Joel Campos Domínguez
Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Joel Campos Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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MESA V.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni obran constancias originales ofrecidas por la parte quejosa. HACM
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MESA V.- Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa ***, recogiera y acreditara ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos ordenados a fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado ***, o en su caso, manifestara la imposibilidad que tuviera para ello. Así pues, mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso manifestando la imposibilidad económica que tenía para cubrir el gasto de la publicación de los edictos ordenados en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, se le requirió para que proporcionara su C.U.R.P. (Clave Única de Registro de Población), fecha de nacimiento y su R.F.C. (Registro Federal de Causantes), a fin de que este juzgado solicitara la información relativa a las dependencias gubernamentales, para acreditar la insolvencia económica que refería, a lo que se le concedió un plazo de tres días, mismo que transcurrió sin que hubiera dado cumplimiento al mismo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se sobresee este juicio de amparo para todos los efectos legales conducentes, ya que la norma prevé que procede el sobreseimiento cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la ley de la materia, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que los decretó. Lo anterior es así, porque ante la imposibilidad del actuario de la adscripción de emplazar a la parte tercera interesada ***, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la búsqueda de algún domicilio de dicha parte; por lo que el veintitrés de marzo del año en curso, se comisionó al actuario adscrito a este juzgado federal para que realizara la notificación en los domicilios obtenidos de la búsqueda e investigación del domicilio de la parte tercera interesada. Luego, mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se libró despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplazara a la parte tercera interesada ***, sin embargo, el dieciséis de junio del año en curso, se recibió el despacho en comento sin diligenciar; por lo que al haber agotado todos los domicilios, en esa misma data se requirió a la parte quejosa a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recibir los edictos respectivos para el efecto de publicarlos, requerimiento que le fue notificado el dieciocho de junio del presente año; por lo que de acuerdo con la certificación que antecede, transcurrió el plazo otorgado y no exhibió los edictos, ni proporcionó datos que permitan acreditar la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza. En esas condiciones, la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, y lo anterior no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Por lo tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en este juicio, toda vez que como ya se señaló la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, lo que genera un impedimento para continuar con la secuela procesal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual rinde el informe solicitado mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto en virtud de lo proveído en párrafos precedentes. Finalmente, a fin de evitar una violación procesal consistente a una falta de notificación derivado del cambio del titular; se hace del conocimiento de las partes que funge como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Salvador Flores Martínez, en términos de la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HACM
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MESA V.- Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que a la fecha en que se actúa no se encuentra emplazada la parte tercera interesada, ***, aunado a que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se ordenaron los edictos a costa de la parte quejosa para el emplazamiento de la citada parte. No obstante lo anterior, toda vez que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es la omisión de substanciar el recurso de revisión de actos de ejecución promovido el uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral de origen ***, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe si se resolvió el recurso de revisión antes indicado y de ser así remita copia certificada de las constancia que así lo acrediten... En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con veinte minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. HACM
- Principal
MESA V.- Se tiene por recibido el escrito de ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta la imposibilidad económica del directo quejoso para cubrir el gasto de la publicación de los edictos ordenados en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, proporcione su CURP (Clave Única de Registro de Población), fecha de nacimiento y su RFC (Registro Federal de Causantes), ello para que este juzgado se encuentre en condiciones de solicitar la información relativa a las dependencias gubernamentales, a fin de acreditar la insolvencia económica que refiere el promovente. Por lo que se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado, se tendrá por no hecha la manifestación de insolvencia y se acordará lo que en derecho corresponda. Lo anterior, toda vez que aun cuando el presente asunto deriva de un proceso de carácter laboral, ello no implica indubitablemente que la parte actora, aquí quejosa, no cuente con una fuente de ingresos diversa, ni se considera que el simple requerimiento de datos realizado constituya una carga procesal excepcionalmente gravosa a la promovente de amparo, ni que atente por sí misma al deber de actuar con sensibilidad social y protectora a los derechos de los trabajadores. Es así, ya que dicha información es necesaria para que sea éste juzgado, quien lleve a cabo las acciones que estima pertinentes para allegarse de los datos que en vía de informe solicitará a diversas dependencias, para acreditar la falta de capacidad económica alegada y, en su caso, pueda ordenar la publicación de los edictos decretados a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. [.] Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. QSJA
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