Joel Bautista Pineda

Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
973/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Joel Bautista Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a primero de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió más del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO NO José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 ??A???????????? Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." ??A???????????? caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 973/2022, promovido por Joel Bautista Pineda por su propio derecho, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y otras autoridades, sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Estado procesal. La secretaria hace constar que en autos no obran los informes justificados de las autoridades responsables Directora General, Director de Seguridad y Custodia y Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, pese a estar notificados desde el veinticinco de agosto del año en curso. La Jueza de Distrito acuerda: En virtud de lo anterior, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se realizará el pronunciamiento relativo en la sentencia que se emita a continuación. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO Y ANEXOS 2-4 2 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN 48-49 Y 76 3 NOTIFICACIÓN AL PATROCINADOR JURÍDICO DEL QUEJOSO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DEL CARGO CONFERIDO EN SU FAVOR 56 4 ALEGATOS DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO 81-85 5 INFORMES DE SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS-CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, POR SI Y EN REPRESENTACIÓN, DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE SU ADSCRIPCIÓN, DEL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DEL TITULAR DE LA UNDIAD DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN REPRESENTACIÓN DEL COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 17, 18, 51 Y 69 6 INFORME DEL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS-CHIAPAS", CON SEDE EN VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS 98 A 101 7 INFORME JUSTIFICADO DEL TITULAR DE LA UNDIAD DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN REPRESENTACIÓN DEL COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 91-94 Asimismo, se hace constar el sentido del informe justificado que la autoridad responsable rindió: NO. SENTIDO 1 TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN REPRESENTACIÓN DEL COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que únicamente la Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, ofertó medios probatorios al rendir su informe de suspensión de plano. La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Púbico de la adscripción los formuló. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el pedimento ministerial y por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 973/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto del dos mil veintidós y recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Joel Bautista Pineda por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS, y de otras autoridades, que hizo consistir en la falta de atención médica especializada en traumatología y actos equivalentes a tortura por la falta de atención médica. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; asignándosele el número 973/2022, del libro de gobierno respectivo y por auto de esa misma fecha, se decretó la suspensión de plano, se solicitó defensor de oficio y se previno al justiciable para que aclarara los antecedentes en relación a la tortura manifestada. Luego, derivado de la fe que dio el actuario judicial adscrito del estado físico del promovente, así como de las manifestaciones que el propio justiciable efectuó, concatenado con los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades penitenciarias, se descartó los actos de tortura, pues se evidenció que estos los hacía consistir en que la falta de atención especializada se equiparaba a un tormento, empero en la propia constancia de notificación el fedatario judicial asentó que el quejoso se encontraba en estado óptimo, que se encontraba haciendo ejercicio y que lo que refirió que requería era una cirugía en su talón. En virtud de lo anterior, desestimado el hecho de que fuera sometido a actos de tortura, se admitió a trámite la demanda respecto a la falta de atención médica; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos omisivos de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama de la 1Directora y del 3Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", así como del 4Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: - La falta de atención médica especializada en traumatología. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Debe tenerse por cierto el indicado acto reclamado a las autoridades responsables para los efectos del presente juicio de amparo, no obstante que negaran la existencia del acto reclamado. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por razón de método, procede analizar las causas de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el caso concreto, se surte la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su libelo de amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En efecto, es menester señalar que el artículo antes invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En suma, el análisis exhaustivo de la demanda evidencia que la parte quejosa reclama la falta de atención médica especializada en traumatología derivada de una lesión que padece en el talón y que en su momento fue valorado como consecuencia de la controversia 110/2021 del Juzgado de Ejecución en la que concedió el término de diez días para que las autoridades penitenciarias realizaran las gestiones conducentes a fin de que se realizara el examen respectivo. Ahora bien, los dispositivos 124 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Artículo 129. Ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De la lectura íntegra de dichas disposiciones se advierten dos etapas relacionadas con el cumplimiento a las determinaciones emitidas por la autoridad jurisdiccional en materia de controversias en ejecución. En un primer momento, esto es, al admitir la controversia la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes, para lo cual requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva (art. 124). En un segundo momento, dicha normatividad estatuye que en ejecución de la resolución definitiva emitida en la controversia, ésta se ejecutará una vez que quede firme; que transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Asimismo, prevé que cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Inclusive, el dispositivo 129 transcrito indica que cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. De igual forma, se establece que si la autoridad informa que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Que cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Y finalmente, se establece que cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Ahora bien, las medidas de apremio que autoriza dicha legislación se encuentran previstas en los dispositivos 25 fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, las cuales refieren: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: .IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;. Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: .II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. En vista de las invocadas disposiciones, este juzgado estima que tratándose de escenarios como el descrito, corresponde al juez de ejecución hacer cumplir sus determinaciones emitidas en las controversias constitucionales, ya sea en su trámite o en el cumplimiento de la resolución que las resuelva, ya que cuenta con medios de apremio conducentes y directos para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria correspondiente. Empero, queda a cargo del procesado o reo promovente de dichas controversias, solicitar el requerimiento de su cumplimiento y la aplicación de los medios de apremio aludidos, pues así se advierte del artículo 124 y 129 párrafo segundo, transcritos, que facultan al accionante de la controversia a peticionar al juez de ejecución la aplicación de la medida coercitiva, lo que en el caso no demostró, pues únicamente refirió que promovió controversia en contra de la falta de atención médica de las autoridades penitenciarias ante el juez de ejecución y que la misma fue radicada con el número 110/2021, de la cual desconocía su estado actual. De modo que, el quejoso cuenta con la facultad de pedir a la autoridad jurisdiccional responsable la aplicación de los medios de apremio para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria al no dar cumplimiento a sus determinaciones; luego, el acto así reclamado no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados por el impulso procesal que corresponde a las partes, en el caso, al promovente del amparo. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues está supeditado a que el quejoso solicite la ejecución forzosa de la resolución del juez en dicha controversia, lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos. Por su alcance interpretativo, es aplicable la tesis XVII.2o.12 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro digital: 2022076, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 935, que dice: MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que éste no es arbitrario y evitar indefensión-. Por su parte, el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista los medios de apremio que puede emplear el órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar algún procedimiento para su aplicación, incluso, los artículos 57, párrafo último y 59, permiten que puedan aplicarse de manera indistinta. Del proceso legislativo que dio origen a ese código no se advierte alguna consideración sobre las medidas de apremio. Así, una interpretación literal del artículo 104, fracción II, conduciría a concluir que sólo se exige el apercibimiento para imponer arresto, en términos de su párrafo penúltimo. Sin embargo, la interpretación conforme de dicha norma, a la luz de los artículos constitucionales citados, permite concluir que, por regla general, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Este resultado hermenéutico protege de manera más amplia los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en términos del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal y, además, guarda congruencia con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 46/99-PS y 125/2007-PS, de las que derivaron, respectivamente, las jurisprudencias 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." y 1a./J. 60/2008, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO.". Además, estimar que el apercibimiento no es un requisito que deba mediar antes de imponer una medida de apremio, implicaría equipararlas a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible si se considera que participan de una naturaleza distinta, pues éstas son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en tanto que las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente e imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que sólo se corrige con el apercibimiento previo. Lo anterior es acorde con el razonamiento que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 431/2013, de la que surgió la jurisprudencia 1a./J. 35/2014 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joel Bautista Pineda, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese, y personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy Fe. RPCR/YGOL/CCG Vázquez .,

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Secretario Encargado del Despacho no está autorizado para resolver en definitiva los asuntos pendientes de resolución, en términos del segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Ante esa circunstancia, se difiere la audiencia de ley, y se fijan las once horas con treinta minutos del siete de noviembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que ya se encuentran emplazadas al juicio y este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 ??A???????????? las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de octubre de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días dentro de los cuales debe darse vista a la parte quejosa con el informe justificado agregado en proveído de tres de octubre del año en curso. DIFERIMIENTO YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 En virtud de lo anterior, resulta menester diferir la audiencia de ley, por lo que se fija las once horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Aplica al caso la jurisprudencia1 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que ya se encuentran emplazadas al juicio y este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarles por medio de lista. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese.

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