Joel Benjamín García Rosa
Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Joel Benjamín García Rosa
- Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, atendiendo que no existente documentos originales, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
QUEJOSO: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos que reclama del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otra autoridad.********************Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 522/2023-V-B, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones.********************Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo:********************"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo.********************En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen.********************En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes.********************En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio.********************Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."****************************************Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; y Coordinador de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Número Tres, con sede en esta ciudad, lo siguiente:********************"De la autoridad señalada como ORDENADORA, reclamo lo siguiente:********************De la autoridad ordenadora señalada con los numerales 1 y 2, RECLAMO: El hecho de que hayan ordenado al traslado del suscrito, del Centro Estatal de Reinserción Social para Adultos número 3, de esta Ciudad Juárez Chihuahua a otro Centro de Readaptación Social.********************Toda vez que con ello se viola lo dispuesto por el artículo 1, 14, 16, 17, 18, y 20 Constitucional, en virtud de que los traslados a atentan contra la reinsercion social de los sentenciados, en virtud de que la readaptación social, comprende no solo el hecho de estar privado de la libertad, sino también, el estudiar, trabajar, hacer deporte, manualidades, culto, entre otras; además de la convivencia familiar y/o apoyo familiar que se da con las visitas que reciben los internos y que en el caso en particular el suscrito tiene visitas semanales de parte de algunos familiares; por lo que de legar a ser trasladado el suscrito, me vería afectado en cuanto a las visitas y apoyo de mis familiares, toda vez que mi familia es de escasos recursos y no contaría con las posibilidades de irme a visitar a algún otro centro Penitenciario que se encuentre fuera de esta Ciudad Juárez Chihuahua.********************Además reclamo el hecho de ser trasladado, cuando el suscrito no estoy ni he sido procesado por delitos de delincuencia organizada y/o otros de alto impacto que de manera indiciaria pudieran hacer presumir que el suscrito represento un riesgo para el centro Penitenciario en donde me encuentro o para la población carcelaria, ya que el suscrito soy una persona tranquila y pacífica, tan es así, que no cuento con reportes de mala conducta o con algún reporte de haber sido SEGREGADO, por alterar el orden del centro penitenciario, por haber participado en algún motín al interior del penal, por haber cometido algún delito o alguna falta al interior del penal, además de que el suscrito no pertenezco a ningún grupo o pandilla delictiva de las que se encuentran al interior del Centro Penitenciario donde me encuentro, en virtud de que el suscrito estoy en el AREA 2 de dicho centro penitenciario, y las pandillas de este penal se encuentran en las AREAS 1, 3, 4 y MAXIMA SEGURIDAD.********************Así mismo reclamo el hecho de que se pretenda trasladar al suscrito ello a pesar de que en momento alguno el suscrito he solicitado mi traslado voluntario a algún otro penal, ya que contrario a ello el traslado que se pretende llevar a cabo, es de los considerados por la Ley como traslado involuntario, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, en virtud de que la autoridad responsable no cuenta con fundamentación y motivación alguna para trasladar al suscrito, ya que repito el suscrito no he puesto en peligro el orden y la seguridad penitenciaria ya que no he cometido falta alguna durante todo el tiempo que he estado recluido, por lo que si selleva a cabo dicho traslado se estaría violentando en mi perjuicio el artículo 1 constitucional, ya en el caso en 'particular no se me estarían respetando mis garantías individuales, mis derechos humanos; de igual manera de llevarse a cabo el traslado del suscrito se violaría el perjuicio del suscrito lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, que en síntesis dispone que laspersonas sentenciadas y/o procesadas deben estar recluidas en un centro penitenciario máscercano a su familiares y en el caso en particular los familiares del suscrito residen en esta Ciudad Juárez Chihuahua, por lo que solicito se haga efectiva la supremacía constitucional de dicho artículo ello atendiendo en lo dispuesto del artículo 133 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que este último artículo establece que la constitución es la Ley máxima de toda la unión y que toda Ley que no esté acorde o que valla en contra de esta última debeconsiderarse nula e inaplicar se por inconstitucional de manera exprofeso; así mismo de llevarse a cabo dicho traslado por demás involuntario se violaría en perjuicio del suscrito lo dispuesto en el artículo 17 constitucional ya que de acuerdo a dicho artículo todos tenemos derecho a que se nos imparta justicia en los plazos establecidos por la ley, así mismo debiéndosenos impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial y tomando en cuenta que el suscrito se encuentra sub judice a un proceso penal, en virtud de que me encuentro en espera de que se resuelva un amparo directo que promoví, es que a consideración del suscrito se violaría mi derecho al acceso a una justicia pronta, ya que el traslado repercutiría considerablemente en mi proceso en virtud de que ocasionaría retrasos en mi proceso por los exhortos o requisitorias que se tendrían que llevar a cabo para la continuación de mi proceso; así mismo de llevarse a cabo el traslado del suscrito se violaría en mi perjuicio el derecho de audiencia y el de seguridad jurídica establecido en el artículo 14 constitucional ya que tengo conocimiento que regularmente los traslados involuntarios se llevan a cabo en las madrugadas y sin que se haya sustanciado previamente alguna audiencia en la que se declare la legalidad del traslado antes de que se cause tal molestia lo que de igual manera viola el derecho a que dicho proceso administrativo se lleve a cabo con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que a todas luces viola los derechos fundamentales del suscrito, así como también el debido proceso. ********************De la autoridad señala como RESPONSABLE EJECUTORA.********************Reclamo el hecho de que este realizando todos los actos tendientes y encaminados para el traslado del suscrito del Centro Estatal de Reinserción Social para Adultos número 3 de esta Ciudad Juárez Chihuahua a otro Centro Penitenciario, sin que exista razón o motivación alguna, por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del traslado involuntario." ********************Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, por lo que, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************El citado dispositivo legal establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************El juicio de amparo es improcedente:********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.****************************************Se exceptúa de lo anterior:****************************************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;******************** ********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;****************************************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.****************************************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.****************************************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"********************(.)".****************************************Conforme a lo previsto por el precepto legal antes reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, por aplicación del principio de definitividad, el justiciable no agota de manera previa los medios o recursos ordinarios que establezca la ley que rige el acto.********************En efecto, la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley ordinaria establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.******************** Este principio, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos; por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación.