Joel Chávez Chávez
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joel Chávez Chávez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 35 del referido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE SRGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A JOEL CHÁVEZ CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Joel Chávez Chávez, por propio derecho, a través de la cual solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a los Funcionarios y Representantes de BANCOMER; regístrese en el libro electrónico respectivo, bajo el número 531/2023. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable en el presente asunto es: "ACTOS RECLAMADOS A los funcionarios y demás representantes del BANCOMER, les reclamo la omisión de expedirme copias de los más de 5 cinco documentos que en esta fecha 20 veinte de julio del presente año 2023, le firme a la Directora de Bancomer, documentos supuestamente relacionados con mi petición de copias simples o certificadas de los contratos, seguros, estados de cuenta, y tarjetas de crédito y débito relacionadas con mi nómina, documentos que obran en esta institución Bancomer. Les reclamo la omisión de firmar y sellar de recibido una petición que por escrito presente el día siguiente 21 de julio del presente año 2023, ante la directora de esta misma sucursal Bancomer. Al licenciado adscrito a estos juzgados de distrito, le reclamo la omisión de elaborarme un escrito dirigido a este juzgado, escrito donde estoy solicitando el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los funcionarios y servidores públicos que resultan responsables en el Bancomer y Banco el Bajío y en la CONDUSEF de esta ciudad de Uruapan, Michoacán y de la ciudad de Morelia y México Distrito Federal. Les reclamo los daños y perjuicios, materiales, económicos y morales, que con sus actos y omisiones se me siguen ocasionando en mi trabajo, en mi persona, en mi familia y en las cosas, esto desde antes de 19988, hasta la fecha." (sic) DESECHAMIENTO Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o y 5o, fracción II, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos numerales 1o y 5o, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," *** "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En tanto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a lo que debe entenderse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. La Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5º fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, de dichos preceptos deriva que la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que los actos que se reclamen provengan, precisamente, de una autoridad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En este orden, los argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la precitada jurisprudencia 2a./J.164/2011, quien estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad están regidas por los siguientes parámetros: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, fue sostenido en la siguiente jurisprudencia que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Así como la diversa tesis aislada con número de registro digital 2022873 de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." En ese orden, el acto reclamado en estudio es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS A los funcionarios y demás representantes del BANCOMER, les reclamo la omisión de expedirme copias de los más de 5 cinco documentos que en esta fecha 20 veinte de julio del presente año 2023, le firme a la Directora de Bancomer, documentos supuestamente relacionados con mi petición de copias simples o certificadas de los contratos, seguros, estados de cuenta, y tarjetas de crédito y débito relacionadas con mi nómina, documentos que obran en esta institución Bancomer. Les reclamo la omisión de firmar y sellar de recibido una petición que por escrito presente el día siguiente 21 de julio del presente año 2023, ante la directora de esta misma sucursal Bancomer. Al licenciado adscrito a estos juzgados de distrito, le reclamo la omisión de elaborarme un escrito dirigido a este juzgado, escrito donde estoy solicitando el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los funcionarios y servidores públicos que resultan responsables en el Bancomer y Banco el Bajío y en la CONDUSEF de esta ciudad de Uruapan, Michoacán y de la ciudad de Morelia y México Distrito Federal. Les reclamo los daños y perjuicios, materiales, económicos y morales, que con sus actos y omisiones se me siguen ocasionando en mi trabajo, en mi persona, en mi familia y en las cosas, esto desde antes de 19988, hasta la fecha." (sic) En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie las autoridades señaladas como responsables por el quejoso, actúan con el carácter de funcionarios de la institución bancaria antes llamada BANCOMER, es decir, la relación que existe entre el quejoso y la autoridad señalada con dicho carácter es de coordinación, de ahí que el acto relacionado con la falta de dar respuesta a la solicitud de expedición de copias de los cinco documentos que el veinte de julio del presente año, le firmó a la Directora de Bancomer; la omisión de firmar y sellar de recibido una petición que realizó el veintiuno de julio de dos mil veintitrés ante misma institución financiera, puede ser impugnado en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones materialmente civiles; de ahí que a dichas responsables no les reviste la calidad de autoridades para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad. Ello es así, toda vez que carece de potestad e imperio que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridades, sino que sólo se trata de actos de particulares y entre similares, aunado ello a que las funciones de las responsables no se encuentra determinadas por una norma, sino por los estatutos que la rijan. En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a la segunda, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto se trata de actos entre particulares. En tanto que la omisión que atribuye de los licenciados adscritos a este órgano jurisdiccional para elaborar la demanda de amparo, de modo alguno se advierte que le haya ocasionado perjuicio alguno, dado que la demanda fue presentada por escrito por lo que cualquier acto que se hubiere suscitado el mismo quedó consumado con el escrito de presentación de demanda y que ahora se atiende. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, materia común, página quinientos nueve, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO. Toda vez que el quejoso omitió señalar en su escrito de demanda para oir y recibir notificaciones, habiendo únicamente proporcionado su domicilio particular, por ende téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publique dichos estrados de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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