Joel Castro Armenta

Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
396/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Joel Castro Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Joel Castro Armenta; por ende, con fundamento en el artículo 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    .................. este Juzgado Federal considera que no hay afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso si la constitución obliga a las autoridades responsables que se pronuncien al respecto en un término prudente, para que tengan oportunidad de analizar la solicitud de la parte inconforme, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdos recaídos, y si el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a las autoridades y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (trece días hábiles), no puede considerarse una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 470 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, Apéndice de 1975, visible a foja 767, Quinta Época, de registro 395221, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional.". Igualmente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario.". Tiene aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la tesis I.4o.A.68 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, cuyo rubro y texto son como sigue: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.". Se insiste, no se advierte afectación alguna a un derecho fundamental; por lo cual, si las responsables recibió el escrito el nueve de mayo de dos mil veintitrés, lo que se advierte del sello de recibido, en el escrito anexo al escrito inicial de demanda a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de mayo del año que transcurre), sólo han transcurrido trece días hábiles, y si la respuesta debe ser notificada en breve término y a completitud sin omitir abordar cuestión alguna a lo peticionado, debidamente fundada y motivada, entonces tiene la significación que debe ser analizada de manera acuciosa dependiendo de la especial naturaleza del asunto o solicitud y, por ende, es claro que el breve término con el que constitucionalmente cuentan las autoridades para llevar a cabo lo anterior no significa que daba ser de manera inmediata; de ahí que, como se expuso, si el acto omisivo reclamado no afecta de forma real y actual la esfera jurídica del quejoso, entonces, se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia de referencia. Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, no hay afectación a la esfera jurídica de la quejosa, pues como ya quedó asentado, la obligación de las autoridades responsables de dar respuesta por escrito a la solicitud planteada en breve término y que notifiquen el acuerdo o determinaciones recaídas, ello, una vez que analicen lo peticionado, no significa que sea de forma inmediata; por lo que la omisión reclamada no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. Además, si se toma en cuenta que lo pedido a las autoridades administrativas en el escrito presentado ante la responsable, es de índole laboral, por tener injerencia en sus relaciones de trabajo; por tanto, se puede tomar como referente para considerar un breve término en el que las autoridades responsables deban realizar el acto de emitir una contestación a completitud, de manera escrita debidamente fundada y motivada, y notificarla al interesado, el considerado en la jurisprudencia 2ª./J.33/2016. Así, aun cuando versa en violaciones adjetivas o procesales, en la ejecutoria que le da origen a ese criterio jurisprudencial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró lo dicho en su jurisprudencia 2ª./J.48/2016, en cuanto a una abierta dilación en la actuación de las autoridades responsables, en donde sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda; aunque, como se dijo, en principio se trata de violaciones de naturaleza adjetiva; y en el presente caso se reclama la violación al derecho de petición por parte de autoridades administrativas. También se dijo que, resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por tanto, debe complementarse ese criterio (por lo que hace a la materia laboral) en el sentido que, el juicio de amparo indirecto procede contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, al ser ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Lo así dicho, se encuentra inmerso en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia 2ª./J.33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Si bien este criterio jurídico se refiere a los procedimientos jurisdiccionales, mientras que el acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, se refiere al derecho de petición ante autoridades administrativas; sin embargo, el término de cuarenta y cinco días señalados, puede servir, por mayoría de razón, como referente sustancial o parámetro de lo que puede considerarse un breve término para emitir un acuerdo en el que se otorgue contestación a una petición que tendrá injerencia en las relaciones laborales entre la autoridad administrativa y el gobernado. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por Joel Castro Armenta, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este juzgado.

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