Joel Cano Téllez

Expediente 928/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
928/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Joel Cano Téllez
  • Director General del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en atención a su contenido, infórmesele que mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia dictada el once de enero de dos mil veintiuno, que sobreseyó el juicio, por lo que en esa misma fecha se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Hecho lo anterior, devuélvase el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado para su resguardo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México; a dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se procede a proveer lo siguiente: Declaración de firmeza de la sentencia donde se sobreseyó en el presente expediente. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme la sentencia donde se sobreseyó en este este juicio. II. Orden de archivo del expediente Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. III. Valoración del expediente principal A. Criterio y plazo de conservación: Depurable y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante tres años. B. Fundamento: Apartado 7. 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y penúltimo párrafo del Artículo 18 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". C. Motivos: Se concedió la suspensión de plano solicitada por el quejoso y el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita. IV. Devolución de documentos originales. En razón de que a su demanda de amparo, la parte quejosa exhibió documentos originales, requiérase a dicha parte procesal, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, se procederá a su destrucción. Fundamento: Artículo 21, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Ahora bien, es necesario tener presente que en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México". Con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, la Comisión Especial adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito. En virtud de lo anterior, mediante circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se hizo del conocimiento que se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al señalar: "Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia". También, mediante circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por la referida secretaría, comunicó que en sesiones de ocho, dieciséis y veintitrés de enero del presente año, la Comisión Especial aprobó los acuerdos relativos a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" además, adoptó medidas del doce de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, entre otros, en la Ciudad de México (Primer Circuito), entre la que destaca esencialmente: "Es aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones.". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia (.)". Lo anterior, tiene como consecuencia que el acceso al público en general a las instalaciones de este órgano jurisdiccional quedó también suspendido en su totalidad; por tanto, se precisa que la devolución de los documentos antes autorizada se efectuará una vez que sea posible para los justiciables acceder al órgano de control constitucional, sin necesidad de emitir un ulterior acuerdo y previo cumplimiento de los requisitos que para el efecto, emitan las autoridades correspondientes; por lo que el término de noventa días que le fue otorgado comenzará a correr una vez que ocurra lo anterior. V. Coincidencia entre expediente impreso y electrónico. Ténganse por hechas las certificaciones relativas a la incorporación de cada promoción, documento y resolución en los expedientes electrónico e impreso de este juicio y coincidencia entre ambos, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Lo proveyó y firma Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, asistido de Edilma Benítez Orbe, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy Fe. *Josefina.

  3. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 928/2020-III, promovido por , contra el acto que reclama del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, que consideró violatorio del artículo 4 constitucional. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el mismo día, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Joel Cano Téllez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES "A. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. B. Director Normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. C. Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D. Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. E. Delegado Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. F. Director de la Clínica de Medicina Familiar División del Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". ACTO RECLAMADO "Lo constituye la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, emitida por la propia responsable el día 31 de julio de 2020, como lo es el no permitir el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, en razón de la imposibilidad de hecho y de derecho para para que se otorgue una licencia médica al suscrito; con el objeto de proteger mi salud y consecuentemente mi vida, como lo mandata el artículo 4 constitucional ante la epidemia por SARS-COV2 (COVID-19)". SEGUNDO. Incompetencia. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, el referido Juzgado Federal recibió la demanda en cita, por lo que formó el expediente 777/2020; asimismo, declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma y declinó el conocimiento del asunto a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. TERCERO. Aceptación de competencia y desechamiento. En acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, formó el expediente 928/2020-III, aceptó la competencia declinada y desechó la demanda de amparo, al considerar, en esencia, que lo reclamado no constituía acto de autoridad para efectos del juicio constitucional. CUARTO. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, el solicitante del amparo interpuso recurso de queja, el cual fue del conocimiento del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien formó el toca QT.