vente de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelva al impetrante quejoso Joel David Quiñones Covarrubias, todas las cantidades que se le hubieren descontado, respecto a su pensión, con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el vente de diciembre de mil novecientos setenta." Determinación que fue recurrida por las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas y Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; por tanto, mediante ejecutoria dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en el amparo en revisión 85/2019, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Joel David Quiñones Covarrubias, para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de la presente ejecutoria." En lo que respecto al tercer punto resolutivo de la referida ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Joel David Quiñones Covarrubias, para efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, realizara lo siguiente: a) "Deje de aplicar en perjuicio de la parte quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelva a **las cantidades que se hubieran descontado respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta, en el entendido de que sólo debe devolver los descuentos efectuados a partir del treinta de octubre de dos mil diecisiete, es decir, quince días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo." La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, por lo que en ese mismo acuerdo, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cumplimiento al fallo protector. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable, informando sobre los actos tendientes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remitió copia de los oficios mediante los cuales ordenó la autorización de los recursos correspondientes para llevar a cabo el reintegro al quejoso, de las cantidades descontadas con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a partir del treinta de octubre de dos mil diecisiete; además, en dicho comunicado consta el desglose de las cantidades descontadas a la quejosa, por los conceptos de reserva técnica y servicio médico, a partir del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, esto es, quince días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo (la cual se presentó el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete). Luego, por oficio registrado con folio 8874, signado por la delegada de la autoridad responsable, remitió copia de los cheques **, por la cantidad de **), y **ambos expedidos a favor de Joel David Quiñones Covarrubias, con firma de recibo de la parte quejosa, respectivamente, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por concepto de devolución de los descuentos efectuados con motivo de la aplicación de los citados preceptos normativos. Igualmente, mediante oficios registrados con folio 9285 y 9401, recibidos en este juzgado el dieciséis y dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por conducto de su delegado, remitió constancia firmada por la encargada del despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de dicho instituto, en la cual hace constar que no se le aplicarán en lo presente no en lo futuro a la pensión del quejoso **, la deducción o descuento a que se refiere el artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Finalmente, mediante oficio con número de registro 9709, recibido en este juzgado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por conducto de su delegado, informó que en cumplimiento al fallo protector concedido, a partir del treinta de octubre de dos mil diecisiete, no se le aplicó a la pensión del quejoso ***, la deducción y/o descuento a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubieran realizado manifestación alguna, por lo que de conformidad con el numeral antes citado, este órgano jurisdiccional procede a examinar el cumplimiento dado al fallo protector. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, ha dado cumplimiento al fallo protector, ya que demostró que no se le aplicara a la parte quejosa Joel David Quiñones Covarrubias, el contenido del último párrafo del artículo 16 y 25 de la ley que rige al referido Instituto, publicada en el Periódico Oficial del estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y que le fueron devueltas las cantidades de los descuentos efectuados a partir del treinta de octubre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual realizó el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. En ese contexto, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en tres tomos por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL TREINTA DE OCTUBRE ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: ".. Ensenada, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable.."Asimismo, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado copia del oficio signado por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual informa no se le hará al quejoso el descuento que refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
- Principal
Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió al quejoso Joel David Quiñones Covarrubias, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, compareciera ante esta presencia judicial, a fin de ratificar el contenido y firma del escrito registrado bajo folio 8573, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve y se tiene por no presentado el escrito registrado con folio 8573.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de veinte de agosto del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, por conducto de su Director General, a fin de que informara a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de dejar de aplicar al quejoso Joel David Quiñones Covarrubias el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y le devuelva a las cantidades que se hubieran descontado respecto a su pensión con motivo de la aplicación de los citados artículos efectuados a partir del treinta de octubre de dos mil diecisiete, es decir, quince días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo. Asimismo, que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió a la citada autoridad responsable una prórroga de diez días hábiles, a fin de que de cumplimiento al fallo protector; sin que obre en autos la constancia de notificación correspondiente En ese contexto, agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios que remite la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su delegada Juana Navarro Gutiérrez, mediante los cuales, informa las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector e informa que realizó la devolución a la parte quejosa de las cantidades correspondientes a servicio médico y reserva técnica, mediante cheques 0086318 y 0016863, y al efecto exhibe copia con firma original de recibo. En tal virtud, toda vez que no obra en autos constancia con la que se acredite se dejó de aplicar al quejoso Joel David Quiñones Covarrubias el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; en consecuencia, requiérase vía telegráfica y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su Director General Javier Meza López, para que de inmediato remita a este órgano jurisdiccional copia certificada por duplicado del documento en mención. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, es decir que de no realizarlo dentro del plazo otorgado para ello, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días hábiles que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo.".
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