Joel Cervantes Sampedro

Expediente 711/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
711/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Joel Cervantes Sampedro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de uno de diciembre de la presente anualidad, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven ***. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. Impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo que, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este contexto, establece:***. Al respecto, conviene precisar que de conformidad ***, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Por su parte, señala las facultades de los Agentes del Ministerio Público en el Estado, entre ellas, las de efectuar las investigaciones en los delitos del orden común, así como ante el no ejercicio de la acción penal actuar conforme lo que establece la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código de Procedimientos Penales en el Estado. En relación con esto último, establece: ***. Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad, por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí que las actuaciones de la autoridad responsable tendentes a la integración y consignación de la carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, puesto que son de orden público, excepción hecha, como se verá más adelante, que en ellas se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la radicación de una carpeta de investigación en contra de la parte quejosa, no le depara perjuicio alguno, pues con ello no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos, además que, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos, no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución antes mencionada. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, respecto de la radicación de la carpeta de investigación; por tanto, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a los quejosos señalando como correo electrónico la cuenta *** a efecto de que por ese medio, este Juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. Asimismo, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, téngase a los quejosos designando como representante común a *** sin perjuicio de que pueda ser sustituido con posterioridad por algún otro quejoso. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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