-46/2020 y mediante ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, declaró fundado el medio de impugnación de que se trata. QUINTO. Admisión y trámite de la demanda. En cumplimiento a la ejecutoria del órgano colegiado y recibido el testimonio de la ejecutoria el treinta de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo por acuerdo de esa misma fecha, requirió su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público Federal adscrito y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. SEXTO. Audiencia constitucional. La audiencia de ley tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo y 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: I. Del Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud, Director Normativo de Supervisión y Calidad, Delegado Regional Sur y Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: a) La omisión de ejecutar los lineamientos y criterios contenidos en la "Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad", emitida por la Dirección Normativa de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el treinta y uno de julio de dos mil veinte y, en consecuencia, la negativa de resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, con motivo de la exigencia de la presentación de una licencia médica. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado al Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud y Director Normativo de Supervisión y Calidad, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Debe destacarse que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es de carácter negativo. Los actos de autoridad negativos se clasifican en inacciones, omisiones y negaciones. Las inacciones son un no hacer de la autoridad, que no implica incumplimiento de obligaciones legales, constitucionales o convencionales, sino una simple inactividad de la autoridad. Las negaciones implican una respuesta contraria a los intereses del gobernado, pero en este supuesto la autoridad no es omisa en dar respuesta, sino que no acuerda o resuelve de manera favorable a los intereses del peticionario. Las omisiones, para los efectos del juicio de amparo, implican un no hacer que transgrede derechos de los gobernados y a la vez incumple obligaciones a cargo de las autoridades. En ese sentido, la Jefa de Departamento de Amparos Indirectos, adscrita a la Subdelegación de lo Contencioso, Área de Asuntos Contenciosos, en representación del Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud y Director Normativo de Supervisión y Calidad, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión a ellos reclamada, refiriendo lo siguiente: "SON INEXISTENTES los actos reclamados a estas autoridades, en virtud de que la aplicación de la "Guía de Continuidad para garantizar los Servicios de Salud", es aplicada por las Unidades Médicas del ISSSTE (Clínicas de medicina familiar, Hospitales, Hospitales regionales, etc.). Al respecto me permito informar que estas autoridades señaladas como responsables, no cuentan con facultades ni atribuciones para determinar que la parte quejosa se presente o no a laborar, o bien, realizar cambios en su área o en sus funciones, por cuestiones de la CONTINGENCIA COVID-19. En todo caso, eso le corresponde a la Unidad Médica en la que se encuentra adscrita (su área laboral), unidad que solamente está facultad a realizar lo que LA SECRETARÍA DE SALUD SEÑALA EN SUS MEDIDAS GENERALES, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. Aclarando que, resulta conforme a derecho que los trabajadores acrediten padecer las enfermedades que aducen, además resulta importante que sea verificado por una Unidad Médica adecuada. Lo anterior, para seguridad jurídica del ISSSTE como patrón y de los trabajadores. Resaltando la importancia de que los trabajadores de las áreas médicas del ISSSTE se reincorporen a laborar a efecto de que cumplan su vital función. Por lo cual, resulta importante acreditar fehacientemente si padecen alguna enfermedad que les impida volver a laborar, o bien, de no acreditarse o no poner en riesgo su vida y su salud, se presenten a realizar sus funciones encomendadas". De la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, así como 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negación de los actos atribuidos a las autoridades responsables, debiendo, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Tal negativa no fue desvirtuada por la quejosa, no obstante que se le dio vista con el referido informe justificado por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por lo que procede SOBRESEER en el juicio con relación al acto que se reprocha a las autoridades en cita, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la literalidad siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, so´lo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Secretario Encargado del Despacho de Distrito no esta´ en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahi´ que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello so´lo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Análisis de la certeza del acto reclamado al Delegado Regional Sur y Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las diversas autoridades responsables Delegado Regional Sur y Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron omisas en rendir sus informes justificados que le fueron requeridos, no obstante que desde el uno de diciembre de dos mil veinte quedaron debidamente notificadas de los oficios a través de los cuales se les requirieron los mismos. En mérito de lo anterior, conforme lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado a dichas autoridades. QUINTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Es fundada la causal de improcedencia que invocan las autoridades en cita, puesto que de los preceptos transcritos, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados referidos no provienen de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Respecto al tópico de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016 explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. En la ejecutoria citada el Máximo Tribunal del País determinó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES". En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: a) como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, b) como persona moral sujeta de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. La teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La coordinación corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Ahora bien, en el presente caso, en los antecedentes de la demanda de amparo, se manifiesta lo siguiente: El quejoso se desempeña como Médico Especialista "B", adscrito a la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Dirección Normativa de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió la "Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad", que contempla las medidas, lineamientos y criterios que se deben adoptar en el referido Instituto para el regreso a las labores del personal que se denominó vulnerable. