Joel Benito Juárez Barrios

Expediente 1321/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1321/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Joel Benito Juárez Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1321/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Joel Benito Juárez Barrios, interpusiera recurso de queja contra la determinación de siete de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3.2 Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.3 Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 4. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 4.1. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1321/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el seis de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, promovida el quejoso Joel Benito Juárez Barrios, por propio derecho, contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1321/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3º. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - -- - . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que, efectivamente, el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". Establecido lo anterior, se precisa que el quejoso Joel Benito Juárez Barrios señala como autoridad responsable en la demanda de amparo al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, del que reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado en la oficialía de partes de la autoridad responsable, el dos de diciembre actual; petición que fundó en el artículo 8° constitucional y 13 de la Constitución del Estado de Oaxaca. Y en su concepto de violación alega una supuesta violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se aprecia del precepto constitucional transcrito, para el cumplimiento cabal del derecho de petición es necesario que tanto el gobernado, al formular su petición, como la autoridad, al emitir su respuesta, cumplan con ciertas formalidades, entre las que se encuentra la obligación de la autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita, de dar respuesta congruente al peticionario, por escrito y en breve término, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera o prevea legalmente para estudiar la petición y acordarla. Bajo esa condición, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario. Como se ve, en dicha porción normativa el legislador local estableció una obligación a la autoridad a quien se dirija una petición para que la conteste por escrito en un plazo de diez días. De tal manera que si el quejoso presentó ante la autoridad señalada como responsable un escrito de petición el dos de diciembre de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue depositada el seis de diciembre de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, es inconcuso que a la fecha en que se instó la acción constitucional aún transcurría el plazo de diez días establecido en el artículo 13 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que la responsable diera contestación al promovente. Entonces, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que entre la fecha en que, aduce, la autoridad responsable recibió el ocurso de petición, y la de presentación de la demanda de amparo, ha transcurrido únicamente un día hábil (sin contar el sábado cuatro y domingo cinco de diciembre de este año, por ser inhábiles). Por tanto, se estima que, por ahora, la falta de contestación que reclama no le causa perjuicio alguno, debido a que no se advierte una conducta omisa por parte de la autoridad responsable, en la medida en que se encuentra dentro del lapso que establece la ley para dar respuesta a la petición que se le planteó. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL." Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." Ante ello, al actualizarse de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por el quejoso Joel Benito Juárez Barrios. Es importante destacar que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Así, en el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA"3. 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel García Salinas, por haberse encontrado cédula expedida a su favor en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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