Joel Arturo Hernandez Palomo
Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Joel Arturo Hernandez Palomo
Actuaciones
- Principal
M-II. Vista la certificación y cuenta que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de dos de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. De ese modo, si el amparo es improcedente contra la citación emitida por el juez de la causa en una audiencia inicial, más aún lo es contra el citatorio del Ministerio Público con el que se pretende determinar si es procedente o no la investigación; por tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la demanda de amparo, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo. Debido a que en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa, se le apercibe para dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos en comento, ya que en caso de no hacerlo, seguirán la misma suerte que el expediente.
- Principal
M-II. Vista la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa uno de trámite de la Unidad de Investigaciones D-2 de Neza-Palacio, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 133 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 732/2020-II, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Del estudio integral de la demanda se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio impugnado es un acto dictado fuera de juicio, que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad ministerial a atender la diligencia de soluciones alternativas; en todo caso, el perjuicio se materializaría hasta que se analice la procedencia de librar orden de comparecencia en su contra, de ahí que se considere que no es un acto de imposible reparación. Al respecto, dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» Artículo 107. El amparo indirecto procede:] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, es preciso establecer que si bien el juicio de amparo procede contra actos dictados fuera de juicio, ello no quiere decir que proceda contra cualquier tipo de acto dictado fuera de juicio, sino aquellos que tengan la característica de ser de imposible reparación. Así, por actos de imposible reparación debemos entender aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se puedan reparar en el curso de la instancia de la que derivan, esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas pueden ser reparadas con la determinación final que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las consecuencias producidas por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un decreto favorable. En ese sentido, se considera que el citatorio reclamado no afecta de manera directa y actual a la libertad del quejoso, pues constituye una actuación para la integración de la indagatoria de la que emana y, por ende, no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional de investigación, contenido en el artículo 21, que dice: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Así, al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables, de ahí deviene que la sola citación del agraviado ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio, pues aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación. Máxime que dicho perjuicio se materializaría, en su caso, hasta que se ejerza acción penal, esto es, cuando una vez valorado el material probatorio de la carpeta de investigación de mérito, la representación social responsable concluya procedente la judicialización de la carpeta de investigación y, que como consecuencia de ello, la autoridad judicial que conozca de la solicitud de la audiencia inicial determine, si resulta adecuado emitir alguna medida cautelar restrictiva de libertad en contra del quejoso.Pero, es hasta dicho momento que no sobra decir que es de realización incierta pues ello depende de la conducta que adopte el quejoso en la etapa de investigación, que la autoridad competente analizará la pertinencia o no de ello. Máxime que con la citación que ahora se impugna, lo que se pretende es que al citado le sea respetada su garantía de audiencia dentro de la investigación que se realiza e incluso, como se dijo, llegar a medios alternativos de solución de conflictos y no efectuar toda la investigación que implica para el caso de no solucionarse dicho conflicto en sede ministerial. En consecuencia, es evidente que en este momento, no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, pues estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad. Es ilustrativa por mayoría de razón, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 239, que reza: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De ese modo, si el amparo es improcedente contra la citación emitida por el juez de la causa en una audiencia inicial, más aún lo es contra el citatorio del Ministerio Público con el que se pretende determinar si es procedente o no la investigación; por tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la demanda de amparo promovida por Joel Arturo Hernández Palomo. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Pedro Méndez Vázquez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona, la cual una vez que acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo.
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