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, recibió´ vía mensaje de whatsapp de la Jefa de Enseñanza Doctora Lilia Medina, en el cual: "nos indica que todo el personal vulnerable se tiene que presentar a laborar a partir del día 01 de septiembre de 2020 en los horarios establecidos, y en caso de seguir vulnerables deberíamos presentar una licencia médica para acreditar la ausencia y vulnerabilidad". El primero de septiembre de dos mil veinte, ".me presenté a mi clínica de Medicina Familiar "División del Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a hablar con la Directora de la C.M.F. Dra. María Luisa Villaseñor Castillo, para manifestarle el motivo por el cual debía de presentarme, toda vez que yo me encontraba en el grupo de vulnerabilidad, y contestándome que eso no era relevante que era indicación de la Subdelegada Médica Judith Ibarra Arenas, haciéndole el comentario que no importaba la edad y las enfermedades por lo cual yo me tenía que presentar a laboral o presentar incapacidad o de lo contrario me pondría falta a partir del 01 de septiembre de 2020; sin embargo cubro con las características del criterio de vulnerabilidad que establece la Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad para continuar mi confinamiento de acuerdo a los criterios del consejo de salubridad general emitidos en el documento "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollas una complicación o morir por Covid-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo". Por lo que atento a mi estado de riesgo por el condicionamiento que me indicó la autoridad laboral. Así mismo quiero señalar que el criterio por el cual estoy confinado en mi domicilio es un criterio epidemiológico de carácter extraordinario por la por Covid-19, además por padecer una enfermedad crónica degenerativa. Bajo ese contexto, es dable concluir que lo reclamado en la presente instancia constitucional, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo siguiente. Las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos y omisión reclamados, en específico, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del punto de coordinación existente entre el Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y Joel Cano Téllez, como empleado. Ello, debido a que son consecuencia de la relación laboral existente entre la quejosa y el Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. De igual manera, el ordinal 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente, entre otras cosas, para conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Por tanto, los actos y omisión que reclama la parte quejosa no constituyen -de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las instituciones de salud pública señaladas como responsables no obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos y omisión imputados a las responsables pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En ese sentido, es dable concluir que las instituciones públicas, por el sólo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, lo aquí reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se reclama se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el Director de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y el quejoso, regulada por el artículo 123 constitucional, cuyo propósito, esencialmente, es que no se le obligue a prestar sus servicios de manera presencial en dicho nosocomio; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta que los artículos 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 132 de la Ley Federal el Trabajo estatuyen la obligación por parte de los patrones de otorgar licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. No pasa desapercibido para este Juzgador que la parte quejosa invoca que los actos reclamados violan el derecho a la Salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las instituciones señaladas como responsables la obligan a prestar sus servicios de manera presencial en el multicitado Hospital. Sin embargo, en el caso en concreto, el derecho que le asiste a la parte quejosa para no realizar trabajo presencial no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. En ese tenor, debe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo precisó en su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del virus denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Incluso, la posibilidad de una orientación normativa sobre la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el centro laboral. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador en favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, cambio o exigencia de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Lo anterior revela que la políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tiene únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar permisos y licencias a sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. Además, como se señaló en los párrafos anteriores, las acciones a que se refieren los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo válidamente tutelan el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores que consideren que su patrón infringe en su perjuicio las normas de seguridad e higiene en el trabajo, lo que permite que sea la justicia común la que conozca de juicio a través de los cuales se proteja esa clase de bienes. Con otras palabras, en el caso en estudio, se está frente a un claro conflicto laboral, en el que una trabajadora sostiene que el patrón le formula exigencias contrarias a las normas de seguridad e higiene en el trabajo y, en ese sentido, los numerales antes invocados establecen que esa clase de conflictos son judicializables ante la potestad de los Tribunales Laborales ordinarios, por lo que se aprecia sin lugar a dudas que la pretensión de la quejosa debe ventilarse y desahogarse ante la jurisdicción común, pues se cuestionan actos atribuidos a un particular en su calidad de patrón, es decir, no hay acto de autoridad. Además, debe destacarse que la doble calidad de la autoridad que emitió el acto reclamado (como patrón) no permite desconocer que sus actos están relacionados con aspectos fundamentales de la relación de trabajo, como lo son la asistencia a realizar labores para las que fue contratada