********************Ahora bien, cabe precisar que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del día siguiente de su publicación, cuyo objeto, en lo que aquí interesa, radica en el establecimiento de normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.********************En ese tenor, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé dos recursos a través de los cuales las partes de un procedimiento, según sea el caso, pueden impugnar las resoluciones y autos que emita un juzgador, a saber, revocación y apelación.********************En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 132 del ordenamiento legal antes invocado, establecen la procedencia del recurso de apelación contra diversas determinaciones emitidas en ejecución de sentencia -a más de otros supuestos-, entre las que se encuentran la orden de traslado. Los numerales en comento son del tenor siguiente:********************"Artículo 51. Traslados involuntarios****************************************El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación.********************En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio.********************En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.****************************************Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario********************La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos:********************I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad;********************II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y********************III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.********************En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley.********************En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.****************************************Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación********************El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:********************I. Desechamiento de la solicitud;******************** II. Modificación o extinción de penas;********************III. Sustitución de la pena;********************IV. Medidas de seguridad;********************V. Reparación del daño;********************VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias;********************VII. Traslados;********************VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y********************IX. Las demás previstas en esta Ley".****************************************En ese contexto, se tiene que el acto reclamado a las responsables, por el quejoso en el presente juicio de amparo, se hace consistir en la orden de traslado involuntario del quejoso del lugar en el actualmente se encuentra detenido, esto es, del Centro de Readaptación Social Tres de esta de Ciudad Juárez Chihuahua a otro Centro de Readaptación Social.********************Luego, de conformidad a lo previsto por los preceptos legales transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se tiente que respecto al acto reclamado a las responsables, procede el recurso de apelación al tratarse de una determinación reclamada a una autoridad judicial, en la cual se confirmó su traslado de un Centro de Reinserción Social a otro.********************Así, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es inconcuso que el acto tildado de inconstitucional por el quejoso, no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el aludido medio de impugnación previsto por los artículos 51, 52 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que contra las determinaciones pronunciadas por la autoridad jurisdiccional relativas a traslados de personas privadas de su libertad con motivo de la ejecución de una pena o estando bajo los efectos de la prisión preventiva, las mismas deben ser combatidas mediante el recurso de apelación.********************Máxime, que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.********************Ahora aun cuando se estimare que el acto reclamado es de los considerados como de imposible reparación, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente, previo a que se agote el principio de definitividad; porque estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento jurisdiccional, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, pues el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad.********************Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que señala lo siguiente:********************"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."****************************************Por tanto, si el quejoso no agotó el recurso de apelación antes citado, en contra de la determinación que reclama a la autoridad judicial, en forma previa a la promoción del presente juicio constitucional, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo.********************Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que las ordenes de traslado no se encuentran en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -toda vez que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.********************Sirve de apoyo la jurisprudencia número: P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2017117, que dispone:********************"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."****************************************Sin que sea obstáculo a la anterior determinación los siguientes criterios de nuestro Más Alto Tribunal:****************************************- Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA".********************-Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA."****************************************-Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.";******************** y, - Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación: "LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO."********************Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de 2011, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial.********************En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambio con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado.********************Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios.********************En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, del rubro y texto siguiente:********************"PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76********************a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad."********************De igual manera, aplica los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2018548, que dispone:********************"OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." ****************************************En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad.********************Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente.********************La anterior determinación es acorde a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de queja 36/2020 derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, en la que estudió si era correcto un auto a través del cual se desechó de plano el juicio de amparo promovido contra una orden verbal de traslado atribuido a autoridades penitenciarias, porque no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************La corte estimó que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, por lo que sólo debe ocuparse de resoluciones que no admitan medios de defensa que puedan modificarlas, aunque existen excepciones, precisó que la Ley Nacional de Ejecución Penal regula los traslados y prevé diferentes supuestos: voluntarios, involuntarios y urgentes, éstos últimos son los que se pueden ordenar por las autoridades penitenciarias y en contra de éstos procede el recurso de apelación y la controversia judicial; por ende, sí existía un recurso judicial procedente contra el acto reclamado.********************En consecuencia, al no haberse interpuesto el recurso de apelación, contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causa de improcedencia en estudio y ante ello, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente.********************Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. ********************Ciertamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. ********************Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor: ********************"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." ********************Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia.********************Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.********************Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe
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