Joel Barron Granados
Expediente 1940/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1940/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Joel Barron Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: " Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos Cuarto y Séptimo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto y por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa. " NOTIFÍQUESE
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, por conducto de su representante legal, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto y por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; sin que hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver de oficio, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, conviene destacar que por auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz, en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en la que resolvió: (.) R E S U E L V E: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 2451/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, respecto de la regla 1.2.8.7., y el artículo Décimo Tercero Transitorio, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, por los motivos expuestos en el considerando noveno de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa **********, respecto de los artículos 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, numerales 42, fracción IX, y 53-B (hecha excepción de la fracción IV, párrafo segundo) del Código Fiscal de la Federación; atribuidos correlativamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. QUINTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa *********, respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, atribuidos correlativamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. El amparo se concede para los efectos destacados en el penúltimo considerando de esta ejecutoria." (.)" Asimismo, conviene recalcar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, son los siguientes: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (..) En ese orden de ideas, este juzgador considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos (..) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que a autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (..) TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. (.)" Por lo que, en auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que realizara lo siguiente: "En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, obligada a acatar la ejecutoria de amparo, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la ejecutoria de amparo y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Haciendo de su conocimiento que el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa **********, es el siguiente: **********; respectivamente a fin de que puedan dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. (.)" ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 900-09-05-2022-1186, remitido por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, recibido en este órgano jurisdiccional en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, informó respecto de la quejosa Make Pro, sociedad anónima de capital variable, lo siguiente: "(.) En ese sentido, al advertirse que la quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de la contribuyente quejosa, se concluye que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el informe de cumplimiento rendido por el Jefe de Unidad de Asuntos Contenciosos del Centro Nacional de Control de Energía, en representación de las autoridades responsables Subdirector de Administración y Gerencia de Control Regional Noreste, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado y como el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, el suscrito procede a resolver lo conducente con base en las constancias que obran agregadas en autos y lo informado por las autoridades responsables, para determinar si está cumplida o no la sentencia dictada en este juicio de garantías. Al respecto, conviene señalar que en la sentencia, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Subdirector de Administración y Gerente de Control Regional Norte, ambos del CENACE, realizaran lo siguiente: "Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, en relación con su Anexo 2 -vigente al momento de la prestación de la demanda y por el tiempo que duró su vigencia, esto es, hasta junio de dos mil diecinueve e que se publicó el nuevo Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida." Ahora bien, con la finalidad de determinar, si se ha dado o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a las que el suscrito juzgador otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, al tratarse de actuaciones de la autoridad en ejercicio de sus funciones. En cumplimiento a la sentencia, el siete de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido en representación de las autoridades responsables Subdirector de Administración y Gerencia de Control Regional Noreste del Centro Nacional de Control de Energía, anexo al cual acompañó copia del oficio CENACE/DAF-SA/158/2022, así como copia del cheque número: 0029896 a nombre de Barron Granados Joel Documental que se hizo del conocimiento de la parte quejosa, mediante la vista personal ordenada en el referido proveído de siete de junio del año en curso. Del análisis de las documentales precisadas, se advierte que las autoridades responsables Subdirector de Administración y Gerencia de Control Regional Noreste del Centro Nacional de Control de Energía realizaron lo siguiente: Mediante cheque, recibido por la parte quejosa, le reintegró las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole el subsidio del impuesto sobre la renta generado por la aportación patronal al seguro de separación individualizada a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió esa aplicación. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, ya que demostró, con las constancias que remitió, tal circunstancia en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos. Con lo anterior, se estima que se encuentran colmados los efectos establecidos en el fallo protector, por lo que debe concluirse que LA SENTENCIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA, SIN EXCESO O DEFECTO ALGUNO. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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