la quejosa. Por tanto, si la pretensión de la parte quejosa está encaminada a evidenciar que su empleador la pretende obligar a laborar presencialmente en su fuente de trabajo a pesar de que, afirma, existe una situación que le impide hacerlo de esa forma, resulta evidente que se está en presencia de una clara relación entre patrón y empleado. Con otras palabras, el reclamo en la presente contienda, se encuentra relacionado con aspectos fundamentales de la relación laboral, que inciden en la jornada y lugar de ejecución de la misma, de ahí que lo reclamado, no se encuentre asociado a actos unilaterales de la autoridad, inherentes a funciones de seguridad social y, aun en ese supuesto, la dualidad de actuación del órgano empleador, no permite desconocer que los temas propios de la relación de trabajo, se deben resolver en sede ordinaria y no en la de control constitucional, puesto que la competencia de este Juzgado Federal no se sustituye a la de la autoridad ordinaria para resolver controversias de trabajo, incluso, sobre aspectos de seguridad social. Aunado a lo anterior, la posible afectación al derecho a la salud de la parte quejosa, no justifica por sí misma, la procedencia del juicio de amparo, puesto que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no involucra como notas distintivas de esa figura, la posible afectación a ese tipo de derechos. Estimar lo contrario, implicaría otorgar el carácter de autoridad a cualquier particular, inclusive persona física, que, verbigracia, no justifique la inasistencia de uno de sus trabajadores y establezca sanciones en el marco de esa relación de trabajo, como consecuencia de la posible afectación del derecho a la salud. Sobre lo antes dicho, tiene aplicación al respecto, por igualdad de razón, la tesis siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral". Asimismo, son aplicables las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Consecuentemente, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. Similares consideraciones a lo antes resuelto, sostuvo el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de queja 49/2020; así como los Magistrados Jorge Villalpando Bravo, Miguel Bonilla López y Juan Alfonso Patiño Chávez, integrantes, respectivamente, del Segundo, Decimocuarto y Decimoquinto Tribunales Colegiados en la misma materia y circuito, quienes emitieron votos particulares en las quejas 45/2020, 54/2020 y 52/2020 sometidas, respectivamente, a su conocimiento; criterios en los que, en esencia, sostuvieron que cuando un trabajador reclama de su patrón (quien también figura como un ente de la administración pública e inclusive como órgano asegurador), a través del juicio biinstancial, actos similares como el que aquí se impugna, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Finalmente, se aclara que esta determinación se emite en términos del artículo 1º, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que habilita la posibilidad de resolver los casos urgentes y que se hayan tramitado físicamente. La circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, nos remite a su contenido. Aunado a ello, atendiendo al artículo 2, fracción XIII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la notificación personal a la parte quejosa de la presente sentencia y por oficio a las autoridades responsables. III. DECISIÓN Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, 73 a 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOEL CANO TÉLLEZ, respecto de las autoridades y actos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo resolvió y firma Carlos Campos Berumen, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2632/2020, ante Edilma Benítez Orbe, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintiuno. Vistos, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; el cual contiene inserto el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veinte; atento a contenido, infórmesele que el presente juicio de amparo fue promovido por JOEL CANO TÉLLEZ, por propio derecho, contra los actos reclamados al DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR NORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR NORMATIVO DE SALUD, DIRECTOR NORMATIVO DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD, DELEGADO REGIONAL SUR Y DIRECTOR DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DIVISION DEL NORTE, TODOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, consistentes en: a) La omisión de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la "Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad", emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte, que se traduce en la negativa de permitirle el resguardo domiciliario mediante trabajo en casa, en razón de la imposibilidad de que se le otorgue una licencia médica. Asimismo, se hace de su conocimiento que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en acatamiento a la ejecutoria emitida en el recurso de queja QT.- 46/2020, se admitió a trámite la demanda y amparo y en proveído de veintiuno de diciembre del mismo año, se difirió la audiencia constitucional, al estar transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables DELEGADO REGIONAL SUR Y DIRECTOR DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DIVISIÓN DEL NORTE, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, rindieran su informe justificado. Como lo solicita el Juzgado oficiante, remítase copia certificada de los acuerdos referidos, así como de la papeleta de turno y del escrito inicial de demanda. Por otra parte, se advierte que en el oficio de cuenta se hace referencia al diverso juicio de amparo 915/2020-I; sin embargo, se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dicho sumario fue promovido por persona diversa al promovente del presente juicio, esto es, Mónica Cabrera García; por ende, se considera innecesario remitir la promoción de cuenta al citado expediente. Por tanto, a fin de que el Juzgado oficiante corrobore lo anterior, se ordena remitirle copia certificada de la demanda de amparo origen del juicio de amparo 915/2020-I, así como de la papeleta de turno correspondiente. Finalmente, en términos del artículo 22 de Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE; Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Campos Berumen, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2632/2020, asistido de Encanto Servín Gil, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe. *Josefina.

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